lunes 11 de diciembre de 2017 - Edición Nº627
Impulsobaires. "Donde se informan los que te informan" » Judicial / Policial » 22 nov 2017

Escándalo

La Fiscalía de la Ciudad solicita el encarcelamiento preventivo del Ceo de Uber Argentina

La justicia porteña denegó la eximición de prisión y solicitó el encarcelamiento preventivo del Director Ejecutivo de la empresa UBER, Mariano Xavier Otero, imputado por el delito de "evasión tributaria agravada", conforme la falta de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes al ejercicio anual del año 2016.


TAGS: UBER
Por:
Télam

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) confirmó que la compañía de transporte de pasajeros UBER Argentina "evadió la suma de $ 1.044.659, 27 pesos en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos", según consignó un comunicado del Ministerio Público Fiscal y agregó que este dato surge del pedido del "fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú, que lleva adelante la causa penal tributaria".
Tras una audiencia oral y pública realizada ayer, la Fiscalía denegó "la eximición de prisión y solicitó el encarcelamiento preventivo del Ceo de UBER" y modificó la carátula de la causa, ya que pasó "a constituir el delito de Evasión Agravada, puesto que intervinieron personas interpuestas para ocultar al verdadero sujeto obligado, y el monto de la evasión supera los 800.000 pesos", precisó el documento.
"Al formar parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas, las penas de este delito trepan de 4 años a 10 años de prisión o reclusión convirtiéndolo en un ilícito no excarcelable", consignó la sentencia.
Lapadú señaló que “se probaron las 44 salidas del país realizada por Otero durante los años 2016 y 2017, los distintos cambios de domicilio de la Empresa Uber Argentina, la falta de pago de más de un millón de pesos en impuesto a los Ingresos Brutos, todas las participaciones del imputado en los contratos firmados por él y Uber, además de ser accionista de la empresa cuyo objeto es el transporte público de pasajeros”.
Asimismo, el fiscal consideró que "se puso en evidencia que: Uber no cumple con el bloqueo dictado por la Justicia de su Pagina Web, ni de la aplicación de telefonía celular, y además pudiendo autolimitarse en la Ciudad no lo hace".
“Se verificó la posibilidad de que (Otero) entorpezca la investigación, al continuar, por ejemplo, borrando de forma remota el contenido de los teléfonos celulares que se secuestran en las decenas de allanamientos realizados y aquellos que se materialicen próximamente”, agregó Lapadú.
Además "desde la web (de la compañía) explican cómo eludir la manda judicial y los bloqueos de las tarjetas de crédito".
La fiscalía junto a la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), lograron establecer "el circuito financiero utilizado por UBER para evadir impuestos en la Ciudad de Buenos Aires", causa radicada en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 21, a cargo de Cristina Beatriz Lara.
Pese a todo lo expuesto, esta magistrada "en un fallo insólito" decidió "otorgar la libertad irrestricta al imputado sin imponerle siquiera la obligación de concurrir a los estrados judiciales cuando se lo cite".
Ante esta decisión, Lapadú anunció que "apelaremos el fallo en todos los términos de esta curiosa decisión. Es realmente inconcebible pensar que el CEO de Uber no tenga posibilidad de eludir el accionar de la justicia ni entorpecer el proceso. Máxime cuando la propia magistrada reconoce la existencia de los riesgos procesales".
Y agregó: "La Jueza tampoco dio tratamiento a las medidas de restricción que en forma alternativa fueron solicitadas por el Fiscal, y en muchos pasajes de su alocución resulta ser profundamente contradictoria. Se aparta groseramente de las pruebas producidas en la audiencia, lo que invalida su sentencia como acto jurisdiccional valido.”
En los próximos días se continuará con el resto de los imputados Fernando Cao, Diego Olivera, Ricardo Mihanovich Murpy y Enrique Gibert, solicitando nuevas audiencias para evaluar los riesgos procesales con respecto a ellos, afirmó el organismo, según cable de la agencia Télam.

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