Citan a indagatoria a Iguacel por una resolución que obligaba a los usuarios a compensar a las empresas de gas

Sin embargo, del expediente formado para el dictado de la resolución surge que en su momento, el Ente Regulador de Gas (Enargas) indicó que esa norma no debía reinterpretarse a la luz de la realidad económica argentina de los últimos 20 años, para no afectar a los usuarios, en un dictamen que fue desoído por completo por la secretaría de Energía.

La prueba colectada por la fiscalía que tiene delegada la investigación permitió detectar que en el período investigado “las empresas distribuidoras de gas decidieron comprar el gas a un valor dólar fijado contractualmente y no a la cotización de la fecha de pago prevista”.

Según surge del expediente, esa decisión “generó que se acumularan las mencionadas diferencias diarias pero no en términos de pérdida directa en sus activos, sino bajo un formato de ´deuda con las productoras, que día a día generaba intereses y que conocían que nunca abonarían pues trasladarían en su totalidad al usuario´”.

Iguacel, a través de abogados, ya presentó un primer descargo espontaneo en el expediente, con el objeto de señalar que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios

La fiscalía detectó que, “manteniendo su patrimonio incólume frente a la fluctuación cambiaria que damnificaba a los usuarios, las distribuidoras decidieron invertir sus ingresos -nutridos del pago de tarifas-, en contratos de dólar futuro y de modo concomitante negociar una rebaja en el precio del gas con las productoras”.

La prueba reunida en el expediente permitió acreditar que por ejemplo durante el período estacional comprendido entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2018, en el que se generaron las diferencias diarias acumuladas luego reclamadas, tanto Metrogas SA como otras distribuidoras (Gas Cuyana SA y Gas del Centro), intervinieron activamente en el mercado de compra-venta de dólar futuro.

Durante el 2018, Metrogas S.A. realizó un total de ciento ochenta y siete (187) operaciones en el mercado Rofex (Mercado a Término de Rosario), y sólo durante el periodo estacional en cuestión (1º de abril y el 30 de septiembre de 2018) efectuó sesenta y dos (62) intervenciones, según surge del dictamen fiscal.

Para la fiscalía, los hechos que se le atribuyen a Iguacel podrían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel en perjuicio de la administración pública.

La causa se inició por una denuncia del también fiscal federal Guillermo Marijuan, mientras que Iguacel, a través de abogados, ya presentó un primer descargo espontaneo en el expediente, con el objeto de señalar que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios, como había dicho públicamente.