El escándalo del Chocolate gate quedó en orsai

El avance en la causa que ocurrió el último domingo, se dio por medio del sistema Tribuna Segura que permitió identificar a un barrabrava de Estudiantes de La Plata y uno de los titulares de los plásticos que utilizaba Julio “Chocolate” Rigau. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente desde noviembre del año pasado, de acuerdo con la publicación que realizó la ministra de Seguridad en un posteo que hizo en la red social X. A  este individuo lo atraparon porque fue identificado entre los simpatizantes que asistieron a ver el partido entre Estudiantes y Belgrano en La Plata.

El silencio político y la lentitud judicial frente al Chocolate gate, un flagrante acto de corrupción descubierto por el cobro de decenas de haberes de “ñoquis” y prestanombres, es apenas la punta del iceberg que no debe quedar en el olvido y obliga a reformular la mecánica de la Legislatura bonaerense para resguardar el dinero de todos los contribuyentes.

Como se observa,  la justicia ha detectado la existencia de barrabravas de Estudiantes y de otros clubes, que figuraban como empleados y ñoquis, con importantes contratos en la Cámara de Diputados.

El gobernador Axel Kicillof, que no tiene denuncias de corrupción y apenas lo rozó el caso del yate de Martín Insaurralde, no puede escapar a la obligación de limpiar esa cloaca donde sacaron tajada legisladores de todas las corrientes políticas y que hoy mantienen un silencio cómplice para que el escándalo no escale más y los salpique.

Otro dato a tener en cuenta, es que en los cuatro años del primer gobierno de Kicillof, la Legislatura bonaerense prácticamente no trabajó. Podría decirse con cierta mordacidad que, si hubiera desplegado mayor actividad, tal vez habría sido peor para los intereses de la provincia. Pero esa Legislatura, con un papel relevante por cumplir como institución contemplada por el orden constitucional de Buenos Aires, es demasiado onerosa para los contribuyentes como para admitir su ociosidad. Su lamentable comportamiento institucional de las últimas décadas la ha erigido en el símbolo más rotundo de la degradación política en la principal provincia de Argentina.

EL SISTEMA TRIBUNA SEGURA FUNCIONÓ: FUE ATRAPADO UN PRÓFUGO DE LA CAUSA CHOCOLATE RIGAU

En la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, durante el partido Estudiantes contra Belgrano, se logró atrapar a un prófugo con pedido de captura vigente desde el 23/11/2023 por la… pic.twitter.com/EKLGq3BiNJ

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 29, 2024

Por estas horas, la Justicia tiene en la mira una “caja negra” de $53 mil millones. Un informe de diputados de la oposición afirma que la Legislatura podría funcionar con un presupuesto de $8 mil millones. Hay mucha plata en juego. Si Kicillof le reclama más recursos a la Nación, bien podría poner el radar en rescatar esa masa obscena de dinero y que los responsables la devuelvan a las arcas del Estado provincial o se les embargue sus bienes personales.

El caso “Chocolate” Rigau destapó una olla a presión y el documento presentado por los legisladores de la oposición detalló pormenorizadamente los números con los que funciona la Legislatura bonaerense hoy en día. El cálculo va desde sueldos de legisladores y empleados hasta los gastos en materia de mantenimiento.

La cuenta total que calcularon Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico da un presupuesto final de $8.511.800.000. Ese es el número con el que, según los legisladores, la Legislatura bonaerense podría funcionar con normalidad, lo demás fue un robo bochornoso, lisa y llanamente.

El cálculo expone una diferencia exorbitante de $53.640.000.000 con el presupuesto actual, que es de $62.152.000.000. Por ello, en la denuncia le exigen al fiscal Juan Mennucci, titular de la UFI N°6 de La Plata -fiscalía donde cayó la nueva causa-, que investigue qué se hace con esa plata y si existen otros “Chocolate” Rigau.

Conviene señalar, que Juntos por el Cambio, la fuerza en estado de disolución que pudo haber triunfado en los comicios generales de 2023 ha perdido intendencias y también bancas en el Parlamento local. Ahora, la oficialista Unión por la Patria está en el Senado y en Diputados en una situación de mínima ventaja frente a la suma de escaños, en principio dispersos, de quienes fueron elegidos por JxC. La relación de fuerzas se ha modificado respecto de los últimos años, pero las viejas mañas de los legisladores permanecen intactas.

