A no confundirse, no hay presos políticos, lo que hay son políticos presos por corruptos

Viene la cita a propósito de lo que aconteció hace días con la marcha por la libertad de los “presos políticos”, hecho que volvió a traerle un dolor de cabeza al Presidente. Es una realidad que de hecho le reclama decisiones incómodas, justo sobre el cierre de un año marcado por la estela trágica y económica que dejó la pandemia y la escalada de Cristina Kirchner, visiblemente decidida a confrontar con la Justicia para que se le conceda el tan ansiado perdón en las causas que acumula. 

Es la expresión de un problema latente y decisivo que pone en permanente riesgo a la coalición de Gobierno que tiene muchos socios que no piensan como ella. Además, es un tema lejano a las preocupaciones de la gente quien ve en personajes como Amado Boudou, Ricardo Jaime, Milagros Salas y Luis D'Elía, entre otros, las caras de la corrupción del kirchnerismo.

Es una cuestión que debería estar superada porque los jueces ya determinaron las responsabilidades de esos personajes por lo que hicieron cuando estuvieron en lo más alto del poder. Son nada más, ni nada menos que políticos presos, de ninguna manera se los pueden considerar presos políticos.No se los encarceló por cuestiones ideológicas, sino por apropiarse de manera indebida de los recursos del Estado y de todos los argentinos de bien, Confundirlos con presos políticos es una manera de manchar la política.

No se puede dejar de observar que esta protesta no es casualidad. Se da luego de la carta que publicó Cristiana Kirchner, en donde criticó duramente al máximo tribunal de Justicia. “Los persiguen por patriotas”, señaló el eslogan de la convocatoria en un afiche donde figuran también los rostros de la vicepresidenta, Boudou, Sala, Juan Pablo Schiavi, Esteche, Julio de Vido, Ricardo Jaime, Roberto Baratta, Omar “Caballo” Suárez y Juan Pablo “Pata” Medina. 

Entre las organizaciones que participaron de la marcha, se encuentran La Cámpora, y los partidos Miles y Patria para Todos, de Luis D’Elía y Fernando Esteche, respectivamente.

D’Elía se sumó a las críticas hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “O metemos una Corte nueva a como dé, o en febrero Cristina está en cana. Hay que tomar conciencia, más temprano que tarde. Hay que unificar las estrategias, hay que salir de esta mirada tonta, ingenua, de que las cosas por sí solas se van a desbordar”, agregó el dirigente kirchnerista.“O ganan ellos y Cristina es, en febrero, detenida, metida en cana, de manera injusta, arbitraria, o nosotros dejamos a estos cinco jueces y nombramos a seis jueces más y pasamos a ser mayoría”, finalizó.

Algunos miembros de la oposición repudiaron la iniciativa. Tal es el caso del diputado de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, quien advirtió que incluye un mensaje contra los integrantes del máximo tribunal y contra el resto del Poder Judicial. “Quieren manifestarles al Poder Judicial que ellos están ahí, con mucho poder porque ganaron las elecciones, que se cuiden porque se los puede destituir con juicio político y que se cuiden porque si ganan las elecciones van a reformar la Constitución”, apuntó el dirigente.

El mensaje que se pretende transmitir es claro. Cristina no es responsable de las demoras en reformar el Poder Judicial. Igual que ellos, es otra aparente damnificada. El temor es que la confirmación de la condena a la ex vicepresidente en la causa Ciccone continúe una tendencia iniciada con De Vido y Báez. La desestimación de recursos por supuesta arbitrariedad. Cristina tiene más de una decena pendiente de resolución. La mayoría de ellos podría terminar en juicio oral. Eso podría ocurrir, a menos que la creación de un Tribunal Federal Intermedio limite el poder de decisión de la Corte, una de las alternativas consideradas en el informe final de la rotulada comisión Beraldi y el punto donde Cristina y sus opositores dejan de compartir diagnóstico. Un sector del kirchnerismo insiste en que el proyecto de ley sea incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Fernández imagina un dolor de cabeza a esta altura del año, levantando olas innecesarias. Desearía posponerlo hasta el fin del verano. Si para entonces la campaña de vacunación contra el Covid-19 tiene efectos positivos, el Presidente aspira a ganar una cuota de autonomía frente a Cristina.

