Diputados chilenos piden a EE. UU. reparar y compensar a Chile por su injerencia en golpe de Estado de 1973

Los legisladores fueron recibidos el viernes pasado en la Embajada de EE. UU. en Chile al cumplirse medio siglo del golpe militar, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de un régimen militar encabezada por el general Augusto Pinochet.

"Lo esperable es que el Gobierno de Estados Unidos analice y pondere objetivamente lo razonable de esta formulación", afirmó a Xinhua el diputado y jefe de bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputadas y Diputados, Luis Cuello.

"Desde luego, esperamos que otorgue una respuesta a nuestros planteamientos, que tome en cuenta que la responsabilidad de los Estados trasciende a los Gobiernos y asuma que el daño causado al pueblo chileno por la intervención norteamericana no puede quedar en la impunidad", dijo Cuello.

El diputado señaló en una entrevista con esa agencia que la acción encubierta de Estados Unidos contra el Gobierno de la Unidad Popular, coalición política de partidos de izquierda chilenos que alcanzó democráticamente la Presidencia en 1970, "no ha tenido consecuencias hasta hoy".

Cuello realizó recientemente, junto a la diputada Daniela Serrano, un diagnóstico sobre "la ausencia de reconocimiento político de EE. UU. sobre la ilegitimidad de su rol, pese a la abundante evidencia emanada de documentos de las propias instituciones norteamericanas".

Durante los últimos años, una bateria de informes secretos en manos de EE. UU. han sido revelados a la opinión pública e investigados por organizaciones y expertos. Los mismos dan cuenta que el país norteamericano, en el contexto de la Guerra Fría, cumplió un rol crucial en el golpe de Estado chileno respaldando a las fuerzas armadas y, posteriormente, al régimen militar.

Esto es para frenar la transición pacífica del país austral al socialismo, liderada por Allende y su coalición, como parte de la campaña estadounidense contra la expansión de la izquierda por los países latinoamericanos.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Cuello aseguró que la injerencia estadounidense de "complicidad en la conspiración, quebrantamiento de la democracia y terror de Estado impuesto a la población chilena durante la dictadura entre 1973 y 1990" para boicotear el programa de la Unidad Popular, "vulnera gravemente el derecho internacional, en particular el principio de no intervención y el derecho de los pueblos a elegir su sistema político y social".

"Tales violaciones al derecho internacional generan responsabilidad, que se traduce en el deber de reparar íntegramente el daño causado, dado que terminar por la fuerza con un gobierno democrático es un grave crimen", que contraviene lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y una serie de tratados multilaterales, sostuvo.
 
Los diputados indicaron a su vez que el período del régimen militar de la historia chilena "aún tiene muchas zonas oscuras", por lo que instaron al país norteamericano a "desclasificar la totalidad de la información vinculada a la intervención y el apoyo posterior al régimen de Pinochet".
 
"Es indispensable para reconstruir la historia. Si bien es cierto que hoy conocemos mucho más que hace 10 o 20 años, no se ha revelado aún el conjunto de las operaciones encubiertas. Hace pocos días EE. UU. desclasificó algunos informes diarios que recibía (Richard) Nixon en los días del golpe. Es un paso, pero aún es insuficiente", aseveró.

De acuerdo con los parlamentarios, Estados Unidos "alteró el curso de la historia, postergando una transformación estructural en las condiciones de vida de las mayorías nacionales".

Asimismo, "dio paso a una violación sistemática de los derechos humanos" y "generó invaluables perjuicios a la economía nacional como producto del bloqueo al Gobierno de la Unidad Popular", expresó Cuello.

A juicio del diputado, "aún existe una herida abierta en la sociedad chilena", por lo que "la creación de un fondo de compensación por la acción ilegal de Estados Unidos sentará un precedente en el mundo".

Estos recursos serían destinados para reparación de las víctimas y sus familiares, desarrollo de comunidades rurales que sufrieron la represión y financiación de programas de salud mental y derechos humanos, agregó.

En el año 2020, el Gobierno estadounidense desclasificó una serie de documentos que dieron cuenta de las intenciones y acciones injerencistas y desestabilizadoras del presidente Richard Nixon y la CIA en Chile, para evitar la asunción presidencial de Allende en 1970.

En agosto de 2023, Estados Unidos procedió nuevamente a desclasificar documentos que prueban la directa intervención de la Administración Nixon y la CIA que socavaron el mandato de Allende, promoviendo un golpe de Estado y aupando la instalación en el poder de una junta militar.

El régimen militar de Pinochet montó más de mil centros de detención y tortura a nivel nacional, donde 40.175 personas fueron aprisionadas, torturadas y violentadas por razones políticas, de las cuales 3.200 fueron asesinadas o desaparecidas, inclusiva niños y mujeres embarazadas, según cifras oficiales.

El régimen también dejó más de 200.000 personas exiliadas.

"Los documentos desclasificados evidencian, sin duda alguna, que la injerencia extranjera realizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América fue decisiva en el desarrollo de los acontecimientos históricos que terminaron con consecuencias brutales, heridas aún abiertas y deudas pendientes hasta el presente", concluyó la carta.

Finalmente, sugirieron solicitar la mediación de una autoridad de prestigio, como el secretario general de la ONU, o bien, suscribir un acuerdo para formar una comisión que defina las compensaciones.