La sombra del modelo cubano de salud sobrevuela por el IOMA y levanta olas

"Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos", había anunciado Cristina en el acto de La Plata sobre el final del 2020, unos dichos que primero sacudieron a las empresas de medicina privada y después a las obras sociales sindicales, que además sumaron la preocupación por el posible regreso de Liliana Korenfeld a la Superintendencia de Servicios de Salud.  

Además, del temor por la posibilidad de que Cristina vuelva a tener el control sobre el reparto de fondos de las obras sociales, en la CGT están en estado de alerta por los alcances del proyecto de reforma del sistema de salud en el que trabajan en la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro bonaerense Daniel Gollán.  

El foco está puesto sobre Homero Giles, el presidente del IOMA (Foto). Se trata de un médico formado en Cuba y militante kirchnerista que trabajó en 2014 y 2015 junto a Daniel Gollán y que participa de las iniciativas de ese espacio para el rediseño del esquema sanitario.Ya el año pasado había circulado con fuerza la versión de que el IOMA estaba detrás de gestiones subterráneas que se movían por La Plata, para comprar sanatorios privados en la ciudad. Además, hace poco también levantó polvareda  en la Asociaciòn Médica Platense, que amenazó con expulsar a médicos que se incorporen a la plantilla de un centro de salud de la entidad, ubicado  en 38 y 6 y que sería una primera avanzada para ir tanteando el terreno.

Se trata del primer policonsultorio en La Plata que atiende con exclusividad y de manera gratuita a afiliadas y afiliados de la obra social. Cuenta con disponibilidad de personal médico de distintas especialidades; agentes sanitarios y profesionales entrenados en la detección de enfermedades prevalentes.

Mientras tanto, los afiliados de IOMA denuncian que están padeciendo demoras en las entregas de medicamentos clave.Por ejemplo, para los diabéticos a la metformina, se la informa en faltante. También se registran atrasos en el pago de los cuidadores domiciliarios.

Aunque ningún borrador de proyecto esté basado en la nacionalización o expropiación de los recursos de la salud, la mera sugerencia de fortalecimiento de un actor estatal con el alegado propósito de organizar el gasto de un modo más eficiente y contrapesar al menos en parte el poderío de la industria farmacéutica eriza por igual la piel a dirigentes de grandes sindicatos y a empresarios de las prepagas. Como repitieron los líderes de la “mesa chica” de la CGT en la reunión que mantuvieron en la sede de UPCN, la mayor inquietud pasa por la pérdida de “gobernanza” de sus obras sociales, el factor más constante de su poderío en el escenario político y económico. Se sabe que CFK tiene una vieja pelea en su afán por domesticar a la dirigencia sindical y manejar la billetera de recursos es la parte más sensible para los caciques.

EL IOMA es una de las obras sociales más poderosas del país y cuenta con un flujo de dinero hiper millonario que todos los meses entra al organismo por el descuento directo en los salarios de la cuota que pagan los empleados estatales.

La entidad bonaerense cuenta con más de dos millones de afiliados con un promedio de edad de 35 años. Sólo la supera el PAMI, con unos 5 millones de asociados que duplican ese rango etario. Ambas tienen como terminal política La Cámpora y como referencia en la alianza gobernante a Cristina de Kirchner. Los otros actores del sistema de salud son las obras sociales, que suman más de 15 millones de afiliados divididos en 300 firmas ligadas a sindicatos nacionales, y las prepagas (unas 700 en total), que se atribuyen 6 millones de suscriptores de los cuales sólo un millón paga la totalidad de la cuota por su cuenta y el resto lo hace a través del descuento de sus aportes en conjunto con su empleador.  

El supuesto “modelo cubano” que la conducción de la CGT menciona de manera recurrente como ideario de Giles en el IOMA se basa en un rol más activo en la gestión de acuerdos con los efectores de salud y, hasta ahora, en la apertura de una única clínica propia en lo que va de la gestión. El propio directivo suele contar que la clave de su presidencia hasta ahora fue la generación de contratos de exclusividad con los prestadores de modo tal de garantizarles rentabilidad a los privados a cambio de un mayor margen por parte de la obra social bonaerense para orientar los recursos.