Hace doce meses, cuando faltaba un puñado de días para asumir, una marcha del kirchnerismo más duro también ponía sobre ascuas a Alberto Fernández. La consigna era “Navidad sin presos políticos”, por la presión que representa esa caracterización de los detenidos y la implícita demanda de una salida también política antes que judicial. 

Un año después se replica la misma foto y la demanda se constituye en un tiro por elevación hacia la Casa Rosada. Los demandantes ponen el foco en la Corte Suprema. Significa una advertencia a los jueces en general y una demanda que sugiere compromiso presidencial incumplido. 

En los pasillos de Balcarce 50 niegan cualquier posibilidad de promover juicios políticos y desde antes, rechazan indultos. Los trascendidos reiterados sobre la visión del Presidente insisten además sobre su concepción inicial: que la Justicia misma reescriba este capítulo.

El discurso K muestra un eje centrado en críticas a los muchos déficits de la Justicia, en línea con la ex presidenta aunque formalmente más cuidadas. Y es repuesto el discurso que acompañó el proyecto de reforma del fuero federal. Reaparecen las consignas de transparencia y agilidad procesal. Difícil montar ese escenario frente a la escalada de la ex presidente, con argumentos extremados que chocan frontalmente con la columna del sistema de equilibrios y contrapesos institucionales, algo que por supuesto no desconoce.

Vale preguntarse entonces: ¿Piensa en una reforma o cree que con la presión sería suficiente para torcer las causas? Cualquier respuesta es inquietante.

Para Alberto Fernández, es un terreno complicado y con costos que se multiplican. En primer lugar, después de la cuarentena con crisis económica y social agravada, resulta difícil arrancar como si se tratara del debut de gestión. La reforma judicial aparecía en su discurso inaugural como parte del mensaje de cambio y transformaciones con marca propia. El avance ahora con la media sanción sobre la legalización del aborto va en esa línea, aunque tal vez sin el impacto imaginable y con algunas pinceladas de oportunismo por parte de voceros propios. Pero el proyecto para la Justicia está definitivamente marcado con el sello CFK.

El tema asoma a contramano de los problemas más angustiantes de la agenda social y genera peligrosos rechazos para el oficialismo en un año electoral. Se ha dicho: la inmensa mayoría de las encuestas cualitativas señalan que las cuestiones más preocupantes son de origen económico (precios, empleo, perspectivas 2021), cuestiones de corrupción e inseguridad.

Es cierto como indican también los sondeos que la imagen de la Justicia como un todo no es la mejor. Una tentación para el discurso, aunque ocurre también con otras instituciones ante preguntas específicas. Pero en el caso de la Justicia parece claro que lo que resulta cuestionado es la inacción y, en definitiva, la impunidad en distintas versiones, especialmente del poder. No parece muy útil para el discurso en cuestión.

La secuencia, frente a cada paso ruidoso o silencioso pero potente de la ex presidente, np ñe hace bien a la institucionaliad. Es repetido el malestar que le provoca a Alberto Fernández. El último ejemplo fue la dura descarga contra la Corte. El propio Presidente prefirió un tono menor pero avaló el fondo de la cuestión. Con la carta anterior, fue parecido. Las críticas a la gestión fueron interpretadas como un respaldo.

En medios oficialistas se admite, de todos modos, que se fue llegando a zonas muy comprometidas. Los contrapuntos: de un lado, el proyecto de reforma judicial alterado en el Senado y el impulso a Daniel Rafecas como jefe de los fiscales; y del otro, la fuerte operación contra la Corte y la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. No sólo se trata de imágenes. Todavía se advierte el oleaje de la ratificada condena a Amado Boudou y del rechazo a la jugada para desarmar la causa de los cuadernos de las coimas. Lamentablemente y de manera obsesiva, de una Navidad a otra, se repite la consigna del kirchnerismo más duro, pero con un añadido significativo: el reclamo de algún tipo de freno a los juicios suma ahora mayor malestar por el primer año transcurrido desde la vuelta al poder. Prometían que iban a volver mejores, pero esta manera asusta.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.