
por Redacción
"De acuerdo al derecho internacional, el Estado debe garantizar: que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y de manera excepcional; que se garanticen las normas de proporcionalidad y necesidad en relación con la amenaza; que se respeten las garantías constitucionales y de derechos humanos para la protección de la vida de las personas", destacan.
Asimismo, -agregan-, el Estado debe asegurar que ante un supuesto uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía, se investigue en forma rigurosa y se castigue como delito.
"La invocación del uso de armas de electrochoque tipo Taser en contextos como el ocurrido, refuerzan la necesidad de capacitar tanto a funcionarios como a fuerzas de seguridad para que estén en condiciones de evaluar situaciones que justifiquen una intervención, como así también valorar las amenazas existentes y en función de ello, dirimir las respuestas para garantizar que el uso de la fuerza sea siempre el último recurso y se implemente en proporción directa a dicha amenaza", dijeron.
"Amnistía Internacional ha advertido que este tipo de armas eléctricas solo deberían utilizarse en situaciones extremas y limitadas -cuando exista un peligro inminente de muerte o de lesiones graves- como sustituto de las armas letales y únicamente por personal de las fuerzas de seguridad capacitado", concluyen.