Como aparente árbitro de esta movida se mantiene el ministro de Salud, Ginés González García, quien retiene la confianza de Alberto Fernández y está obligado a hacer equilibrio entre la CGT y el kirchnerismo. De buen vínculo con los resortes privados de la salud, el funcionario mantiene el control de la estratégica Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo público que regula obras sociales y prepagas y que se encarga de repagarles a las prestadoras sindicales por los tratamientos de alta complejidad.

Mientras los gremios de la CGT y las prepagas miran a la vicepresidenta como su principal amenaza, los autores del borrador reformista alegan que la industria farmacéutica y los laboratorios son el mayor factor de distorsión financiera del sistema. Giles, Gollán y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, porfían en convencer a los dirigentes sindicales de la necesidad de actuar de manera coordinada para ordenar el gasto en salud en función de la demanda y no desde la oferta, como afirma el kirchnerismo que sucede desde hace décadas.

El borrador del proyecto de reforma está basado en un documento elaborado en 2019 por una fundación liderada por Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense. Ese borrador es el que se analiza en el Instituto Patria.

El texto en cuestión establece la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino, que se define como un "sistema mixto con centralidad en el subsector público". El SNISA sería una "estructura nacional que comprenda a todas jurisdicciones y sub sectores" e implicaría también "mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado".

El SNISA se plantea como un gran paraguas bajo el cual podrían funcionar todos los organismos estatales del Estado vinculados a la salud: Ministerio de Salud nacional, SSS, Pami, Anmat, Anlis y Consejo Federal de Salud (COFESA). Sobre la SSS se habla de "reformulación como organismo operativo del SNISA". Sobre ese paraguas de control quedarían las obras sociales y prepagas.

En el borrador del proyecto se habla de "poner en marcha del sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga". "El subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados en el caso de las Obras Sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones", detalla.

El texto también dice que busca "promover el mejoramiento y optimización de la capacidad prestacional propia del sub sector de Obras Sociales y privados sin fines de lucro" y plantea la necesidad de una nueva modalidad para la "libre elección" entre Obras Sociales. Los sindicalistas actualmente piden que directamente se bloquee la libre elección.

En el proyecto además se promueve que el Estado centralice la compra de medicamentos de Nación, Provincias, PAMI y Obras Sociales para evitar precios abusivos de los medicamentos.   

Desde el ámbito sindical, el líder de la UOM, Antonio Caló, rechazó de plano la decisión de Cristina Kirchner de reformular el sistema de salud sindical con el posible desembarco de Liliana Korenfeld en la Superintendencia de Salud . "Yo estoy de acuerdo con el presidente, las opiniones son distintas. El que manda, el que tiene el bastón de mando es el presidente y yo lo avalo, la señora vicepresidenta tendrá que hacer la función legislativa", dijo Caló.

El posible regreso de Korenfeld a la Superintendencia de Servicios de Salud encendió todas las alarmas en la cúpula de la CGT que convocó a una cumbre de urgencia.

Korenfeld es de plena confianza de Cristina y ocupó ese cargo estratégico durante su Gobierno. Los sindicalistas la recuerdan como la funcionaria que les pisó la transferencia de millones de pesos de las obras sociales, en el pico del enfrentamiento de Cristina con el sindicalismo, que nunca terminó de saldarse.

Korenfeld podría reemplazar en la Superintendencia a Eugenio Zanarini, quien autorizó el aumento a las prepagas que se publicó el 30 de diciembre en el Boletín Oficial y que en menos de veinticuatro horas fue derogado por orden presidencial. Luego del volantazo presidencial, Zanarini sufrió un episodio cardíaco y recién hace unos días regreso a su despacho.

Caló añadió: "Desde 1970 las obras sociales están manejadas por los gremios. Damos salud a 17 millones de habitantes. El Gobierno nacional se tiene que preocupar por el desfinanciamiento que hay con las obras sociales en la medida que han aumentado los costos de la medicina y los aportes son siempre los mismos".  

Como se ve, las aguas bajan turbias y el IOMA podría ser el puntapié inicial de un proyecto que se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo en la salud privada.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.