Acuerdan avanzar con un proyecto para transparentar los aportes privados en las campañas electorales

 El expediente reúne un conjunto de iniciativas presentadas por senadores de Cambiemos y del justicialismo y fue pasado a la firma de los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales.
La iniciativa había sido debatida esta tarde en un plenario de comisiones, pero no había reunido las firmas necesarias.
Sin embargo, fuentes tanto de Cambiemos como del peronismo aseguraron que el proyecto tiene el apoyo de ambas bancadas y recibirá dictamen en los próximos días para ser debatido en sesión después de la discusión del Presupuesto 2019.
El proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos establece que las agrupaciones no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al cinco por ciento de los gastos permitidos para cada campaña electoral.
El blanqueo del aporte privado se suma al giro de recursos que, en cada elección, remite el Poder Ejecutivo para los partidos.
Quedan afuera de la ley las contribuciones anónimas, las hechas por entidades nacionales, provinciales o municipales, los contratistas de obra pública, las firmas de juegos de azar, las personas o empresas extranjeras que no tengan residencia en el país ni las hechas por asociaciones sindicales, patronales o profesionales.
Además, el aporte en dinero deberá ser efectuado únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito o plataformas digitales, siempre que se pueda identificar al donante.
Los partidos políticos, una vez finalizado cada ejercicio contable anual, deberán presentarse ante la justicia electoral para mostrar su balance general, así como la lista completa de los aportantes.
Ante el incumplimiento de la ley, las agrupaciones serán sancionadas con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de entre uno y cuatro años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una o dos elecciones.
Aunque el proyecto fue respaldado en el Senado para transparentar aportes de campaña, contiene algunos artículos en los que se regula el trabajo de las encuestadoras de opinión.
En principio, se mantiene la disposición de la ley original de que las consultoras que no estén inscriptas en el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión que creará la Cámara Nacional Electoral no podrán difundir por ningún medio sus trabajos durante la campaña.
Sin embargo, aunque se prohíbe la difusión de sondeos de opinión desde ocho días antes de cada elección, tampoco se pueden difundir encuestas hasta tres horas después del cierre de los comicios.
Los medios de comunicación que incumplan esa disposición podrán ser sancionados con multas de entre el 0,1 por ciento y el diez por ciento de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.
Asimismo, se reduce del diez al cinco por ciento, el tiempo total de programación para fines electorales que deben ceder los servicios de comunicación audiovisual.