22/05/2026 - Edición Nº3711

Municipios

Polémica

El Tribunal de Cuentas sancionó a Juan De Jesús por usar solo el 13% del Fondo Educativo en escuelas

08:10 | El organismo provincial confirmó el incumplimiento del municipio de La Costa en la ejecución del Fondo Educativo 2024 y apuntó contra la gestión de Juan De Jesús.


por Redacción


La crisis edilicia de las escuelas del Partido de La Costa sumó ahora una confirmación institucional de peso: el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sancionó a la Municipalidad conducida por Juan de Jesús por incumplir la Ley del Fondo Educativo durante el ejercicio 2024. El organismo determinó que la comuna destinó apenas el 13,57% de los recursos recibidos para infraestructura escolar, muy lejos del piso mínimo del 40% que exige la normativa bonaerense.

Según el dictamen oficial, el municipio recibió $1.168 millones correspondientes al Fondo de Educación, Ciencia y Tecnología enviado por la Provincia de Buenos Aires. De ese total, la Ley N° 15.394 establecía que al menos $467 millones debían invertirse en obras y mejoras de establecimientos educativos. Sin embargo, la gestión municipal ejecutó solo $158 millones para ese fin. El desfasaje no solo encendió alarmas políticas y sindicales: terminó derivando en una observación formal y una sanción del Tribunal de Cuentas contra la administración local.

Escuelas deterioradas y fondos sin ejecutar

La resolución del organismo provincial ratificó además las denuncias que desde hace meses vienen realizando SUTEBA La Costa-General Lavalle y UDOCBA La Costa, que habían advertido sobre una “emergencia edilicia” en 37 de los 52 edificios escolares del distrito. Filtraciones, problemas eléctricos, falta de calefacción y deterioro estructural forman parte de un cuadro que docentes y auxiliares vienen denunciando desde el año pasado.

La situación derivó incluso en movilizaciones frente al Ejecutivo municipal y el Honorable Concejo Deliberante. En una de las últimas presentaciones, delegaciones docentes entregaron un petitorio con más de 687 firmas reclamando explicaciones sobre el destino de los recursos educativos y exigiendo que se garantice la ejecución efectiva de los fondos correspondientes a 2025 y 2026. Aquella denuncia sostenía que durante 2024 apenas se había invertido el 13% del Fondo Educativo. Hoy, ese dato quedó oficialmente confirmado por el Tribunal de Cuentas.

El municipio tampoco respondió a la Provincia

El dictamen agrega otro elemento sensible para la gestión de De Jesús: el Tribunal recordó que la ley contempla una alternativa excepcional para aquellos municipios que no alcanzan el mínimo obligatorio de inversión en infraestructura escolar. En esos casos, las comunas deben coordinar con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense la reasignación de los fondos a otros destinos vinculados a la función educativa.

Sin embargo, según dejó asentado el organismo de control, la Municipalidad de La Costa tampoco cumpliría con ese procedimiento. “Las autoridades municipales no ofrecieron respuesta”, señala el texto oficial sobre los requerimientos realizados para justificar el destino de los recursos. Esa omisión fue determinante para sostener la observación y avanzar con la sanción administrativa prevista en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

El foco puesto sobre la responsabilidad política

El fallo identifica directamente al intendente Juan De Jesús como responsable del incumplimiento “en su carácter de administrador general del municipio”. Además, el Tribunal resolvió remitir el caso a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para que tome intervención sobre la situación.

El dictamen también subraya un punto clave: el Partido de La Costa no posee establecimientos de educación formal obligatoria reconocidos por la Provincia bajo gestión municipal. Es decir, el destino prioritario e ineludible de esos fondos debía ser la infraestructura escolar provincial presente en el distrito. En ese contexto, la discusión ya no gira solamente sobre una cuestión administrativa o contable: la sanción abre un fuerte interrogante político sobre el manejo de recursos educativos en un distrito donde más de dos tercios de las escuelas presentan problemas edilicios denunciados por la comunidad educativa.