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20:02 | 10 JUL 2017
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Trabajadores de PepsiCo rechazaron ante la jueza el pedido de desalojo de la planta de Florida

Capital Federal - Una delegación de trabajadores de la clausurada planta de la empresa alimenticia PepsiCo Snacks, en la localidad bonaerense de Florida, reclamó esta mañana en el juzgado de Garantías de San Isidro "la anulación del pedido de desalojo y represión" formulado el viernes último por un fiscal.

Los trabajadores solicitaron hoy a la jueza de Garantías número 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentaste, que "no apruebe el pedido del fiscal Gastón Larramendi, de desalojar la planta".
Los empleados se movilizaron esta mañana hacia ese centro judicial, en Ituzaingó al 300 de San Isidro, acompañados por organismos de derechos humanos, referentes y delegados de base de varias organizaciones sindicales y polí­ticas de la localidad.
El fiscal Larramendi solicitó el viernes el desalojo de la planta de Florida -que la empresa procura trasladar a la ciudad atlántica de Mar del Plata- y, según los trabajadores y la comisión gremial interna, esa demanda fue impulsada por "la patronal, que está en situación de abierta ilegalidad, ya que fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación total", puntualizaron.
"La empresa, que dejó a 600 operarios en la calle, ya habí­a denunciado a los trabajadores por su permanencia pací­fica y, al final, solicitó a la fiscalía el desalojo violento. Fue un pedido temerario. Larramendi en principio se expidió a favor y, ahora, falta conocer cuál será la resolución de Rodríguez", señalaron.
Mañana habrá otra movilización de los operarios hacia los tribunales de San Isidro, a partir de las 9, en tanto los abogados del personal explicaron hoy "la ilegalidad de la empresa, que incurrió en el delito de lock out ofensivo al clausurar la planta de forma previa a la apertura del procedimiento de crisis".
"Esa denuncia fue radicada en los juzgados federales de esa localidad. Los trabajadores solicitaron la incompetencia de la magistrada, quien no debería tener en sus manos el caso. Lo más alevoso fue que la patronal reclamó el desalojo a partir del supuesto peligro de contaminación en la planta. Es decir, adujo su propia infracción a la ley para justificar la fuerza", expresaron.
Los delegados subrayaron que la actitud del fiscal se produjo en momentos en que fue "clausurado" el "expediente fraudulento" del procedimiento preventivo de crisis para redoblar "la presión a los trabajadores y lograr que acepten acuerdos de retiro voluntario".
"A quienes no firmen esos acuerdos se los despedirá de forma directa. Los trabajadores no abandonarán la lucha por amenazas represivas, porque solo reclaman sus puestos de labor. Por lo mismo, permanecerán alertas y movilizados para impedir una resolución violenta y represiva de una pelea por el derecho elemental a alimentar a sus familias con trabajo", indicaron.
La magistrada de Garantías aseguró el viernes que "actuará conforme a derecho" y que adoptaría una decisión en 72 horas.
Uno de los delegados afirmó que "la justicia se alinea con la empresa, como el Ministerio de Trabajo, que ya sentó posición al señalar que está todo bien si se pagan las indemnizaciones".
"Lo que determina la ley es ambiguo, porque la patronal presentó elementos según los cuales el cierre fue un lock out ofensivo. En los supermercados ya hay papas fritas importadas de Chile", puntualizó el delegado gremial Javier Hermosilla.
La multinacional productora de bebidas y alimentos cerró en junio último la planta de Florida, partido de Vicente López, y despidió a la totalidad del personal -600 operarios- de producción.
Los empresarios aseguraron que el establecimiento era "inviable" por "razones logí­sticas y operacionales" y que no darán "marcha atrás", a la vez que aclararon que "nunca se consideró reabrirlo como consecuencia de la inviabilidad operativa ya explicada".

 

 

 

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