Otro tiro al corazón de los haberes jubilatorios

Mientras tanto, la oposición se pone en guardia contra el empalme y empuja en Diputados el debate por una compensación mayor. En el radicalismo y Hacemos Coalición Federal consideran que el 12,5% extra es "insuficiente" ante el deterioro de los haberes y convocarán a funcionarios a la comisión del área, a principios de abril.

El Gobierno dará comienzo desde abril a un esquema distinto de actualización de las jubilaciones. Ese mes habrá un aumento extraordinario de 12,5% como compensación por el poder de compra perdido en los primeros meses del año, y además se sumará el IPC de febrero, que fue de 13,2 por ciento. Será el primer paso del camino de transición hasta julio, cuando comience formalmente el nuevo sistema de reajustes mensuales.

Puesto en números, desde el mes que viene la jubilación mínima pasará de $137.216 a $172.463 pesos. Con el bono de $70.000 escalarán a la zona de los 242.000 pesos. En mayo habrá una actualización por el IPC correspondiente a marzo, un dato que se conocerá a mediados de abril.

El bono de $70.000 continuará vigente y los haberes mínimos lo cobrarán de manera completa. 

Tal como habían adelantado desde Casa Rosada, la actualización estará basada en el Índice de Precios al Consumidor. Pero la publicación sorprendió al contradecir un comunicado oficial del viernes último. Al final, el ajuste por inflación llegará recién en el mes de julio. Mientras tanto, habrá un esquema de transición.

Esto va en contra de lo publicado por la Oficina del Presidente que aseguraba, el 22 de marzo, que “desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor”.

La actualización lineal por inflación, entonces, deberá esperar. Pero se compensa la transición con una serie de ajustes determinados por el decreto. Para abril, habrá un porcentaje de suba que será del 12,5%. Son dos puntos por encima de la propuesta inicial del ministro de Economía, Luis Caputo, que queda, sin embargo, por debajo del 20 por ciento que exigía la oposición. El nuevo esquema, edulcorado con la promesa de reparar daños, significa una pérdida adquisitiva de 25% de la jubilación mínima desde 2017 ya que no permitiría una recuperación del poder de compra.

El primer punto de referencia a tener en cuenta es la inflación que viene y los aumentos que se prometen: A todos los jubilados les dicen que se queden tranquilos, que les van a dar inflación. Sí, pero ¿cuándo? Arranca en abril, les recomponen el 12,5 por ciento, nada más.

Es decir, es un cálculo que, de manera precisa, deja fuera de las cuentas la inflación del 25,5% de diciembre y del 20,6% de enero. Y les recomponen 12,5. Y, luego, le aplican la inflación de febrero, que fue 13,2%, sostienen desde la vereda de la oposición.

El Centro de Economía Política Argentina calculó que las jubilaciones en abril quedarían 32,5 por ciento por debajo en términos reales respecto del primer trimestre de 2023; en febrero tocarían un mínimo de 53 por ciento (un recorte de 47 por ciento), comparado con el mismo trimestre. Y, finalmente, que los jubilados pueden aspirar, en el mejor de los casos, a que la pérdida se consolide en torno a 25 por ciento. 

La catástrofe en el sistema previsional tiene su explicación. En los últimos cinco años, se duplicó la cantidad de beneficiarios que reciben una jubilación sin haber realizado aportes al sistema.

La política de inclusión de los Kirchner produjo casi tres millones de nuevos jubilados para el sistema de reparto. De los 2 millones del inicio de la gestión de Néstor se pasó a casi 5 millones luego de la moratoria previsional y la apertura de la opción jubilatoria que culminó en el mandato de Cristina Fernández.

Un estudio del director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) Nadin Argañaraz, estimó que con el aumento jubilatorio dado este mes (27,18% de acuerdo a la fórmula trimestral automática), los haberes en promedio terminarán el primer trimestre del año con una pérdida de poder adquisitivo de 42% en comparación con los primeros tres meses del año anterior. Para el caso de los jubilados que cobran la mínima y que reciben el bono extraordinario que paga habitualmente Anses, esa pérdida contra la inflación ronda el 28 por ciento.

