por Redacción
A través de un documento conjunto titulado "Carta abierta a nuestros legisladores por la llamada 'Ley de inviolabilidad de la propiedad privada'", la Iglesia católica y diversas organizaciones sociales fijaron una postura de fuerte rechazo frente al proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. La declaración fue firmada por Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (ENDEPA). En el texto, las entidades manifiestan que la propuesta legislativa "atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".
El núcleo del reclamo radica en que el proyecto oficialista deja sin efecto las regulaciones y limitaciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas físicas o empresas extranjeras. Según advierten los firmantes, la iniciativa abre la posibilidad ilimitada de acceder a territorios estratégicos ligados de manera directa a reservas de agua y otros bienes naturales indispensables. Asimismo, calificaron como "alarmantes" los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras que hayan sido castigadas por incendios, una práctica que hasta el momento se encontraba restringida por el marco legal vigente.
Para las organizaciones, la normativa propuesta debilita la potestad del Estado en todos sus niveles para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y resguardar el interés de la comunidad. El documento subraya la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables frente a los intereses privados, tanto locales como extranjeros, recordando que "la tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico". En ese sentido, hicieron hincapié en el impacto negativo que tendría sobre las comunidades rurales, campesinas e indígenas, para quienes el territorio representa su identidad, cultura y modos de habitar transmitidos de generación en generación.
Finalmente, las entidades introdujeron en el debate la problemática habitacional que afecta a la Argentina, señalando la gran cantidad de familias que no poseen vivienda propia y se ven obligadas a alquilar. Ante este escenario, instaron a los legisladores a favorecer el acceso a la vivienda mediante un marco jurídico razonable y justo tanto para propietarios como para inquilinos. Al cierre de la carta, Cáritas, Pastoral Social y ENDEPA pidieron a quienes intervengan en la discusión parlamentaria que guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, priorizando la política como expresión de caridad por encima de los intereses particulares.