ATE marcha a Plaza de Mayo y advierte que el ajuste presupuestario "conduce a una catástrofe sanitaria"

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza este miércoles 20 de mayo a las 13:00 desde el Ministerio de Salud, ubicado en Av. 9 de Julio 1925, hacia Plaza de Mayo para exigir que el Gobierno nacional frene el desmantelamiento sistemático del sistema sanitario argentino.
 
“Los recortes presupuestarios del Gobierno nos conducen hacia una catástrofe sanitaria”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, al tiempo en el que indicó que “son millones los argentinos que ven vulnerados su derecho humano a la salud”.
 
“Los servicios que no se están prestando en los hospitales y los programas desmantelados se traducen en el abandono de cientos de miles de familias a lo largo y lo ancho de todo el país”, agregó el dirigente estatal.
 
Para Rodolfo Aguiar, “es evidente que estas medidas las están tomando quienes no necesitan ni van a necesitar nunca del hospital público”. “Son las franjas sociales más vulnerables las que están siendo afectadas porque son ellas las verdaderas usuarias del sistema público de salud”, aseguró.
 
El dirigente indicó que “la falta de medicamentos y de vacunas está inundando de enfermedades a toda la Argentina”.
 
“También nos movilizamos para repudiar la decisión de la Argentina de salir de la Organización Mundial de la Salud. Hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad y de la cooperación internacional”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Los datos que aporta ATE 

Desde que asumió el presidente Javier Milei en 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A esto se suma un recorte adicional de más de 63 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026, mientras los hospitales públicos operan hoy con una ocupación cercana al 90%.
 
El ajuste se traduce en consecuencias concretas sobre la salud de la población: más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica, el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas, y el presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los $500.000 millones a prestadores, dejando a jubiladas y jubilados sin turnos ni atención.
 
La movilización también denuncia el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales, como la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) de salud reproductiva adolescente, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación —que ya derivó en un brote de sarampión y un aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis—, la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de los hospitales nacionales.
 
Los números muestran el impacto de estas decisiones: la tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en dos décadas, de 8,0 a 8,5, y la mortalidad materna creció un 37%, alcanzando su valor más alto desde 2010 por fuera de la pandemia