Resulta llamativo que tanto el massismo como la UCR y el Pro no reclamaron las imprescindibles explicaciones por el caso Chocolate. Eso lleva a pensar que hay mucha gente comprometida en el desfalco y que ocupa lugares mucho más determinantes en la estructura que el del puntero Rigau.

El gobernador ha logrado, después de algunas concesiones, la aprobación de la ley de impuestos para este año. Fue a mano alzada, sin que quedara registrada la identidad de cómo lo hicieron unos y otros. Un mal comienzo para la gestión,  cuando, además, siguen ausentes en dicho ámbito las voces que reclaman una limpieza a fondo después de haberse destapado el caso  Rigau, de quien se supo que cobraba por cajero los haberes de 48 empleados de la Cámara baja provincial, comprometiendo necesariamente a más gente, y a mucha con mayor gravitación política que la suya.

Un dato fresco para resaltar, es que luego de intensos idas y vueltas, que incluyeron hasta una amenaza de allanamiento, la Cámara de Diputados bonaerense aportó ante la Justicia un listado de unas 400 personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo.

La Dirección de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados se resistía a entregar los nombres argumentando que se trata de datos personales y que la información no tiene relación con el objeto de la causa que tiene como protagonista a Rigau.

La fiscal Betina Lacki venía reclamando la información desde octubre para investigar cómo se gestionaban los contratos de los supuestos ñoquis que dejaban sus tarjetas de débito para retirar el dinero en los cajeros automáticos.

Lacki hizo pedidos el 17 de octubre, el 24 de octubre, el 5 de diciembre, el 19 de ese mes, y el 28 de diciembre insistió con la nómina de todos los empleados de la Secretaría Administrativa, a cargo de Miguel Antonio De Lisi, un funcionario que llegó a ese puesto de la mano de Juan Pablo de Jesús, ex intendente del Partido de la Costa.

Federico Guillermo Atencio es el juez de Garantías que tiene a su cargo la causa que se instruye con motivo de la utilización irregular de esas tarjetas bancarias. En una resolución dictada en una instancia inicial del procedimiento, fue rotundo al destacar que el avance de la investigación podría develar “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.

La información que está llegando a la opinión pública confirma los dichos del magistrado. Hay videos que acreditan los movimientos y decenas de retiros de fondos por parte de Rigau –y no solo de él– de cuentas de terceros en cajeros del Banco de la Provincia, titulares formales de tarjetas bancarias que niegan esa titularidad o su uso, declaraciones testimoniales confusas, detalles del contenido del teléfono de uno de los involucrados en los que queda admitida una operatoria contraria a la ley, entre otros instrumentos de prueba son solo algunos de los elementos analizados en la causa.

Las pruebas parecen más que contundentes, lo cual hace que sea imprescindible avanzar en la recomposición de la Legislatura, que incluya una investigación profunda, una reorganización administrativa, la correspondiente racionalización de gastos, la profesionalización de cuadros técnicos y mecanismos internos de selección basados en criterios rigurosos.

Ciertamente, y aun considerando que la investigación que lleva adelante la fiscal Betina Lacki se encuentra en una instancia preliminar y que la información que le llega es insuficiente, al punto de que podría ordenarse un allanamiento a la Legislatura, se encontraría acreditada una modalidad de malversación de caudales públicos a partir de una estructura manifiestamente irregular de ese cuerpo legislativo.

La fiscalía enfrenta la reticencia y rebate argumentos sobre protección de datos personales y apunta contra el área de Personal para identificar a los legisladores que pidieron contratar a decenas de ñoquis y prestanombres cuyas tarjetas estaban en poder de Rigau. Claudio y Fabián Albini, que responderían al diputado massista Rubén Eslaiman, están presos al igual que Rigau, pero se presume que los verdaderos responsables estarían más arriba en la pirámide delictiva.

La investigación judicial se encuentra en curso y avanzando, por lo que se estima que habrá de ampliarse con la acumulación de elementos de prueba que, a su tiempo, permitan convocar al juicio y materializar la correspondiente sentencia determinando las responsabilidades, encuadrando las conductas en las figuras penales pertinentes y aplicando las penas que correspondan. Siendo así, podría decirse que, dentro del comprobado nivel de putrefacción, un fragmento institucional reacciona y actúa adecuadamente para impedir que siga avanzando la impunidad.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".