Guerra a los ñoquis y el fin de los grandes curros

En esa dirección, Milei ordenó erradicar todo tipo de privilegios y establecer auditorías en la planta de cada Ministerio, con el objetivo de que los nombramientos irregulares sean podados de manera urgente y se ponga fin a los curros con licitaciones y compras. 
El número de empleados se mirará con lupa y cómo es el esquema de indemnizaciones y exoneraciones, para evitar un golpe económico al erario público.

También se va a exigir de manera diaria el 100% de la presencialidad de los empleados. Se informó que hay lugares donde hay tanta sobrepoblación, que no entrarían todas esas personas en las oficinas si fueran a trabajar el mismo día. "En algunos sitios hay una computadora para tres empleados", reveló una fuente confiable. 

Para tomar nota de la gravedad de la situación,  este año el Gobierno de Alberto Fernández pasó a planta permanente a 15.500 empleados estatales, pese al decreto que había cerrado las contrataciones en julio del 2022, firmado por Silvina Batakis en su breve paso por el Ministerio de Economía, antes de la llegada de Sergio Massa.

Otra de las medidas que se analizó en Casa Rosada son los convenios entre el Estado y las universidades, algo que se describió de manera oficial como “gran curro de la política”.

El vocero presidencial Manuel Adorni, también hizo referencia al reordenamiento del Estado. “El empleo militante no va a existir más”, advirtió al hablar sobre los recortes en la planta estatal. “La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria”, indicó, pero sostuvo que se buscará desplazar a los que “ocupan una silla sin aportar nada y cobran un sueldo que pagamos todos”.

Las auditorías que se pusieron en marcha  serán llevadas a cabo por cada uno de los ministerios y secretarías, que luego entregarán un documento final a la Secretaría General sobre el estado de situación de cada cartera. Quien coordinará estas acciones desde un organismo descentralizado será Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

En este proceso de análisis se hará un estudio de la cantidad de empleados en planta permanente, sobre todo los militantes kirchneristas, el número final de la denominada “planta política” y contratados en general, independientemente de su condición.

En La Libertad Avanza hay quiénes dicen que a oídos de Javier Milei llegó un dato: en el último tiempo se habrían realizado nombramientos, ascensos y pases a planta permanente de unos nueve mil trabajadores. Todo este pelotón de empleados está en la mira.

Otro de los desafíos, es definir qué harán con los empleados de los ministerios que dejarán de existir y no se convertirán ni siquiera en Secretaría. Un ejemplo de esto es el de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La ley de empleo público marca que cuando un organismo del Estado, como esta cartera, se da de baja, esos empleados quedan a disposición de otros organismos por un periodo de seis meses y hasta 2 años. Si ninguna otra dependencia reclamara sus servicios, se les debe pagar una indemnización.

Pero de la auditoría pueden surgir irregularidades, como que el ingreso de la persona no fue por concurso, o falta de asistencia al puesto de trabajo, señalan en LLA. “Ahí sería exonerado, es decir, el Estado no paga ninguna indemnización”. En el caso de la planta política, con un decreto podrían llegar a eliminarse estos cargos.

Milei redujo la plantilla de 18 a nueve ministerios. Esta ley de ministerios no necesita pasar por el Congreso, aunque en rigor la reforma del Estado cuenta con apoyo político en general. “Todos los espacios políticos coinciden en que en mayor o menor medida se debe hacer un ajuste”.

Cada Ministerio hará una revisión de su planta de trabajadores, ya que se detectaron que existen más direcciones y secretarías de los que figuran en su organigrama oficial.

Para los observadores, la planta del Estado tarde o temprano va a ser parte del informe de situación general que brindará  el Presidente durante diciembre. En La Libertad Avanzan entienden que la modernización del Estado es lograr que una Secretaría que tenía tres direcciones funcione con una. Ese es básicamente el concepto de ajuste de la “casta”.

También está en carpeta prescindir del 33% del personal del Ministerio de Justicia.

Este plan ya fue consensuado con el ministro del área, Mariano Cúneo Libarona y su equipo más cercano y de confianza y fue validado por el propio Milei. 

Cúneo Libarona planteó que del primer análisis del organigrama de personal hay algunas áreas que están sobredimensionadas. Por ejemplo, el registro nacional de patovicas, que se denomina Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Rencap) y funciona con siete personas; o el área de prensa, donde actúan 22 personas.

La Secretaria de Derechos Humanos, que ocupa parte del predio de la ex-ESMA, cuenta con cerca de un millar de empleados, dijeron fuentes cercanas al gobierno entrante. Allí funciona el museo del centro clandestino de detención, el Archivo Nacional de la Memoria y otros organismos, además de albergar a distintas organizaciones de derechos humanos.

Una de las ideas que planteó el ministro es trabajar sobre un sistema de control de acceso y egreso de personal, que permita establecer quiénes son los que concurren a trabajar, dónde y las tareas que desempeñan. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el ex ministro Germán Garavano planteó trasladar allí la sede del Ministerio de Justicia, desde el microcentro porteño, pero no prosperó.

“No admito la vagancia, no admito los ñoquis”, les dijo Cúneo Libarona a sus colegas, al plantear estos ajustes en los contratos que se vencen a fin de año y con los que calcula que se podrá reducir en un 33% el personal, sumado a los funcionarios que dejan sus funciones.

También hay que destacar que el control del Servicio Penitenciario pasa a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Otro de los nichos que están en carpeta, tienen que ver con el Pami y Anses, donde el kirchnerismo puro manejó cajas millonarias y sumó cientos de militantes a sus plantas. YPF, Aysa y Aerolíneas Argentinas, son otras bombas a desactivar en el corto plazo, amén del Congreso de la Nación, plagado de asesores fantasmas y ñoquis.¿Hagan cuentas, señores!

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".