"La temible estanflación está entre nosotros", dijo Jorge Joury por la FM 98.9 y Pinamar TV

El analista aclaró que: "Al sumarle una recesión, el futuro se prevé muy duro: caída de la actividad económica, caída del producto bruto y de la producción del sector privado, despidos, sueldos atrasados y menor capacidad de consumo y ahorro en el bolsillo de los trabajadores.
En este contexto, Milei propone como solución un ajuste ortodoxo, con fuertes recortes en el gasto público. Se trata de una receta que demostró ser la mejor para sanear la economía a largo plazo, siempre y cuando se logre atravesar con éxito los meses de turbulencia.
Cuando entramos en estanflación, la economía se paraliza y, al mismo tiempo, el costo de vida se convierte en una pesadilla por los aumentos constantes. Esto arroja un impacto negativo en empleo, salarios y la calidad de vida de la población.
Javier Milei ya augura por lo menos 6 meses de sacrificios. El presidente electo señaló que se necesita un ajuste de 15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y que, si la política no se ajusta, va a llevar la pobreza al 90%. Pero, más allá del componente simbólico, ¿cuánto cuesta mantener a las autoridades del Estado? ¿Qué porcentaje del gasto público representa la administración gubernamental? ¿Alcanza eliminando ministerios o el recorte implicaría ingresar directamente a nuestro bolsillo?
La propuesta de Milei para recortar esos 15 puntos se explica en el ajuste de 5 puntos del gasto público y los otros 10 en el recorte de la emisión que realiza el Banco Central y los intereses que paga por las Leliqs. En cuanto al gasto público nacional, representa aproximadamente el 20% del PBI, según la ejecución presupuestaria base caja de 2022, pero ¿cómo está compuesto este gasto?
El 67% del gasto estatal recae en los Servicios Sociales, con las jubilaciones y pensiones encabezando la lista con el 45% del gasto público. En términos del PIB, las jubilaciones y pensiones representan aproximadamente el 8%. ¿Es acá donde se apuntará el recorte presupuestario? Aún no lo sabemos, porque en la etapa de Sergio Massa fueron los jubilados los que más sufrieron la licuación de sus haberes.
Los servicios económicos cubren el 16% del gasto y abarcan en mayor medida a los subsidios a la energía, combustibles y minería y a los subsidios al transporte, lo que delimita un mapa complejo de asignaciones que impactan de manera directa en el bolsillo de las y los trabajadores. Sin embargo, los servicios económicos sólo representan alrededor de 3 puntos del PIB.
Otro componente interesante es el porcentaje que representa la deuda pública, que en 2022 representó el 8% del gasto, pero según el presupuesto de 2023 la cifra ascendió a 10%, la mayoría corresponden a los intereses al Fondo Monetario Internacional. Acá se presenta un escenario al que el nuevo presidente electo no parece dispuesto a alterar, ya que reiteró en distintas oportunidades que la deuda con el FMI se paga. Lo cual invita a suponer que el recorte no se dirige hacia este lado del gasto.
En escala descendente, los gastos de la administración pública aparecen en cuarto lugar, que, con un modesto 5%, distribuyen sus fondos entre los tres poderes. ¿La sorpresa? El poder judicial acapara el 52% de las remuneraciones estatales, mientras que el 48% restante se divide entre el legislativo y el ejecutivo. Un panorama insidioso que pone de relieve cómo se distribuye el gasto del Estado entre las estructuras de poder y sus funcionarios. No obstante, si analizamos el gasto de la administración pública en términos del PIB apenas representa el 1%.
Resulta llamativo que, para alcanzar el equilibrio fiscal, el nuevo presidente se enfoque exclusivamente en recortes presupuestarios en lugar de explorar estrategias para aumentar y mejorar la recaudación. Sin embargo, esta perspectiva se alinea con su enfoque libertario, que busca reducir la intervención del Estado. Además de votar a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría propuesta por Massa el pasado 19 de septiembre, Milei ratifica su postura a favor de la reducción de impuestos y se espera que mantenga la eliminación de ganancias y la devolución del IVA.
