La Legislatura bonaerense prevé reducir gastos por unos 2.500 millones de pesos

La iniciativa, que fue consensuada entre el vicegobernador, Daniel Salvador, y el titular de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, contaría con el apoyo de todas las bancadas políticas, explicó a Télam una fuente legislativa.
La reducción de los gastos en la Legislatura provincial había sido reclamada días atrás por la propia gobernadora María Eugenia Vidal, que prevé recortar unos 500 millones de pesos en gasto político en el Poder Ejecutivo.
El proyecto, ingresado hoy en la Cámara de Diputados, consigna en sus fundamentos que constituye “un aporte del Poder Legislativo a la construcción colectiva de una provincia equitativa y dinámica”.
“La reducción del déficit público es indispensable para garantizar políticas públicas sostenibles en el tiempo”, sostuvieron, y agregaron que “con esta reducción del tope presupuestario vigente para ambas cámaras, la Legislatura se alinea a los esfuerzos por mejorar la eficiencia de las jurisdicciones nacional y provincial y también de los municipios”.
De esta forma se establece que el presupuesto de las cámaras de Senadores y de Diputados de la provincia de Buenos Aires será de hasta el 1,2 por ciento del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, previsto para el año próximo en unos 630 mil millones de pesos.
La semana pasada, el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, había adelantado que el Ejecutivo pediría a la Legislatura que achique el gasto político.
"Originalmente, se tomaban como referencia para aplicar ese porcentaje sólo los gastos de la administración central, pero luego la suma se engrosó al añadirse las partidas correspondientes a los organismos descentralizados", explicó Salvai.
El gobierno bonaerense piensa además avanzar con otras leyes para eliminar las jubilaciones de privilegio con la que cuentan los legisladores, y modificaciones a la ley de ministerios, para reducir el gasto político.
Según Salvai, hoy existen 277 directores provinciales y se trabaja con dos hipótesis: una de mínima, que recortaría 18 cargos (un 6 por ciento del total); y otra de máxima, que elevaría la poda a 89 (un 32 por ciento).