El indignante plan limosna para los jubilados

El refuerzo para el haber mínimo que iba a ser de $27.000 será de $37.000. Pero lo grave. es que no se anunció ningún extra para quienes cobran más que el básico, que son los que históricamente aportaron más al sistema y que vienen siendo castigados desde hace tiempo, en un esquema de pirámide que iguala hacia abajo. En lo que va del año, todos los ingresos previsionales, incluso con adicionales, cayeron en términos reales frente a la inflación.

El salario viene perdiendo desde la caída abrupta de 2016. La inflación en los dos meses siguientes se calcula que llegará no menos que al 20%, con lo cual no alcanza siquiera para recuperar el poder adquisitivo. En cuanto a los jubilados que cobran un haber mínimo, pueden cubrirse un poco frente a la inflación, pero es notoria la disparidad entre quienes perciben el monto mínimo y el resto, ya que muchos tampoco llegan a cubrir la canasta básica y no tienen ningún otro beneficio.
Massa, anunció el domingo pasado, siempre en tono de campaña electoral, modificaciones en una serie de medidas que ya habían sido dispuestas.

Días antes de las PASO se comunicó una recomposición, a concretarse en septiembre, de 23,29% para las jubilaciones y pensiones del sistema previsional general de la ANSeS. Es, en rigor, el reajuste que se deriva de aplicar la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.609, que determina que el Estado debe concretar aumentos con frecuencia trimestral. Esas subas van quedando, en los últimos tiempos, muy por debajo de la inflación, sobre todo cuando se está proyectando para septiembre un piso del 11% y casi el 17% para octubre.

La aplicación del 23,29% lleva a que, desde el inicio de este año, el aumento de haberes acumule un 74,5%, en tanto que se estima que, a septiembre, los precios medidos por el Indec tendrán un avance no menor a 90% y que, a noviembre (mes en que seguirán vigentes los mismos haberes jubilatorios) la inflación acumularía -desde enero- al menos 120%.

Para quienes no reciben bonos mensuales de refuerzo (que son una política continua desde hace un año, surgida de la insuficiencia de la movilidad), la caída del valor de los haberes en términos reales llegó en siete meses (a julio) a 11,7%. Ese es, también, el nivel de pérdida que sufrieron en igual período otras prestaciones, como la AUH o las asignaciones por hijo que percibe un grupo de trabajadores formales y monotributistas (en este último grupo hay quienes, en realidad, tuvieron caídas bastante mayores, de hasta casi 36%, porque dejaron de recibir bonos que cobraban en 2022).

También hay que decir que en los primeros siete meses del año, incluso los jubilados de la mínima tuvieron una pérdida de sus ingresos en términos reales, ya que la inflación acumuló un 60,2% y la suba nominal para quienes perciben el haber básico (considerando los refuerzos de cada momento) fue de 46,3%. Eso se traduce en una baja del valor de compra de 8,7%.

Con el anuncio del reajuste por movilidad para septiembre, se había dicho que se pagaría un refuerzo de $27.000 a quienes cobran hasta el equivalente a una vez el haber mínimo. Esa condición es por titular y no por beneficio, por lo cual, a quien percibe dos prestaciones básicas no se le asigna ese bono.

Según lo expresado por Massa, ahora se decidió que el monto será de $37.000. De esta manera, quienes tienen ese ingreso básico, de $87.460 desde septiembre, recibirán el mes próximo y también en octubre y en noviembre un total de $124.460, en bruto (neto del aporte al PAMI, el monto es de $121.836). En diciembre deberá haber un nuevo reajuste según el índice de movilidad. 

Para Eugenio Semino, defensor del pueblo de la Tercera Edad, “el anuncio es intencionalmente confuso para ocultar su ajuste.El día posterior a las elecciones, hay una devaluación del 22%, que se tradujo en aumentos de medicamentos de alrededor del 30%. El bono es un pago en negro que se sistematizó a partir de la gestión Massa”.

Además, agregó que “Hoy los jubilados no pueden consumir los medicamentos en términos de dosis. Esos remedios lo consumen en términos de lo que puede pagar”.

Y agregó: “Llegamos a un extremo, si un jubilado come no puede pagar las expensas, y si lo puede hacer no puede pagar el medicamento. Hoy el jubilado y las personas con discapacidad que cobran $66.000 están en caída libre”.

