Paro recargado, con luces y sombras para la Ley Base y el Pacto de Mayo

Si la medida de la CGT logra suficiente contundencia, lo que más inquieta a la Casa Rosada, es que los sindicalistas puedan influir en sabotear la votación en el Senado de la Ley Bases y algunos gobernadores se envalentonen en firmar el acuerdo con el gobierno. Por eso no se descartan reuniones con algunos líderes cegetistas. En esta instancia,  Guillermo Francos, el ministro del Interior, aparece como principal interlocutor de la movida.

Estimaciones privadas señalan que podría haber una pérdida de hasta 1500 millones de dólares para el país si hay un acatamiento generalizado a la medida de fuerza; con 30% de adhesión, serían US$450 millones, demasiado golpe para una economía sumergida, que pugna por salir del pantano cuanto antes.

Hay que reconocer que el Gobierno mandó buenas señales al sector sindical para aquietar las aguas. Por ejemplo, cedió con los artículos que incomodaban en la reforma laboral, en especial la cuota sindical, y homologó la paritaria de Camioneros. Sin embargo, la CGT ratificó  el paro previsto para el 9. En la mesa chica del poder están convencidos de que la decisión de mantener la convocatoria está motivada por la notable cercanía de Pablo Moyano con el kirchnerismo y, en particular, con su interna de poder en la central sindical donde quiere imponer la política del látigo.

Más allá de la preocupación del oficialismo  por el daño económico que pueda provocar la medida, inquietan también las consecuencias de la presión sindical en el Senado, donde se llevará a cabo la prueba de fuego final para la Ley Bases que los libertarios buscan desesperadamente aprobar antes del 25, para que se firme el Pacto de Mayo en el mejor de los climas de convivencia política. Los votos están contados y tienen abiertos varios frentes. Uno de los principales, además de la resistencia de los patagónicos a la restitución del Impuesto a las Ganancias, es justamente la reforma laboral.

Mientras cuentan voluntades, en la Casa Rosada no descartan que los senadores de la oposición logren una mayoría para rechazar uno o varios capítulos, lo cual implicaría que el proyecto regrese a la Cámara de origen. Esto representaría un retraso en el apretado cronograma político del Gobierno. Ante la incertidumbre reinante, en Balcarce 50 decidieron avanzar con los preparativos para el Pacto de Mayo de todas formas para celebrarlo sin demoras el 25, más allá de que la ley esté o no previamente sancionada.

El asesor presidencial Santiago Caputo quiere darle mayor institucionalidad al evento  condecorando con la Orden de Mayo que se le entrega a extranjeros, a los gobernadores que firmen el pacto . En el operativo seducción, tienen listas las medallas y deben sacar un decreto para habilitar su entrega para mandatarios provinciales.

Milei decidió no invitar a todos los gobernadores, entre ellos a Kicillof y condicionar la convocatoria a la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. “Los que se porten bien con el Gobierno van a estar invitados. Hay que votar la ley y después ver cómo se posicionan”, señalan las espadas libertarias.

El Gobierno analiza además convocar previo al pacto a una comisión de los ministros provinciales para delinear los detalles previsionales, tributarios y económicos que se firmaría el 25 de mayo.

El escudero del gobierno en todas las tratativas, es nuevamente el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien desde su despacho de la Casa Rosada lleva las negociaciones con la corporación sindical prácticamente desde el inicio del mandato. De hecho, fue en uno de los salones de su ministerio, el de los Escudos, donde se llevaron a cabo las dos últimas charlas con los principales referentes gremiales.

De todas maneras, los libertarios se cuidan de no mostrarse demasiado flexibles. Por caso, Francos minimizó la marcha por el Día del Trabajador con una chicana. “Espero que el próximo 1ro de mayo sean muchos más los trabajadores que salgan a festejar”, dijo sobre la  marcha. Y agregó que intentará desactivar la medida de fuerza prometida para el 9 de mayo y que ratificó el intransigente  Pablo Moyano.

Será la segunda vez que el gobierno busque detener una medida de fuerza de los trabajadores. La primera había sido en febrero, sólo tres meses después del inicio de la administración libertaria. Pero aquella aventura dialoguista, a pesar de sus charlas presenciales con Gerardo Martínez de la UOCRA, no dio frutos. Esta vez encuentra al gremio con el drama de que 180 mil trabajadores constructores están cobrando este mes la última cuota del fondo de desempleo por la paralización de la obra pública.

No obstante, en Balcarce 50 creen que las perspectivas de un acuerdo se presentan más auspiciosas. Más allá de las declaraciones en público, aseguran que los “canales de diálogo” siguen abiertos. Y prometen que a pesar de que Moyano, que no asistió a ningún cónclave en la Casa Rosada, sigue en una postura dura, continuarán con las convocatorias a otros dirigentes de peso. Aún no hay fecha confirmada ni nombres, pero no se descarta que haya conversaciones presenciales para la próxima semana, en paralelo al debate en comisión en la Cámara alta. Como señal de querer desactivar la bronca y darle una buena señal a la clase trabajadora, el gobierno postergó la suba de tarifas.

La estrategia del oficialismo, también consiste en revolver la olla y exacerbar la interna cegetista. Hace dos semanas pasó desapercibido otro encuentro, en Casa Rosada, que si bien fue menos concurrido, el Gobierno tomó como señal de predisposición de una parte de la dirigencia. Fue con Omar Maturano, el jefe de los maquinistas de trenes (La Fraternidad) y el remisero Alejandro Poli. “Ellos tienen una disputa propia que tiene que ver con otra cosa, con una lucha de poder. Los que están motorizando el paro son tipos como Palazzo y Moyano, es algo político. Pero hay gente con la que se puede hablar y se sigue hablando”, reveló una de las espadas de Milei y admitió que buscarán inmiscuirse en las entrañas de la dividida central obrera. La moneda está en el aire.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".