El fantasma del indulto en caso que la condenen

25/06/2022 | Cristina Kirchner está a un paso de enfrentar el momento más dramático de su vida, el que siempre quiso eludir. Sabe que los vientos de la justicia están soplando más fuerte, frente a la nueva perspectiva electoral para el 2023. La causa Vialidad, con una pila de pruebas en su contra, a partir del 11 de julio se encamina hacia la resolución final. Esta vez, existe la posibilidad cierta de que le pidan una condena de prisión de entre 5 y 16 años, de acuerdo con la escala penal de la gravedad de los delitos. Es más, si ello ocurre, desde la oposición se dispararon las alarmas, ante la posibilidad de que Alberto Fernández tenga que apelar al indulto para sacarla del difícil trance.

por Jorge Joury *

Este mecanismo permite solicitar la remisión, reducción o conmutación de una pena que haya sido impuesta mediante sentencia firme y ejecutoriada. Esto es una atribución especial y discrecional del Presidente de la República, delegada en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Paradójicamente, en este caso, Alberto tendría que usar la lapicera que tanto le reclama su socia, pero en su favor.También existe la posibilidad de que se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario, ya que CFK está próxima a cumplir 70 años. En el plano político, la Vicepresidenta evalúa la posibilidad de ir por un tercer mandato si sigue la ola de victorias de la izquierda en la región. Está esperando una victoria de Lula en Brasil. Y quisiera a Macri como posible rival.

Pero la causa Vialidad no la deja dormir. Se la juzga por fraude al Estado, con la figura contundente de jefa de una asociación ilícita. Además, hay que tener en cuenta el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a tratar un abanico de reclamos procesales con los que Cristina intentó primero evitar y luego detener el juicio en su contra por millonaria corrupción en los contratos de obra pública vial en Santa Cruz, que invariablemente ganaba siempre su socio Lázaro Báez. Es una poderosa señal del alto tribunal hacia todo el Poder Judicial y una declaración de guerra expresa hacia ella y su relato político.
Ese proceso se inició el 21 de mayo de 2019 y se desarrolló en parte de manera virtual. Se estima que el veredicto se conocerá antes de fin de año.

Los alegatos primero estarán a cargo de la Unidad de Información Financiera y después del fiscal federal Diego Luciani. Luego, será el turno de las defensas, las cuales lo harán por orden alfabético, por lo que Lázaro Báez será el primero y Cristina Kirchner la sexta de los 13 imputados.

En este contexto, como era de suponer, la Oficina Anticorrupción que era demandante, miró hacia otro lado y le anunció al Tribunal Oral Federal 2 que renunciaba a la querella que llevó adelante desde 2016 en la causa. El argumento que esgrimió la OA es que ha incrementado sus recursos en los juicios que se siguen por hechos de corrupción y su nuevo perfil es el de la prevención en las distintas áreas. Frente a este cuadro de situación, vale preguntarse: ¿Para qué sirve un organismo como este, con un presupuesto anual de 124 millones de pesos anuales, si no es para controlar al gobierno, en este caso a Cristina?

En este marco, con el proceso en etapa de definiciones, nada hace pensar que esta vez la Corte frene el juicio. El 11 de julio comenzarán los alegatos y el fiscal Diego Luciani hará el suyo probablemente en agosto.

Entre los acusados en la causa se encuentran el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz.

López está filmado, revoleando los famosos bolsos conteniendo 9 millones de dólares frente a un convento. Es uno de los dueños de los grandes secretos del entramado de corrupción K. En sus 12 años como mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, fue acumulando información sobre distintos hechos en los que él mismo ha señalado a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Mostró algunas de sus cartas en 2018, cuando se declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, pero podría contar mucho más.

Es que más allá de la condena por enriquecimiento, de siete años y seis meses, está comprometido como partícipe de una asociación ilícita en la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, junto a Cristina y Lázaro Báez, entre otros imputados.

Vialidad es una de las causas más delicadas. CFK está acusada de administración fraudulenta al favorecer a Lázaro Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, 26 de ellas sin terminar, pero que fueron pagadas.

Ya finalizó la etapa probatoria donde terminaron de declarar más de 70 testigos y siete peritos. Los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Basso citaron una de las últimas audiencias para el 13 y el 27 de junio para terminar de definir la “incorporación por lectura” al debate oral y público de los documentos que solicitaron los defensores.

Sí es posible analizar la eventual pena que podrían solicitar para la vicepresidenta. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques lo escribieron así: “La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.

“La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al ex administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los ex presidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”

De mantenerse esta calificación en el alegato, y nada hace pensar que ocurra lo contrario, el Código Penal castiga al jefe de una asociación ilícita con penas que llegan a los 10 años de prisión y al fraude en perjuicio de la administración pública con hasta 6 años. Como los delitos son en concurso real se suman los máximos de la escala penal y por eso la pena posible a pedir da entre los cinco años de mínima y los 16 años de máxima.

Esta mecánica se aplica a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que son De Vido, López y Carlos Kirchner,primo del ex presidente, según escenarios trazados por el diario La Nación. En el caso del resto de los acusados la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.

Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala penal para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

En el caso de acusados que ya fueron condenados en otras causas, como Lázaro Báez y José López, de ser condenados ahora se deben unificar las penas anteriores con las que eventualmente reciban en esta instancia.

La fiscalía, a la hora de pedir la pena, además de la escala penal, evalúa las condiciones personales de los acusados, su falta de antecedentes o no, su posición de poder dentro de la organización. Rara vez un imputado primerizo, sin problemas con la ley, recibe un pedido de pena máxima, ya que hay atenuantes en la conducta que llevan a establecer ese monto disminuido.

Los alegatos serán transmitidos en vivo por TV, según decidió el tribunal a cargo del proceso. Dado que la fiscalía tiene hasta un mes para alegar y cada una de las 13 defensas hasta una semana, es probable que el veredicto se conozca a fin de año.

El primero en sentarse en el banquillo de los acusados es Lázaro Báez y le siguen Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio de Vido, Abel Fatala, Cristina Kirchner, Héctor Garro, Héctor René, Carlos Kirchner, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibáñez y José Villafañe.

Los jueces decidieron que todos los acusados deben estar presentes o tramitar un nuevo permiso especial en cada caso. Se dispuso que las audiencias se transmitirán de manera pública en vivo por TV. Luego la justicia hará su evaluación y tendrá la palabra final.

La diputada nacional Mariana Zuvic disparó las alarmas: "hay que estar alerta porque es posible que el presidente Alberto Fernández pueda usar el indulto a favor de Cristina".

Carlos Menem utilizó ese mecanismo, mediante una serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, indultando civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de mil doscientas personas.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".