Luces amarillas con el aumento de marzo para los jubilados

Las luces amarillas indican que si en marzo se concede un aumento del 30%, los jubilados que ganan más que la mínima y que no recibieron el beneficio de los bonos,  este segmento estará perdiendo un 50% de poder adquisitivo. La inflación se los fagocita.

Esto significa que el aumento sería casi la mitad de lo que les corresponde, ya que la inflación acumulada de esos tres meses estaría en torno al 70%. Pero ese 70% se va efectivizando en el acto, mientras que el aumento de 30% empieza a regir a partir de marzo.

Al cierre de 2023, y luego de 6 años de fórmulas de movilidad perjudiciales, los jubilados han sufrido una licuación salvaje de sus haberes que ronda en promedio el 50%, con un castigo adicional  para los que han cumplido con los 30 años de aporte que exige la ley, o muchos más.

En la gestión de Alberto Fernández, los jubilados ya venían perdiendo frente a la inflación, pero ahora están viendo cómo ésta les empieza a sacar ventaja. La medida compensatoria para esta situación lamentable que vive el sector, es el otorgamiento del bono para las mínimas. Esta es la parte de la jubilación que el gobierno no necesita pedir permiso para ajustar. Lo decide el Ejecutivo según sus propias posibilidades e inclinaciones. Y se otorga solamente a las mínimas. Quienes cobran un peso más de la mínima y aportaron más durante su vida activa, no lo reciben. 

Frente a este cuadro de situación,  lo que termina ocurriendo es que prácticamente todas las jubilaciones se están convirtiendo en mínimas y se nivela hacia abajo, ensanchando peligrosamente la base de la pirámide.Frente a este escenario, el diputado Martín Tetaz advirtió:“No le comamos el 50% de las jubilaciones porque entonces al final es el ajuste más clásico y loco de la historia argentina, lo terminan pagando los jubilados".

Si se aprueba la fórmula que está motorizando el gobierno, las jubilaciones de aquí en más y para siempre van a ser entre 35 y 45% más bajas de lo que eran hasta noviembre del año pasado. Es una animalada, no hay manera de permitir eso”, concluyó el economista.

Un dato a tener en cuenta es que el promedio de reajustes durante el año pasado a todos los beneficiarios fue del 140%, mientras que la inflación nivel general fue de 211,4%. A eso hay que agregar que hay insumos vitales para el sector, como medicamentos, que tuvieron un incremento del 300%, lo cual hace que muchos jubilados se priven de comprar algunos remedios esenciales.

Otro factor a tener en cuenta es que la Canasta Básica de los pasivos arrojó en su última medición, publicada el 6 de octubre de 2023, un valor de 313 mil pesos, con gastos de vivienda. Si proyectamos ese monto aplicando el IPC nos encontramos con que en diciembre el valor aproximado de la Canasta sería de 500.000 pesos

Todas estas cuestiones hay que tomarlas como referencia para el cálculo del reajuste extraordinario, ya que los montos que cobraban los jubilados ese mes y que en febrero seguirán siendo exactamente los mínimos se dividen entre jubilaciones mínimas de $105.000, más el bono de $55.000, lo que arroja un total $160.000 de bolsillo y los haberes medios entre $170.000 y $180.000 pesos, sin ningún bono adicional.

Esto involucra a un universo de alrededor de dos millones de personas que ingresaron al sistema con treinta años de aportes o más.

La ecuación arroja que ni unos ni otros logran cubrir el 30% de su Canasta de Necesidades Básicas.

Para los entendidos en la materia, la única alternativa viable para los jubilados, debiera ser un reajuste de emergencia sobre la base del haber de diciembre de 2023 para todas las categorías, para compensar de este modo una parte de la catastrófica pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante 2023.

Según  señala, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad: "Hay que utilizar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) más recursos adicionales del Estado Nacional para rescatar a los siete millones de jubilados y pensionados que están sufriendo esta crisis humanitaria junto a casi un millón de personas con discapacidad, cuya pensión no contributiva equivale al 70% de la jubilación mínima, es decir que hoy cobran $85.000.

El FGS se conformó en 2009 con el residual de los fondos de las AFJP. Eran unos 100.000 millones de dólares entonces. La finalidad de ese Fondo, conforme a su ley orgánica, es auxiliar al sistema previsional ante la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios del mismo. Ninguna administración desde entonces lo utilizó a tal efecto.

Según informó el nuevo titular de ANSES, quedan actualmente 33.000 millones de dólares en el FGS, de los cuales el 70 por ciento son títulos y bonos diversos. Y, hasta donde sabemos, la iniciativa por trasladar esos fondos al Tesoro Nacional, todavía no fue retirada de la Ley Ómnibus, como ocurrió con la reforma de la movilidad.

Como se puede ver, la crisis del sistema es terminal. No hay que discutir movilidades y bonos. Hay que emprender una tarea de rescate para recomponer el haber jubilatorio a valores razonables para la subsistencia de una persona.

Para ello, se deberían utilizar tanto los fondos del FGS como recursos del tesoro. De lo contrario no solamente se están violando los derechos de millones de personas, sino que también se los está condenando a vivir y morir en la miseria.

Un diputado de un bloque aliado al gobierno apuntó: “La ley con un cheque en blanco en materia jubilatoria no va. Si no quieren fijar una indexación mensual por inflación queremos saber por qué”.

Antes que seguir desgastando los bolsillos de los jubilados, hay otras salidas para achicar gastos. Por ejemplo, existen 29 fondos fiduciarios, que son cajas negras de la política. Se trata de miles de millones de pesos que representan curros a desactivar, antes que seguir crucificando al sector pasivo.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".