Ordenaron 27 allanamientos contra organizaciones sociales por supuesta extorsión a beneficiarios de planes

LA EXTORSIÓN TIENE CONSECUENCIAS

Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas.
Todo esto es información que… pic.twitter.com/4uxO5Yv8x8

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 13, 2024

Luego de recibir varios llamados a la línea 134 que había dispuesto el Gobierno por el paro nacional de la CGT, la Justicia ordenó 27 allanamientos contra dirigentes de varias organizaciones sociales por presunta extorción a beneficiarios de planes. Entre los líderes incluidos, están involucrados el Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, según lo dio a conocer el ministerio de Seguridad de la Nación.

Luego del pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó estas inspecciones. Además, pidió que los dirigentes de estas organizaciones sociales declaren por los hechos que están siendo investigados, informó Radio Mitre en su web.

Cabe señalar que la investigación está a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA). Fuentes oficiales del caso revelaron que “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción de dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

De qué se acusa a los dirigentes de organizaciones sociales

De acuerdo a las fuentes oficiales, “se desprende de las pesquisas que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero”. Es por esto que se “solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios”.

De esta manera, se busca “determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”.