lunes 20 de noviembre de 2017 - Edición Nº606
Impulsobaires. Donde se informan los que te informan » Judicial / Policial » 7 sep 2017

Justicia ordenó a la Uocra liberar accesos de cinco obras que tenían paradas

La Plata - La Justicia platense ordenó ayer a la Uocra liberar los accesos de cinco obras céntricas donde se construye edificios, que vienen siendo escenario de una protesta gremial y permanecen paralizadas desde fines de agosto. Y para garantizar a los trabajadores el libre ingreso a sus puestos de trabajo y el normal desarrollo de los obradores, anoche se libraban disposiciones que contemplaban la presencia policial en estos puntos.


Se trata de los obradores donde se levantan torres en 58 entre 5 y 6; 8 entre 33 y 34; 7 y 39; 47 entre 12 y 13 y 58 entre 10 y 11, publica el diario El Día en su edición de hoy.
La resolución fue dictada por el juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, quien ordenó a la fiscal interviniente en el caso, Ana Medina, el inmediato cumplimiento de la medida que llama a ese gremio a cesar con las obstrucciones a los obradores y las intimidaciones a los trabajadores que se desempeñan allí.
Por eso, el jefe de la Departalmental La Plata, Diego Bravo, estaba a cargo anoche de notificar al secretario general de la Uocra Seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, además de disponer presencia policial en las obras comprometidas durante tres días.

Obras paralizadas

Estas obras se encuentran paralizadas desde fines de agosto, debido a un reclamo gremial en el que la Uocra denuncia a la empresa constructora ABES por la “baja de salarios y malas condiciones laborales” por parte de esta firma. Pero los desarrolladores sostienen que “desde 2013 todo aquel que quiere construir en la Ciudad debe pagar un 50 por ciento extra de costo laboral por encima del convenio colectivo de trabajo”.
Según pudo saber el diario El Día, el magistrado tuvo en cuenta para su fallo la denuncia de la firma local en la que se acusa al gremio con sede en 44 entre 4 y 5 , del envío de distintos grupos de personas para impedir el ingreso y egreso de trabajadores, bajo “amenazas e intimidaciones”, lo que mantiene el desarrollo de la actividad en estos lugares virtualmente paralizada.

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