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15:22 | 16 JUL
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El Estado Nacional paga 6329 pesos por mes en cada detenido del Sistema Penitenciario Federal

Capital Federal -Un relevamiento realizado por la Asociación Civil Unidos por la Justicia* constató que el Estado Nacional destina mensualmente un total de 6.329 pesos en cada detenido del Sistema Penitenciario Federal. Ello configura un costo total por detenido de 112.994 pesos al año. Este costo surge de contabilizar el presupuesto específico del Servicio Penitenciario Federal, sumado al destinado a mantenimiento y obra penitenciaria, y restando los pagos a retirados y pensionados (pasividades).

Si se contabiliza todos los gastos realizados  por el servicio penitenciario federal (incluyendo pagos a retirados), el gasto mensual por detenido es de $ 9.239.
En el presupuesto nacional para el ejercicio 2009 se destinó una partida de 1.043.954.195 de pesos al Servicio Penitenciario Federal. Lo que significó un 0,5% del presupuesto total de la Nación.
Del análisis comparativo entre los sistemas penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires y el Federal surge que el Estado Nacional destina un 105% más de dinero en cada detenido que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El costo por detenido en la Provincia de Buenos Aires en 2009 se estima en 3.400 pesos por mes aproximadamente, mientras que en el año 2008 el costo por detenido mensual fue de  3.086 pesos, con un gasto anual que rondó los  37.031 pesos por detenido, según se expresa del informe reseñado.
Si se considera que el sistema penitenciario bonaerense albergaba en el año 2008 un total aproximado de 26.384 detenidos, con una sobrepoblación real del 30% la desigualdad entre los dos sistemas en la posibilidad de tratar a los internos resulta significativa, se concluyó en el informe.
A nivel internacional, se enuncia que, por ejemplo, el gobierno federal de los Estados Unidos destina un promedio de 8.201 pesos (argentinos) por mes en cada detenido, considerando que la cantidad de reclusos que alberga el sistema federal es de 207.080 y cuentan con un presupuesto de 5.363 millones de dólares al año. Otro ejemplo es el vecino país de Chile que tiene un gasto mensual por detenido promedio de 1.926 pesos (argentinos). Alberga un total de 53.886 detenidos y cuenta con un presupuesto anual de 177.875.806.000 de pesos chilenos.
El Servicio Penitenciario Federal Argentino alberga un total de 9.249 detenidos, los cuales se encuentran distribuidos en 28 cárceles y 10 alcaldías en todo el país. Por otro lado, cuenta con una planta permanente aproximada de 9.829 agentes lo que establece una relación penitenciario–detenido de casi uno a uno, a saber 1,08. Aunque si sólo se toma en cuenta el número de agentes que presta servicios en las unidades carcelarias, la relación baja a 0,78.
A pesar del alto gasto que se destina a la fuerza de seguridad encargada de hacer cumplir con las penas impuestas por la Justicia, según el Director Ejecutivo de Unidos por la Justicia, Martín Gershanik, “el resultado que se obtiene muestra una alta ineficacia en el tratamiento y la recuperación de los detenidos”. “A pesar del mejoramiento del servicio penitenciario federal en los últimos años, aún persisten las violaciones a los derechos humanos, y los niveles de reincidencia delictiva siguen siendo muy altos”, agregó.
En el año 2007 la tasa de reincidencia según datos del Servicio Penitenciario Federal fue del 29,34% en los condenados. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la tasa de reincidencia en el año 2007 fue alrededor del 30%.
Por último, Gershanik expresó que “es momento de repensar, dentro de un esquema integral de reforma de justicia y seguridad, el importante rol que cumple el servicio penitenciario”.
“Hay que generar un sistema que, respetando los estándares de protección de los Derechos Humanos, pueda contribuir en forma eficaz a mejorar el tratamiento y la reinserción exitosa de los detenidos. Este es el único camino por el que se puede contribuir a una sociedad más segura y más justa”, concluyó el Director Ejecutivo de Unidos por la Justicia.

 
 *Unidos por la Justicia es una asociación civil dedicada a la investigación de la problemática en el funcionamiento de la Justicia en todos sus niveles a nivel provincial y nacional con el fin de generar propuestas y soluciones para afianzar el estado de derecho, fortalecer el sistema democrático, elevar los niveles de seguridad física y jurídica, tanto en el país como en la región, proponiendo e impulsando los cambios necesarios para que el sistema judicial sea accesible, ágil, eficiente y confiable.

 



 

 

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