A favor o en contra del nuevo gobierno: Ganar la calle, plebiscitos y recursos judiciales

El gobierno de Javier Milei tiene una fuerte debilidad en el Congreso de la Nación. Menos de 40 diputados nacionales propios y tan solo 7 senadores nacionales son los que dispone para empezar a conseguir leyes. El marco de alianzas hasta hoy no aparece garantizado porque las relaciones con JxC son ambiguas y apenas el PRO-Halcón podría disponer de unos 35 diputados más si es que tiene un cierre medianamente satisfactorio, cuestión que no se produjo hasta hoy.

Entonces, con alrededor de 80 diputados nacionales en el mejor de los casos, Milei estará muy lejos de los 129 necesarios para conseguir modificaciones legislativas de su interés.  En el Senado la cuenta es peor porque para el quórum el número mágico es de 37 senadores, una cuestión prácticamente utópica para los partidarios del León y sus aliados que tan solo conseguirían la mitad.

Con esos nubarrones es difícil que Milei pueda tener el respaldo parlamentario que necesitan cualquiera de sus propuestas de fondo, entre ellas privatizar YPF, ARSAT, Ley de Alquileres, desarticular el Sistema de Medios Públicos, privatizar el Banco Nación, eliminar el Banco Central, modificar sustancialmente Aerolíneas, entre otras cuestiones similares.

En las elecciones PASO Javier Milei había propuesto un plebiscito para que la gente decida lo que se debe hacer con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y si bien es cierto que la Constitución Nacional con las reformas de 1994 prevé consultas populares vinculantes y no vinculantes, estas no son pertinentes para la diversa modalidad de legislación.

El artículo 39 de la Constitución dice: “Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses (…)”; mientras que el artículo 40 destaca: “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular”.

Pero después hay leyes reglamentarias. Si por ejemplo se busca que una iniciativa surja de la propia ciudadanía (artículo 39 de la CN) deberá tenerse en cuenta la Ley 24.747 que determina que el número de firmas para pedirlo será del 1.5% del padrón electoral utilizado para elecciones de diputados nacionales y deberá representar a no menos de seis distritos. De todos modos, hay que tener en cuenta que tanto la Constitución como la Ley destacan que no se podrán incluir en esta metodología reformas a la Constitución Nacional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

La Ley 25.432, promulgada el 21 de junio de 2001, reglamenta el artículo 40 de la CN, y se refiere a la consulta popular vinculante y a la no vinculante, con los requisitos, obligaciones y aplicación. 

De todos modos, y si la temática estuviese contemplada en la legislación, si el Poder Ejecutivo llama a una consulta popular no vinculante de acuerdo con sus facultades, hay que tener en cuenta una enorme erogación presupuestaria para ponerla en práctica, una cuestión que va a contramano del plan “motosierra” del presidente electo.

Por su parte, la realidad del Congreso Nacional en cuanto a sus fuerzas políticas difícilmente haga posible una consulta vinculante, y si así lo hiciere hay que tener en cuenta que temáticas estructurales están excluidas.
Ante este panorama, el presidente electo deberá pensar en articuladores reales con el Congreso, es decir un buen jefe de Gabinete o ministro del Interior, y además la arquitectura que le debe dar un ajedrecista en funciones de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

La oposición, en tanto, también tiene varios métodos para presentar batalla a los proyectos de Milei.

Una es la herramienta del Congreso Nacional, en donde tiene el gatillo de dar número o no, más allá de los matices.

El otro es la movilización popular, como lo está planteando la izquierda a partir del Polo Obrero u otros sectores; algunos sindicatos estatales llamando a las metodologías de asambleas; y habrá que estar atento de los planes de lucha de la CGT en su momento, cuando alguna situación perjudique a sus representados.

También hay otras formas de manifestarse y que posiblemente sea muy eficiente como es la utilización de recursos judiciales y administrativos para buscar la razón en la Justicia. Allí, el abogado y referente del peronismo platense, Jerónimo Guerrero Iraola, se despachó con un video en sus redes sociales argumentando esta herramienta: “Basta de anuncio de calle y épica de la resistencia. Mi propuesta es exigir política”, comenzó diciendo, y luego agregó: “muchas de las propuestas suicidas e inviables de Milei requieren debates parlamentarios. Definamos los 5,7, 10 o 15 temas nodales, debatamos cómo, presentemos iniciativas, busquemos consensos".

“No deleguemos en el lloriqueo bobalicón, en el “acúsalo con tu mamá, Kiko” nuestro lavado de culpa y consciencia. Necesitamos dirigentes que conduzcan la derrota. Si no es conducción estratégica, que al menos sea táctica. Proyectos de ley, dinámicas de litigio estratégico, acciones políticas coordinadas”, indicó.

Agregó: “No cuenten conmigo para resistir con aguante. Con eso seguimos bancando la pereza política e intelectual. Cuentan conmigo, como un compañero más, desde nuestra agrupación, para construir una oposición del carajo que además haga pedagogía y construya futuro”.

Discrepancias y polémicas

Tanto oficialismo como oposición deben buscar ganar el debate público porque sino van a quedar como irracionales.

Los opositores no deberían ir por la vía de cortar calles por todos lados y perjudicarle la vida a personas que estén padeciendo situaciones tan complejas como quienes reclaman, por lo tanto, si bien debe respetarse el derecho a manifestarse, es propio que el ejercicio de este no sea anulando algún otro derecho de la ciudadanía.

Tampoco sirven declaraciones como la del sindicalista de Aerolíneas Argentinas, Pablo Biró, cuando dijo: “si se quieren cargar Aerolíneas nos van a tener que matar literalmente”, aunque después pidió disculpas y dijo que fue una frase “poco feliz”.

Y lo mismo para el ex presidente Mauricio Macri cuando sostuvo que a Milei lo pueden defender los jóvenes saliendo a las calles, en lo que da a entender un escenario de enfrentamiento con opositores en el espacio público.

En el oficialismo pueden perder la batalla en la opinión pública si el presidente electo sigue con definiciones cerradas, del manual del Excel y sin encontrar un fundamento político que logre convencer. Decir que se termina la obra pública también es remarcar que habrá más desempleo directo, caída de la producción de acero y cemento, merma en la actividad comercial, y complicaciones para mantener caminos y sacar materia primaria para exportar y generar ingreso de divisas, por lo que parece más una posición caprichosa que razonable.

Además, “las fuerzas del cielo” carecen de apóstoles experimentados ya que aún no son una organización con cuadros preparados para el debate público, no tienen formación ni referentes creíbles, más allá de Milei.

Por lo tanto, LLA mientras prepara cuadros que defiendan sus postulados tendría que pensar en aliados provenientes del PRO, algunos radicales moderados, o peronistas republicanos.

Si el gobierno de Milei no encuentra mecanismos convincentes para avanzar con postulados que den respuesta a las demandas sociales, el humor de la gente puede cambiar y la ola que lo impuso lo puede empezar a cuestionar severamente.

Y si la oposición implementa campañas negativas y agresivas va a terminar legitimando la irracionalidad y los caprichos de un futuro oficialismo que tiene que entender cómo funciona una democracia moderna.

El gobierno del presidente Alberto Fernández es responsable de nuestras vidas hasta el 9 de diciembre, y la gestión de Javier Milei comenzará el 10 de diciembre. A partir del nuevo gobierno ya no vale más hablar de la herencia recibida porque se supone que hubo demasiado tiempo para preparar equipos sólidos que empiecen a dar respuesta a los problemas de la ciudadanía.