De golpe "progres": Comandancia de los "Lilitos" retaron a Castello por pedirle a piqueteros que no comentan delitos

Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes. pic.twitter.com/sEkiAOJz1M

— Guillermo Castello (@guillercastello) 13 de febrero de 2019

"En la Coalición Cívica no proponemos ni avalamos políticas que generen violencia y estigmatización. Nuestros principios y convicciones están ligadas al humanismo, la igualdad, la paz social y la construcción de ciudadanía", dijo Ferraron en su cuenta de Twitter en un momento de progresismo.
"Confiamos en el trabajo cotidiano y diálogo que lleva adelante @CaroStanley y su equipo en políticas sociales y en la resolución de conflictos que pudieran generarse", destaca el diputado, que es uno de los pocos dirigentes en los que confía Elisa Carrió.
"Apelamos a la responsabilidad de la dirigencia política en no promover ideas oportunistas que generan tensiones y desencuentro entre los argentinos", destacaron.
"Creemos en un ordenamiento armonioso del espacio público ya que es el espacio más democrático, donde se producen distintos tipos de encuentros y desencuentros", sostuvo.

La iniciativa de Castello que generó un fuerte reproche de Ferraro

El diputado bonaerense de Cambiemos Guillermo Castello presentó ayer un proyecto de ley para que aquellos que participen de "piquetes" dejen de recibir planes sociales al señalar que "el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente".
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"Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida", propuso en su proyecto Castello.
En la presentación, que se realizó mientras los llamados movimientos sociales salieron a la calle en una jornada nacional de protesta contra el Gobierno, el legislador por Mar del Plata argumentó que "el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente".
El diputado de la Coalición Cívica contempló también en su iniciativa sanciones para las agrupaciones que realicen piquetes al señalar que "las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados, serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica".
El proyecto admitió el supuesto de que se revierta la suspensión "si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas".
"El Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes; pero cortar calles y rutas, por más que se haya naturalizado durante el kirchnerismo bajo la consigna de que no debe criminalizarse la protesta social, es un delito", lanzó Castelló quien remarcó que "los argentinos somos rehenes de los piqueteros. Se han adueñado del espacio público".
Asimismo, consideró que "lamentablemente, en los últimos años muchas de las organizaciones sociales se han politizado al extremo y se han transformado en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática, acudiendo casi siempre al corte total o parcial de calles, avenidas y rutas en todo el país".
En ese sentido, un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político, detectó que en 2018 la cantidad de "piquetes" fue de 5857 en todo el país, a un promedio de 16 por día, uno cada hora y media.
Ese estudio, estableció que la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con 1.269 piquetes en el último año, uno cada siete horas.