Kicillof contra las cuerdas por la trágica toma de tierras

Todo ocurrió en medio de una infernal balacera entre familias bolivianas y paraguayas. El suceso dejó en claro que las mafias siguen actuando con absoluta impunidad. Una prueba de ello es que en Buenos Aires hay 1800 asentamientos y La Plata lidera el ranking con 200.

La Casa Rosada no dudó en apuntar por la responsabilidad del hecho al gobierno bonaerense y también le dedicó un dardo envenenado al kirchnerismo.

“Entendemos que es un tema estrictamente provincial, que atañe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el portavoz Manuel Adorni.  "Han hecho tanta publicidad del Estado y vemos gente matándose por un pedazo de tierra", agregó Adorni.

 Tanto Kicillof como el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, hicieron silencio de radio y evitaron pronunciarse sobre el enfrentamiento.

Con un tono de crítica más punzante, el dirigente del MTE, Juan Grabois, afirmó que “que en la Argentina haya personas muriendo por un pedazo de tierra para vivir debería avergonzar a cualquier dirigente de cualquier partido político”. En crítica al paquete de leyes impulsado por el Gobierno, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria agregó que “la necesidad y la urgencia debería ser esa: que haya tierra para los argentinos, no sacar normas para que la tierra argentina se pueda entregar a cualquier multinacional”.

Por lo que pudo saberse, en la tosquera conocida como 20 de Junio, en el barrio 8 de diciembre de González Catán, donde se desencadenó el ataque a tiros, se realizaba una reunión barrial de la que participaban integrantes de la comunidad boliviana y algunos ciudadanos peruanos. Todos asentados en forma irregular en esos terrenos con los llamados “delegados” de la zona, de nacionalidad paraguaya, quienes al parecer les habían vendido esas tierras tomadas a unas 100 familias.

En la reunión se produjo una discusión por dinero entre los habitantes del barrio y los “delegados”, en medio de la cual los asistentes se empezaron a amenazar.

Siempre de acuerdo a los trascendidos, en el grupo había tres paraguayos armados que, cuando la discusión subió de tono, comenzaron primero a disparar al aire y luego contra las personas del barrio que comenzaron a rodearlos.

Luego los agresores comenzaron a ir hacia la vera del río y al verse acorralados  por los vecinos les dispararon y escaparon.

El saldo fue de cinco personas asesinadas en medio del tiroteo y cerca de catorce heridos. Las víctimas fueron repartidas en distintos hospitales de la zona. “Mucha gente no quiere hablar, tienen miedo porque la Policía después les dice quiénes los denunciaron”, dijeron los vecinos.

Otras versiones dieron cuenta que en la asamblea se habló además de impulsar mejoras dentro de la toma y sumar la colaboración de parte del municipio. Esto habría molestado a los delegados, que manejan el barrio.

También se dio cuenta que la balacera ocurrió luego de que los vecinos se enteraron de que iban a hacer una plaza en un terreno que ya estaba habitado y que había sido revendido.

Hay que señalar que el barrio está usurpado hace más de un año. Otros moradores de la zona contaron que los compraron por valores que van desde los $30.000 hasta $100.000. Hoy, sin embargo, denuncian que las parcelas se comercializan hasta por $2 millones.

“Los venden, se los sacan y los vuelven a vender”, dijeron los vecinos a los medios en relación a los terrenos. “Y si vos querés vender por miedo, no te dejan. Si te vas les queda el terreno para que ellos vuelvan a vender”, explicaron.

Además, se señaló que les cobraban multas de hasta $100.000 a quienes compran y no habitan las casas y a aquellos que no participan de las asambleas. También por no cortar el paso o tener la vivienda sucia. Inclusive, les decían que parte de la plata que les cobraban era para pagar un abogado que estaba tratando el tema de las escrituras para legalizarlas.

“A mí me vinieron a amenazar para las fiestas, me hicieron cerrar la olla popular, se sentaron en casa conmigo y me dijeron que me abra porque me iban a romper todo”, dijo un hombre que vive allí.

Por otra parte, desde el Polo Obrero también se refirieron al tema, cuestionaron la falta de acción de la Policía bonaerense y criticaron el rol del gobernador. “La policía que siempre rodea el lugar, sospechosamente llegó varias horas después y por supuesto dejo hacer y permitió la fuga del lugar de los asesinos, mostrando una vez que son parte de las mafias que lucran con el narcotráfico, con la venta de tierras y con la trata de personas”, señalaron.

“Desde el movimiento piquetero venimos denunciando, ya desde la época del desalojo de miles de familias en Guernica, por parte de Kicillof-Berni, que la situación por la falta de tierras es desesperante para las familias de trabajadores, más aún, con los salarios miserables y los precios por las nubes”, agregaron.

En la provincia de Buenos Aires hay un intento de toma de tierras por semana. Es un registro oficial del ministerio de Seguridad bonaerense y detrás de las estadísticas están la miseria, las mafias, el negocio y la política.

En medio de esta complicada situación están los intendentes con las manos atadas. En el equilibrio que resulta de sus propias realidades, sin uniformidad de criterios. “Al no haber un marco normativo general y condicionados por la propia dinámica de la Justicia, a veces el problema nos excede”, mencionó un jefe comunal del sur del Gran Buenos Aires. Admiten por lo bajo, que existen componentes políticos y negocios, además de una pata del narcotráfico.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".