
por Fabricio Moschettoni, editor de ImpulsoBaires / Twitter @FMoschettoni
“La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”, decía el mensaje publicado en el atardecer de ayer por la Oficina del Presidente, en medio de los disturbios que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La denuncia, tratándose de la máxima cuenta en redes sociales de la comunicación oficial, no puede quedar en un simple intercambio de posiciones a favor o en contra de determinadas acciones en el juego de la democracia, porque se trató, justamente, de una advertencia sobre el intento de ruptura del orden constitucional.
¿Quién intentó el Golpe de Estado?, ¿En dónde están los grupos terroristas?, ¿Desde cuándo operan en el país?, ¿Son locales o tienen alguna conexión internacional?, ¿Quiénes lo integran?, ¿Cómo fue el modus operandi utilizado?, ¿Se tenía alguna información de inteligencia previa?, ¿Son organizaciones que están desarticuladas o siguen constituyendo una amenaza?, ¿Hay algún factor de poder, institucional o no, que tenga algún grado de complicidad?, son algunas de las preguntas que los argentinos necesitamos una respuesta.
Si en verdad existió un intento de Golpe de Estado, y si existió la articulación de presuntos grupos terroristas, o células terroristas, estamos en una instancia de gravedad institucional muy seria, similares a los desafíos a los que tuvo que enfrentar la democracia recuperada de los Ochenta. En ese caso, el gobierno nacional, a partir del presidente o en su defecto del Jefe de Gabinete, tuvo que mantener una comunicación y llamado urgente a los titulares de todos los partidos políticos argentinos, las autoridades del Congreso debieron llamar a los presidentes de las bancadas para una reunión de máximo nivel, se tendría que haber dado aviso urgente a todas las sedes diplomáticas, entre otras cuestiones.
Por lo que el mensaje oficial dice, la democracia estuvo en peligro, por lo tanto, no puede ni debe pasar como una situación menor. Es imperiosa la necesidad de encontrar respuestas.
El Jefe de Gabinete, junto a las autoridades de inteligencia y seguridad, deben concurrir de inmediato al Congreso para hacer un informe detallado sobre el episodio, ya sea mediante la constitución de la comisión bicameral de Inteligencia, o mediante encuentros reservados si es que la información es sensible.
En tanto, se espera también que los partidos políticos organizados se expresen institucionalmente, que reflexionen sobre el tema, que pidan respuestas, que emitan posiciones, que convoquen a sus seguidores para estar en alerta hasta que la amenaza, si existió, quede disipada.
A más de cuarenta años de democracia, los argentinos debemos ser enérgicos para condenar estas situaciones, pero también necesitamos saber toda la verdad.
Los presuntos autores del intento golpista, además, deben ser acusados con la legislación que más encuadre para el caso, y posiblemente sea la Ley de Defensa de la Democracia, número 23.077.
Esperemos que la denuncia no quede en el olvido, que no se banalice la cuestión porque no se trata de un simple hecho, se está hablando de un Golpe de Estado, de un golpe institucional, de romper con nuestro sistema de gobierno, de nuestra forma de vida.
Hasta que no haya una información clara y contundente, hasta que los responsables no estén debidamente identificados, apresados, juzgados y condenados, hasta que no tengamos la certeza de que, de haber existido, se destruyó esa constelación de células que fueron llamados como “grupos terroristas”, no podemos descansar.
Los argentinos tenemos que cerrar filas con las autoridades constituidas, más allá de que nos gusten o no, porque son el producto de nuestra democracia, de esa “puerta a la vida” que quedó abierta en 1983 y que nos juramos no cerrar nunca más. Que se haga justicia.