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20:40 | 28 FEB 2007
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Ordenan reglamentar una ley que protege al teatro, es de 1959

Capital Federal - La Justicia Federal ordenó al gobierno "cesar en la omisión de reglamentar la Ley de Teatro" y dio un plazo de 10 días para cumplir con la medida. El fallo hace lugar a un recurso de amparo presentado por Poder Ciudadano.

La Justicia Federal ordenó al Gobierno Nacional cesar en la omisión de reglamentar la ley 14.800, también conocida como Ley de Teatro que declara de interés nacional la actividad teatral en todas su formas. 
De esta manera, el fallo hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Fundación Poder Ciudadano, por la omisión en el cumplimiento de reglamentar la ley, que data de 1959. La medida interpuesta por la ONG fue presentada en el caso del Teatro Odeón por considerar que "lesiona concretamente los derechos al ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el derecho a la prosperidad y bienestar de la sociedad, y al acceso a los beneficios de la cultura en cuanto a la participación, el desarrollo o en la difusión de la misma".
Al mismo tiempo, la ONG solicitaba que "si el Poder Ejecutivo no reglamentaba la Ley del Teatro en el término de 10 días de dictada la medida, el juez asuma esta función reglamentaria", sin embargo a esa parte de la demanda, la Justicia no hizo lugar.
"Pese a que la Corte Suprema en la causa Ekmedkjián c/ Sofovich asumió la competencia reglamentaria para evitar la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de los Pactos Internacionales, lamentablemente todavía hay jueces que se niegan a asumir dicha competencia para un caso concreto. Este es el fundamento por el que apelamos la sentencia en la parte que se deniega el pedido de reglamentación subsidiaria" explicó Varina Suleiman, a cargo de la Comisión del Práctico Profesional de la U.B.A, patrocinante en la causa.

El caso Odeón

El teatro Odeón estaba ubicado en la esquina de Corrientes y Esmeralda, y ahora funciona una playa de estacionamiento.
En 1959, la ley 14.800 declaró de interés nacional la actividad teatral en todas sus formas y ramas, y estableció que "en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendría la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida".
"La declaración de inconstitucionalidad por omisión se revela como una vía de satisfacción cuando el Estado deja de reglamentar e impide el goce de los derechos. Por eso es importante que los ciudadanos acudan a la Justicia para el restablecimiento de los derechos que la omisión vulnera" aseveró Suleiman.
El Teatro Odeón fue declarado en 1985 edificio protegido "por su interés cultural y arquitectónico". Sin embargo, a principios de la década del 90 durante la gestión de Carlos Grosso al frente de la Ciudad de Buenos Aires, se dejó sin efecto esa protección y se autorizó la demolición del teatro.
Más adelante, en 1997, por una resolución del Ministerio de Economía, a cargo de Roque Fernández, se interpretó que "la protección era una restricción al dominio" y por lo tanto, lo establecido por la ley 14.800 quedaba sin efecto por la ley de Reforma del Estado.
Frente a esta situación el ciudadano Beltrán Gambier presentó un amparo contra el Estado pidiendo la nulidad de esa resolución y la acción tuvo sentencia favorable firme en 1998. Sin embargo dado que la ley no está reglamentada, no existía plazo para exigir a los propietarios el cumplimiento de su obligación, es decir, volver a construir un teatro en ese predio.
Por esta razón, el mismo Beltrán Gambier pidió formalmente en 1998 a la Secretaría de Cultura de la Nación, que se fijara un plazo para hacer efectiva la orden judicial.
A pesar de que en el año 2003, el decreto presidencial 1180/03 derogó la resolución ministerial declarándola nula, la ley 14.800 hasta el momento no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que dificulta su real cumplimiento.

 

 

 

 

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