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17:50 | 07 DIC
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Aprueban ley para limitar los desarmaderos en provincia

La Plata - Este lunes, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó de manera unánime un proyecto de Ley que establece nuevas pautas entre las cuales que las titularidades de los desarmaderos se adjudiquen a través de una licitación en forma pública y paguen un canon ha estipularse.

Luego de evaluar la prohibición total del funcionamiento de desarmaderos en el territorio provincial, legisladores del oficialismo presentaron un proyecto donde se establece la radicación de un número razonable de estos establecimientos por regiones, proyecto que ahora deberá considerar el Senado provincial. Además, el mismo, preve que las titularidades se adjudiquen a través de una licitación en forma pública y paguen un canon ha estipularse.
De esta forma el oficialismo dio marcha a la idea de prohibir, lisa y llanamente la posibilidad de la radicación de estos establecimientos, que en alguna oportunidad desde el Ejecutivo habían anticipado como una medida para contener el robo de vehículos, hechos delictivos que se caracterizan por su violencia y su consecuente saldo desfavorables de muertes.
En la normativa aprobada y que fuera presentada por el presidente de la bancada de diputados del PJ/FpV, Raúl Pérez y el explícito acompañamiento del también titular de esa bancada en la Cámara alta provincial, Osvaldo Goicoechea, “el Poder Ejecutivo determinará conforme resulte de un estudio que realizará al efecto, la radicación de un número razonable de estos establecimientos por regiones, donde licitará en forma pública, mediante el pago de un canon, la instalación de desarmaderos y depósitos de vehículos siniestrados, secuestrados y/o abandonados, cuyo funcionamiento se regirá por la presente ley y su reglamentación”.
En la iniciativa, que deberá ser considerada por los Senadores, se consigna que los desarmaderos “deberán radicarse en zonas industriales y/o rurales (conforme ley 11459), cumpliendo también en forma adicional la función de depósito fiscal, para aquellos vehículos secuestrados por Repartición Estatal y/o a requerimiento de Fiscalía de Estado, percibiendo por ese concepto el canon que determine la reglamentación”.
Los postulantes a la concesión de estos lugares deberán implementar, una vez adjudicados, según se establece en la propuesta, “un registro informatizado para las operaciones comerciales y determinación de las existencias”. Este registro deberá “soportar el software aplicativo que la autoridad de contralor le proporcionará y que posibilitará la fiscalización On-Line”.
Además, en la iniciativa se crea “el registro Provincial de desarmaderos de automotores, moto vehículos, embarcaciones y actividades conexas” al mismo tiempo que se consigna como organismo de aplicación al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que con la dependencia que disponga la reglamentación, fiscalizará el funcionamiento de estos establecimientos.
La normativa, incluye como cláusula transitoria que “aquellos establecimientos que al momento de la sanción de la presente ley, estén funcionando con operaciones encuadradas en la misma, dispondrán de un periodo de 180 días corridos para reubicar, vender la mercadería que posean, siempre y cuando puedan justificar su procedencia, a tal efecto deberán confeccionar un inventario de las existencias y entregarlo a la autoridad de contralor en un plazo de 20 días hábiles a partir de la promulgación de la presente Ley” y además se estipula que “los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, deberán modificar sus Ordenanzas, en cuanto tuvieran previsto la habilitación de este tipo de establecimientos, encuadrándolas al texto de la presente Ley”.
El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a 30 días, desde la publicación de la ley, deberá efectuar un relevamiento de todos los desarmaderos existentes y a su vez determinar la regionalización de la Provincia para definir la cantidad de desarmaderos a autorizar.
Esta ley será reglamentada dentro de los de 90 días de su publicación, elaborando el software de aplicación. Creando el Ejecutivo Provincial un cuerpo de analistas que procederán al monitoreo On-line del sistema y efectuará las reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento.
En cuanto al decomiso, en el proyecto se estipula que cumplido el plazo de 90 días, la autoridad de aplicación “dispondrá el decomiso de toda la mercadería que no registra justificación y procederá a su destrucción”.

 

 

 

 



 

 

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