El acto, que se desarrolló en el Salón Sur de Casa de Gobierno, contó la presencia del vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli; el ministro del Interior, Aníbal Fernández; el gobernador de Mendoza, Julio Cobos; los secretarios General de la Presidencia, Oscar Parrilli; de Legal y Técnica, Carlos Zannini y de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entre otros.
La norma, que comenzará a implementarse a partir del 28 de junio próximo, consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones, a cambio de un incentivo (que va desde $ 100 a $ 450, según el tipo de arma) en puestos de recepción fijos y móviles distribuidos en todo el país, donde serán inmediatamente inutilizadas.
“No estamos pagando ni comprando nada, es un incentivo. Obtenemos el arma y ésta es destruida en forma inmediata. Esa arma es inutilizada en forma inmediata, delante del que la trae, de forma tal que no va a poder llevarse nadie esa arma ni salir a ningún lugar”, sostuvo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, durante el acto. Esta entrega voluntaria no conllevará consecuencia legal alguna para las personas que efectivizaren la entrega, quedando amnistiados por la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra previstos en el artículo 189 bis del Código Penal, según se informó.
Fernández subrayó que la ley constituye “un cambio cualitativo profundo” en el tema, que permite colocar a la Argentina como “el primer país de América” con un organismo registrador en manos de civiles.
En ese sentido, destacó que el nuevo Registro Nacional de Armas (RENAR) sufrirá “la reestructuración del sistema de control de la actividad permitida por armas de fuego, modernos mecanismos de persecución del mercado ilegal y la reducción del circulante de armas en manos de la población civil”.
Por último, destacó que “en la Argentina, las armas de fuego son la segunda causa de muerte”. “Se fijan exámenes físicos y psicológicos por profesionales habilitados, se piden medios lícitos de vida, idoneidad en el uso de esas armas; la denuncia obligatoria del lugar de guarda de las armas y la inexistencia de antecedentes penales”, explicó.
El plan, que tendrá una duración de seis meses, forma parte de una política de control y prevención de la violencia armada a través de la regulación del mercado legal y medidas de persecución del mercado ilegal de armas de fuego.
“El Estado argentino, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, ha decidido inmiscuirse en temas que antes se enunciaban, porque eran muy lindos para el discurso, pero después se miraba para el costado”, indicó el ministro. De acuerdo a estimaciones de la Red para el Desarme 1 de cada 10 hogares posee un arma de fuego; y el 65% de las muertes por armas de fuego ocurren en accidentes, suicidios y conflictos interpersonales.
“Buscamos reducir la cantidad de armas en manos civiles, reducir el nivel de accidentes, sensibilizar a la sociedad acerca de los riesgos de la tenencia de armas. Fomentar una cultura de la no violencia, pretendemos la entrega voluntaria y anónima de las armas de fuego”, informó Fernández. “Intimamos en 9 meses a más de 140.000 legítimos usuarios para que renovaran sus condiciones de tales, cumpliendo con la normativa que se exige en este momento a rajatabla.
Pasamos de 4 a 60 inspectores que hicieron más de 2.000 inspecciones desde el momento que nos hicimos cargo”, agregó. Además, comentó que desde que se anunció la creación de este programa, en el RENAR “se presentaron hasta el momento 4.000 personas a entregar armas” pese a que todavía no estaba reglamentada la forma de pagar el incentivo.
Durante el acto, Dante Piccioli, miembro de la Red Argentina para el Desarme y padre de Pablo, quién fue asesinado en el año 2005 en el peaje de la autopista Panamericana, dijo que “esta campaña no debe ser vinculada a ninguna ideología o postura política en particular, puesto que nada mas ni nada menos, procura que vivamos en una sociedad con mayor nivel de paz”.