El desafío de llevar adelante un ajuste del 5% del PIB se torna especialmente complejo si se intenta realizar sin afectar el presupuesto destinado a jubilaciones y pensiones, o sin eliminar los subsidios a la energía y al transporte. Si a esto le sumamos una disminución en la recaudación, la meta de alcanzar el equilibrio fiscal se vuelve prácticamente inalcanzable.
El segundo análisis que debemos desarrollar es el ajuste de los 10 puntos restantes. Como se mencionó al inicio de la nota, este recorte se contempla mediante la eliminación de la deuda del Banco Central, lo cual requiere abordar el desafío de las famosas Leliqs. Milei mencionó que en este caso se llegará a una solución de mercado y que se van a respetar rigurosamente los derechos de propiedad, recordando el precedente del Plan Bonex y rechazando la idea de retener los plazos fijos de los ahorristas. Ahora, para resolver este problema en términos de mercado se deberían canjear las Leliqs por otro activo, lo que nos lleva a replantearnos algunas opciones limitadas. Entre las alternativas evaluadas, se contempla la posibilidad de adquirir una nueva deuda externa, lo que implicaría una mayor carga en el presupuesto de las generaciones futuras.
La complejidad del presupuesto nacional revela un entramado de prioridades y asignaciones presupuestarias que, si bien reflejan necesidades sociales y económicas, también plantean desafíos para el diseño de estrategias que aseguren un equilibrio financiero sin perjudicar a los sectores más vulnerables, ni complicar el funcionamiento de las instituciones estatales clave y sin comprometer el presupuesto de las próximas generaciones. La discusión sobre el ajuste del gasto se convierte así en un debate crucial que no debemos pasar por alto, exigiendo decisiones equitativas y fundamentadas que preserven el bienestar económico y social del país.
En Argentina, el primer año de estanflación nítida fue 1976, en el inicio de la dictadura de Jorge Rafael Videla, con un PBI que cayó 2% en medio de una inflación de más del 400%, aunque podría tomarse el antecedente de la segunda mitad del año anterior, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, con la aplicación de lo que posteriormente se conoció como "rodrigazo" (por Celestino Rodrigo, ministro de Economía del 2 de junio al 17 de julio de ese año).
Las cifras de 1975 muestran una inflación del 182% y un PBI que no tuvo variación respecto del precedente, aunque con una caída en los últimos dos trimestres.
Para encontrar una inflación anual de tres dígitos anterior a esos años hay que remontarse al 113% de 1959, pero en ese caso no puede hablarse de estanflación ya que la economía estaba en crecimiento.
La combinación de inflación y estancamiento económico volvió a registrarse en 1978, 1981 y 1982, y dejó una situación preocupante para los gobiernos democráticos que se sucedieron a partir de 1983.
El Plan Austral de 1985 procuró ponerle fin a la continuidad del tándem, aunque no pudo evitar que ese año la inflación se ubicara en un 385% y la economía registrara un descenso del 7%.
El presidente Raúl Alfonsín y su ministro Juan Sourrouille debieron esperar al año siguiente para mostrar estadísticas mejores, en un alivio parcial que quedó trunco en 1988 (-2% de evolución del PBI y 387,7% de inflación) y se expresó con virulencia al año siguiente, con una hiperinflación de cuatro dígitos con una economía que tuvo una caída del 7%, performance que, con menor intensidad, se repitió en 1990, ya con Carlos Menem en la Casa Rosada.
La implementación en 1991 del régimen de Convertibilidad interrumpió por una década la continuidad de la estanflación, ya que si bien hubo años de caída de la actividad, esta vez fue la inflación la que estuvo ausente.
El dúo hizo su regreso en 2002, con el peor registro en lo que se refiere a la evolución del PBI, (-10,9%) y una inflación del 40,9%, concentrada en los primeros meses del año.
Desde entonces, la coexistencia de las dos variables volvió a darse en 2009, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 y 2020, de lo que se desprende que la estanflación estuvo presente en la Argentina en por lo menos 16 de los últimos 48 años", finalizó el analista.