Las promesas incumplidas de este gobierno, tienen sus orígenes hacia fines de julio de 2019. Baste recordar, que poco antes de las PASO de ese año, cuando el entonces candidato presidencial Alberto Fernández prometía que, si llegaba a la Casa Rosada, iba a incrementar las jubilaciones un 20% financiándose con los intereses de las Letras de Liquidez del Banco Central (BCRA), más conocidas como Leliq, que dejaría de abonar. En un marco de euforia aclaró: “Entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados”. Cuatro años después, sin embargo, no solo las jubilaciones han caído en términos reales, sino que los elevadísimos pagos de intereses por Leliq superan el gasto total en jubilaciones.

En la cadena de mentiras del oficialismo, Según Sergio Massa, los jubilados no perdieron poder adquisitivo durante la actual gestión, pero distintos estudios desmienten de plano estas la declaraciones. Por ejemplo, un trabajo de Chequeado concluido en la segunda semana de agosto, tilda esa aseveración de “engañosa”, por cuanto si se tienen en cuenta las proyecciones de inflación hasta el corriente mes, un grupo de 1,4 millón de jubilados que cobran el haber mínimo, incluido el bono adicional, tendrá un aumento real del 28,9% con respecto a diciembre de 2019, cuando asumió el gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, los 4,4 millones de jubilados restantes -incluidos quienes cobran el haber mínimo pero no recibieron refuerzos, y aquellos con haberes medios y altos- sufrirán una pérdida del poder adquisitivo del 7,6% al 33,8% este mes.

Por su parte, otros estudios indican que, hacia mitad de año, la pérdida para los jubilados que no recibieron bonos equivalía al 15,2%, tomando una prestación que resulte igual a tres haberes mínimos ($213.000 de bolsillo).

Estamos hablando de un conglomerado de más de 8.300.000 personas que en el mes de septiembre tendría una actualización del 23.29% en función de lo que establece la ley, que comenzó a tener vigencia a partir de marzo de 2021. Se trata de la ley 27.609, que aplica una actualización cada 90 días.
Ese incremento deja totalmente desbalanceado el ingreso de los jubilados con la avalancha de precios reciente, donde se observa claramente que ha habido un ajuste de hecho que viene operando desde hace varios meses a través del proceso inflacionario y ahora con una modificación de la paridad cambiaria oficial y de la divisa que cotiza en el mercado blue, vemos claramente la pérdida extraordinaria que están teniendo los jubilados.

Frente a este cuadro de situación, se hace que el próximo gobierno actualice la ley de movilidad  porque los adultos mayores no pueden esperar y seguir perdiendo diariamente frente al aumento de los alimentos, medicamentos, servicios y la devaluación que sufre nuestra moneda. 

Con esta actualización del 23.29%, los jubilados tendrían a partir de septiembre una jubilación de 87.459 pesos, que se vería beneficiado en una actualización de 16.520 pesos, a la cual se sumaría un bono de 27.000 pesos, bonos que vienen otorgando desde ya hace bastante tiempo, pero que indudablemente no alcanza a cubrir las necesidades que debe tener un jubilado en la Argentina.

Con ese bono de 27.000 pesos, la jubilación mínima estaría en los 114.459 pesos. Pero hay un dato que no se puede pasar por alto. La canasta básica en la Argentina está en 262.000 pesos, es decir que la jubilación que se estaría pagando en el mes de septiembre no cubre en el mes de agosto ese valor.

Y esto es consecuencia de que en un proceso inflacionario como el actual, no puede haber una ley que actualice las jubilaciones en forma trimestral. Los jubilados no pueden hacer frente de manera mensual a ese tipo de pérdidas que van teniendo día a día. En los países desarrollados, o los de la Unión Europea, como puede ser el caso de España, la actualización se hace de manera mensual y se tiene en cuenta, como en el resto de los países, el índice de precio al consumidor para actualizar las jubilaciones y las pensiones.

Sencillamente los jubilados no pueden afrontar las remarcaciones que tienen los precios diariamente, se trate de productos de la canasta básica, de medicamentos o de cualquier otro servicio como el gas, luz o telefonía. Ni que hablar si tienen que pagar un alquiler. En el final del camino de la vida, cuando merecerían la mejor reparación, la vida para ellos se torna una pesadilla. El ajuste hay que hacerlo en la política.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".