
por Redacción
La iniciativa, que cuenta con un antecedente federal a partir de un Decreto del ex Presidente Mauricio Macri, se propone llevar al ámbito bonaerense la intervención del Estado en lo que refiere a delitos graves, tales como corrupción de menores, secuestros, defraudación, enriquecimiento y tráfico de influencia, entre otros.
Los senadores radicales coinciden en que: “Los bienes de los delitos probados por la Justicia ordinaria muchas veces siguen estando en manos de terceros que, de una u otra manera, pueden tener vinculación directa o indirecta con los condenados por la ley”.
“En este sentido, la extinción de dominio no sólo actúa recuperando lo robado, sino que lo pone a disposición del Estado Provincial para su inversión en las necesidades educativas y de salud para beneficio de todos los bonaerenses”, remarcaron los legisladores.