"La inscripción de los títulos de propiedad de los inmuebles muestra un notable incremento en todas las oficinas dedicadas a esa actividad", dijo al periódico Aniukska Puente Fontanella, de la Dirección de los Registro de la Propiedad Mercantil.
Según el diario Granma, 56.500 de las propiedades registradas hasta fines del primer trimestre del año pertenecen a particulares y las otras 13.700 a entidades del Estado.
Se trata de "cifras muy superiores a las reseñadas en igual período del año anterior", indicó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, consignó DPA.
La nueva ley de vivienda, que autoriza la libre compraventa de casas tras más de medio siglo, entró en vigencia el pasado 10 de noviembre. Considerada como una de las reformas más importantes del régimen de Raúl Castro, la ley ha puesto en marcha mecanismos burocráticos desconocidos en la isla.
La mayoría de personas tiene sus títulos de propiedad desactualizados tras décadas de restricciones. Los cubanos no podían hasta el año pasado vender libremente sus casas y sólo les estaba permitido un régimen de intercambio conocido en la isla popularmente como "permuta".
La nueva ley permite la compraventa de propiedades, aunque la limita a una por persona. La norma contempla sin embargo también la opción de tener otro inmueble para vacaciones o descanso.
Las autoridades cubanas hacen actualmente hincapié en la necesidad de que la población inscriba sus propiedades inmobiliarias. El Estado ha abierto oficinas especializadas y prepara especialmente al personal administrativo para los nuevos trámites.
Según Granma, Puente Fontanella también habló del desarrollo de programas informáticos especializados para el registro electrónico de las propiedades.
La ley de la vivienda es parte de los nuevos "lineamientos" con los que el gobierno de Raúl Castro busca "actualizar" el modelo económico de la isla con elementos de mercado.
Las reformas de apertura económica de los últimos años incluyen la libre compraventa de autos y la autorización de la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.