Los primeros análisis sobre el funcionamiento de esa fórmula y el efecto que tendría sobre los haberes muestra que en un escenario de desaceleración de los índices de precios, las jubilaciones podrían recuperar poder de compra, pero que no conseguirían recomponer buena parte de lo que perdieron desde 2017. A fines de ese año el gobierno de Mauricio Macri aprobó en el Congreso la fórmula que luego reemplazó Alberto Fernández y que el DNU de Javier Milei buscará eliminar.

Según los especialistas en cuestiones previsionales, el 2024 “sería el sexto año consecutivo en el que los jubilados volverían a perder (en 2020 tuvieron una mejora real respecto a 2019). Recién en 2025 mejorarían su ingreso real respecto al año 2024, pero quedarían abajo del año 2017. Los jubilados que no cobran bonos serían los más perjudicados, con una pérdida de poder adquisitivo del orden del 40%.

Tan solo entre 2020 y 2023, la inflación fue de 1146%. Hoy competimos en el podio con países como Líbano, Turquía y Venezuela. Pero los ingresos, en contrapartida, avanzaron entre el 590% y 743%. El deterioro de la capacidad de compra es evidente. Si solo tomamos 2023 el deterioro superó el 37%.

Conviene recordar que hace más de una década, cuando la presidente Fernández de Kirchner incorporó al sistema de reparto a millones de personas más que podrían tener derecho a algún tipo de beneficio social (como amas de casa o adultos mayores sin aportes) del mismo modo a los que habían aportado a lo largo de décadas la ecuación se desequilibró. Detenernos en ello es crítico. No porque los incorporados en moratorias no merecían beneficio alguno ni un sistema de protección, sino porque igualó al resto de los trabajadores que habían aportado al sistema con su salario durante años. También se le adjudicaron bonos extras a los de la mínima y se castigó a los otros, que son los que aportaron durante años fortaleciendo el sistema. 

En síntesis, y como ello deriva ,en mayor gasto (sustentado históricamente con la maquinita que imprime para respaldarlo alimentando así al monstruo inflacionario) ello devino en una erosión total y absoluta de las jubilaciones que fueron niveladas para abajo. En otras palabras, por querer presuntamente “ayudar” a una parte, terminaron perjudicando a todos.

En 2017, cuando el gobierno de Macri tuvo la voluntad política de modificar la fórmula jubilatoria no solo para que ésta no dependa de la discrecionalidad del gobierno de turno -ya que se actualizaba a voluntad del Poder Ejecutivo cada seis meses en base a lo recaudado- sino que se actualice automáticamente cada tres meses por encima de la inflación el peronismo y la izquierda respondieron con el gordo mortero y con 14 toneladas de piedras arrojadas al Congreso.

Cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada prometió llenar las heladeras. Pero en lugar de ello, se sancionó una ley de emergencia que incluyó facultades (ahí no había escándalo alguno por delegar facultades) para que el ejecutivo pudiera manipular las prestaciones jubilatorias borrando de un plumazo lo logrado en diciembre de 2017. Los incrementos discrecionales otorgados por el Gobierno a los jubilados fueron inferiores a los que les habrían correspondido según la fórmula de 2017, y para colmo no todos los aumentos superaron la tasa de inflación. Hay que decirlo a tambor batiente que el kirchnerismo también utilizó a los abuelos como variable de ajuste.

Frente al descalabro económico que dejaron Alberto, Cristina y Massa, resulta perentorio actualizar la fórmula de movilidad de modo tal que haga justicia a aquellos que ya no pueden sumarse a la fuerza laboral y han aportado a lo largo de su vida con esfuerzo. 

El radicalismo buscará tratar en comisión el proyecto para mejorar los haberes jubilatorios. En la UCR creen que es positivo que las jubilaciones se actualicen con la inflación, pero consideran que debe haber una recomposición mayor a la anunciada por el gobierno.

El titular del radicalismo en Diputados, Rodrigo De Loredo consideró "insuficiente como empalme para recomponer el empobrecimiento de los haberes" el 12,5% anunciado por el gobierno de Javier Milei.

Esperemos que en esta ocasión y a la hora de impartir justicia para los adultos mayores, el Congreso encuentre disposición al cambio en lugar de 14 toneladas de piedras.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".