El impuestazo de Kicillof llega para pagar el Plan Platita y contener a los funcionarios kirchneristas

Como lo hizo en La Matanza, cuando gobernaron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, ahora muchos funcionarios de Nación buscaron protección laboral en el Estado bonaerense. Tanto es así, que a Kicillof ya no le entran tantos funcionarios en la foto.

Frente a este cuadro de situación,  y después de haber ampliado la plantilla de trabajadores estatales en más de 47 mil personas que pasaron a planta permanente en el último año, al mandatario no le queda otra salida que un impuestazo para tratar de equilibrar las finanzas y además pedir permiso al Parlamento para endeudarse. En la Ley Impositiva 2024 y la prórroga del Presupuesto 2023, el gobernador solicita un endeudamiento que supera los 1.800 millones de dólares y un aumento del 200% en el impuesto inmobiliario. Todavía no se sabe cuánto aumentará la patente automotor y las tarifas de ABSA, pero se cree que irán por el mismo camino. El intendente de La Plata, Julio Alak también anunció un incremento del 130% en el impuesto municipal.

 "Esto pasa porque hay que pagar el Plan Platita y todo el derroche que hicieron para ganar la elección en la provincia", sostienen legisladores de la oposición quienes están dispuestos a poner trabas en el Parlamento.

La solicitud de endeudamiento busca afrontar vencimientos de deuda en 2024, manteniendo la mitad del promedio autorizado durante la gestión anterio.

Kicillof, después de la reunión con Milei, ya tomó nota que "no hay plata" . Ya no le lloverán los generosos recursos de Nación como ocurría en el gobierno de Alberto Fernández por orden de Cristina. Ante este escenario, la Provincia optó por prorrogar el Presupuesto actual y presentó dos proyectos de ley para garantizar la continuidad de la gestión.

El endeudamiento solicitado, en pesos u otras monedas por el equivalente a USD 1.800 millones, coincide con los vencimientos de deuda que afrontará la Provincia en 2024, incluyendo pagos en moneda extranjera derivados de la reestructuración de la deuda heredada de la gestión anterior. Kicillof destacó que esta solicitud se alinea con la política de financiamiento responsable que ha caracterizado su primera gestión y que busca mantener en su segundo mandato.

Frente a este cuadro de situación,  el 90% de los contribuyentes bonaerenses experimentarán aumentos iguales o inferiores al 200%, considerando la inflación proyectada del período, que se espera supere el 300%. Con estos ajustes, se busca mantener la solidaridad fiscal y la sostenibilidad financiera para afrontar los desafíos económicos venideros.

Otro de los problemas que se le presentan a Kicillof  en el corto plazo, tiene que ver con la caja de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires, que arrastra un déficit millonario y podría ser uno de los ejes de la futura pelea con el presidente Javier Milei. 

En este contexto, el Instituto de Previsión Social (IPS) tuvo en 2022 un déficit de 140.000 millones de pesos y se estima que cerrará el año con 210.000 millones abajo.

Los números surgen de investigaciones realizadas por  economistas de la Universidad de La Plata (UNLP) en base a datos del Anses. La provincia aún no tiene publicada información oficial correspondiente a 2022. Sin embargo, desde el gobierno provincial y por lo bajo, reconocen que el déficit ronde en esa cifra.

"El IPS tiene un déficit previsional estructural como consecuencia de parámetros generosos y una tasa de sostenibilidad demográfica (activos sobre pasivos) que se viene deteriorando en los últimos años", manifestó Walter Rosales, que comanda el departamento de Economía de la UNLP.

Desde hace años, el gobierno nacional financia a través del Anses, el déficit de las cajas de jubilaciones de las provincias. Ese mecanismo es parte de lo que ahora se pone en discusión junto con las transferencias discrecionales y los subsidios al transporte del AMBA.

En rigor, los economistas separan este financiamiento de las transferencias discrecionales porque estos giros de dinero a las alicaídas cuentas provinciales surgen de pactos fiscales donde la Nación se compromete a financiar los déficit provinciales de cajas no transferidas.

La sospecha que no deja dormir a Kicillof, es que  el gobierno de Milei podría cortar el auxilio al régimen previsional en el marco del ajuste y de la premisa "no hay plata". Ese financiamiento rige a cambio de ciertas condiciones que en muchos casos la provincia incumple.

Un ejemplo palpable es la transferencia de microdatos desde el IPS al Anses, algo que no se Buenos Aires incumple debido al atraso informativo del organismo provincial. Se trata de información muy precisa y con parámetros muy diversos como edad, años de servicio, aportes y fórmula de movilidad.

Con esos datos, el Anses podría establecer el número exacto que debe enviar a cada provincia. Ahí es donde los giros de las transferencias pasan a ser discrecionales y el auxilio pasa a tener un componente político.

La pregunta que se hacen los observadores es : ¿Cómo podría el Anses recortar las transferencias al IPS? Los especialistas sostienen que vetando los informes que llegan de provincia y argumentando inconsistencias.

El elegido por Milei para administrar los recursos del Anses es un hombre muy estricto y que sabe mucho en materia previsional. Se trata de Osvaldo Giordano, un economista muy cercano al ex gobernador cordobés Juan Schiaretti que ejerció como ministro de Finanzas de Córdoba. Fuentes del peronismo que conocen a Giordano explican que es un ortodoxo que conoce como pocos el tema previsional.

El pacto fiscal determina que el gobierno nacional debe girar a cada provincia lo mismo que le costaría el sistema de jubilaciones si estuviera bajo la órbita del Anses. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el IPS tiene un régimen mucho más generoso que Nación debido a que, salvo las escuelas privadas, todo el arco de aportes llega a través del Estado.

Fuentes confiables argumentan que el déficit del IPS no es nuevo y arrastra algunos años. La caja previsional está en manos de La Cámpora desde enero de 2022 cuando asumió Marina Moretti, una referente de la agrupación del norte de la provincia.

Tiene cerca de 300 mil beneficiarios, que incluye a los docentes, al personal judicial, del servicio penitenciario, a la administración central y los trabajadores municipales.

Resulta curioso, pero un mecanismo para robustecer las cajas previsionales es firmar el pase masivo a planta permanente de trabajadores al Estado. Se cree que fue por eso que Kicillof sumó a casi 47 mil empleados últimamente. Eso hace subir directamente el nivel de aportantes.

Hasta 2015 el IPS tenía 3,7 aportantes frente a cada jubilado o pensionado, eso se fue disminuyendo de manera ostensible hasta llegar a la actualidad con 2,6 aportantes por cada beneficiario . El  número ideal que aconsejan  los especialistas es de cuatro aportantes por cada jubilado.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".