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10:54 | 10 SEP 2013
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García Méndez sobre la baja de imputabilidad en menores: "La Argentina tiene un decreto desde la dictadura que coloca la imputabilidad en los 16 años de edad"

La Plata - Emilio García Méndez, experto en Derecho Penal Juvenil y Presidente de la Fundación Sur Argentina, habló en Radio La Plata (FM 90.9) sobre los debates por la baja de la edad de imputabilidad y afirmó que “si por bajar la edad de la imputabilidad se habla de tratar a los menores de edad como adultos, esto ya está. La Argentina tiene un decreto de la dictadura que coloca la imputabilidad en los 16 años de edad y no en los 18 como pasa en el resto de los países de América Latina”.

En este sentido explicó que “el problema de la Argentina, además de la vergüenza de tener vigente una ley de la dictadura militar después de 30 años de democracia, es que los menores de 16 años, que son inimputables y no punibles de acuerdo a este decreto de la dictadura, no tienen derecho a un debido proceso pero sí tienen derecho a ser privados de la libertad”.
“Lo que sucede hoy, es que es bastante frecuente tirarle un muerto a un menor de 16 años, que puede ser privado de la libertad pero no se le establecerá un debido proceso” manifestó. “Bienvenido sea esto si es para establecer un régimen de responsabilidad penal juvenil serio, que asegure el debido proceso para los menores de 16 años y que articule la seguridad con justicia”, sostuvo.
“Hay que establecer medidas severas frente a los delitos graves que cometen los menores” afirmó García Méndez pero aclaró que “tienen que estar adecuadas al nivel de desarrollo, y hay que retirar el uso de la privación de libertad”. “Sí debe existir a través de un debido proceso y para los delitos graves. Si no, va a funcionar como funciona hoy para los menores de 16 años, como una especie de política social reforzada para los adolecentes pobres”, afirmó.
Con respecto a lo que debería hacerse dijo que “lo que se trata es de establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil, como el que tienen todos los países de América Latina, el único que no tiene es la Argentina” y remarcó: “La Argentina tiene un decreto de la dictadura militar que tiene la firma de Jorge Rafael Videla y este es el régimen penal de la minoridad que tenemos”.
Vinculado a posibles proyectos para regular la situación informó: “Hay poco que inventar, porque a mi juicio en diciembre de 2009 el Senado aprobó con unanimidad un proyecto que se encuentra entre los mejores, lástima que fue cajoneada en Diputados en 2010. Esta Ley es producto del consenso de cuatro Senadores: Marita Perceval, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales y Rubén Giustiniani”.
El Presidente de la Fundación Sur sostuvo que defendía este proyecto y explicó que en él “se establece la responsabilidad penal entre los 14 y 18 años y se establecen penas diferenciadas notablemente respecto de los adultos”.
“La utilización de la privación de la libertad no queda liberada al árbitro judicial sino que establecen en la ley una serie de delitos graves y solamente hay un cuatro o cinco tipos o penales a los a cuales se le puede imputar la privación de la libertad”.
Asimismo, García Méndez continuó: “El 80 por ciento de los delitos que cometen los menores de edad no son ni el hurto de una manzana ni homicidio, están en el medio, y para esto una ley de responsabilidad penal juvenil privilegia medidas intensas pero alternativas a la privación de la libertad, por ejemplo, a mi juicio la más conveniente sería, la prestación de servicio a la comunidad”.
“En la Argentina, ni siquiera hay cifras, ni siquiera sabemos cuántos menores de edad hay privados de la libertad. La última cifra oficial es del año 2008, imagínese si no supiéramos el volumen de las importaciones hace cinco años. Acá no se sabe y no lo sabe nadie” sentenció García Méndez.
En tanto, subrayó que “este decreto sirve, entre los 16 y 18 años, para la criminalizar la pobreza de algunos y asegurar la impunidad de otros” y agregó: “Peor con los menores de 16, que si están en peligro material o moral, es decir si son pobres, se los priva de la libertad para protegerlo”.
Por último remarcó que “la Ley no es condición suficiente para nada, pero es condición imprescindible para todo. Hay que empezar por el principio, derogar el decreto de la dictadura y establecer una Ley de responsabilidad penal juvenil”.

 

 

 

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