La Corte Suprema interviene en la demanda de 7.000 fueguinos contra ocho automotrices

Los demandantes sostienen que los fabricantes de autos se apropiaron de los beneficios impositivos establecidos en la ley de promoción económica y fiscal vigente en la provincia, y comercializaron los vehículos a precios similares al resto del país, donde no rige la quita de impuestos.

En ese contexto, afirman que las empresas deberían devolverles una diferencia que oscila "entre el 25 y el 60%" del valor de cada auto, en operaciones realizadas desde 2001 hasta la actualidad, precisaron fuentes judiciales.

La causa fue iniciada en 2015 ante el Juzgado Civil 1 de la ciudad de Río Grande, a cargo del juez Horacio Boccardo, y desde entonces, las automotrices realizaron diversas presentaciones para conseguir que la causa sea derivada a la Justicia Federal.

Tanto Boccardo primero, como la Cámara de Apelaciones de Río Grande después, rechazaron esa pretensión y ratificaron la competencia de la justicia fueguina.

La Cámara, incluso, denegó un recurso de casación para que el tema fuera tratado por el Superior Tribunal de Justicia fueguino, por lo que el expediente regresó al juzgado de instrucción en 2019, después de un año de tramitaciones.

Sin embargo, a raíz de una presentación efectuada por abogados de la empresa Ford Motors, la Corte Suprema accedió a abocarse al tema y pidió el expediente completo para resolver.

"El juez Boccardo optó por enviar el expediente original, no una copia certificada, y de esta forma el juicio que se iniciara en su juzgado hace más de 4 años, quedó suspendido sin fecha. Las 16.000 fojas que componen las actuaciones ya fueron transportadas a 3.600 kilómetros de distancia, provocando una demora incalculable", señalaron desde el estudio jurídico Rauch y Aciar, que representa a los demandantes.

Según los abogados, la Corte debe resolver si el juicio debe ser tramitado en la justicia fueguina o en el juzgado federal de Río Grande, como lo piden las automotrices demandadas.

"Usualmente, la Corte pide todas las actuaciones cuando está tomada la decisión de sacarle el juicio al juez que entiende en la causa, para asignárselo a otro. Esa decisión podría destruir la esperanza para los miles de consumidores involucrados en su reclamo por la conducta abusiva de las automotrices", afirmaron los letrados en el sitio web donde informan sobre las alternativas de la causa.

Incluso agregaron que "quitarles a los fueguinos sus instituciones de justicia respecto de lo que ocurre en su provincia y hacerlo 4 años y medio después, es lo único que se puede intentar hacer cuando ni la ley ni la razón se halla de su lado, es decir cuando se tiene el juicio perdido".

La acción judicial, llamada de "protección de intereses difusos", fue entablada a fines de 2015 por el estudio jurídico de la ciudad de Ushuaia que llamó a adherir a posibles damnificados por la "maniobra de las automotrices", y obtuvo una respuesta masiva.

Antes de la intervención de la Suprema Corte, el juez Boccardo iba a convocar a las partes a una audiencia oral y pública para consultar si existía interés en llegar a una solución conciliatoria negociada y, en caso negativo, fijar definitivamente el objeto del juicio.