Al “Plan 1000 cuadras” de Alak le surgieron un abanico de dudas presentados por el PRO: doble imposición, legalidad y transparencia en la información

El “Plan 1000 cuadras” es impulsado por el intendente Julio Alak en donde se prevé un contrato donde los vecinos deberán pagar el 95% del costo de la obra, desde asfalt0 hasta luminarias y parquización de su cuadra, aunque si bien es importante una coexistencia pública y privada, desde el PRO se ofrecieron una serie de mejoras a la iniciativa que no fueron aceptadas.

En ese marco, la concejal Lucía Barbier, dijo: “he propuesto modificaciones fundamentales para que este plan sea integral, equitativo y justo; evitando doble imposición a los vecinos que ya pagan altas tasas para el mantenimiento urbano y ejecución de obras”.

COMISIÓN CONJUNTA DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.
El oficialismo de UxP despachó el "Plan 1000 cuadras", un contrato donde los vecinos deberán pagar el 95% del costo de obras: desde el asfalto hasta la luminaria y
parquización de su cuadra.
Este Proyecto es un modelo de… pic.twitter.com/Yr7g5gqnzH

— Lucía Barbier (@lucia_barbier) August 14, 2024

“Los sistemas de financiamiento público-privados son válidos como premisa, pero si no existe coherencia y es simplemente un item más de una fiebre recaudatoria pierde su esencia”, indicó.

En cuanto al problema de la doble imposición, en un extenso informe técnico, Barbier expuso: “la introducción de un nuevo esquema de Contribución por Mejoras en el marco del Plan 1000 Cuadras, teniendo en consideración la carga fiscal que recae sobre los vecinos, nos compele a cuestionar la necesidad de imponer cargas adicionales sin una revisión exhaustiva del contexto fiscal, y más aún, del contexto de crisis económica actual que atraviesa la sociedad”.

“Ante este panorama, se hace cuestionable y potencialmente injusto sumar nuevas cargas a vecinos que durante años aportaron a un sistema que hoy le reclama un nuevo esfuerzo fiscal y, que no hace más que evidenciar una falencia en la administración y ejecución de políticas públicas”, indicó.

Agregó: “la evidente doble imposición respecto de las Tasas anteriormente mencionadas, no solo toca aspectos de legalidad y justicia fiscal, sino que también repercute profundamente en la equidad social”.

“El sistema de Contribución por Mejoras puede resultar absolutamente inequitativo si no se lo elabora dentro de un plan integral, dado que potencia aquellos barrios donde los vecinos tienen posibilidades económicas de financiar obras, profundizando las desigualdades entre distintas zonas de la ciudad”, puntualizó la concejal.

Afirmó en la misma línea: “esta imposición adicional puede ser interpretada como un esfuerzo por compensar deficiencias administrativas mediante cargas desproporcionadas sobre los contribuyentes. No es aceptable que, en lugar de abordar las falencias estructurales con soluciones adecuadas, se recurra a imponer nuevas cargas que desatienden el principio de proporcionalidad. En este contexto, la introducción de cargas adicionales podría resultar no solo onerosa, sino también desalentadora para los contribuyentes”.

“Este impacto negativo puede llevar a una disminución en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, socavando la estabilidad fiscal del Municipio. Es imperativo que la introducción de nuevas contribuciones sea precedida por una evaluación exhaustiva y equitativa de la carga tributaria existente. Debemos explorar alternativas de financiamiento que no aumenten la presión sobre los ciudadanos, como la diversificación de fuentes de ingresos, la obtención de fondos externos, o la utilización de mecanismos de crédito favorables”, dijo.

También se apuntó a la falta de transparencia en la información pública sobre datos financieros de la Comuna: “la ausencia de datos claros y completos sobre los ingresos provenientes de diversos fondos provinciales, como el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y, de fondos nacionales como el programa "Argentina Hace", plantea un obstáculo significativo para una evaluación adecuada de la necesidad y viabilidad de las nuevas imposiciones fiscales”.

“Hasta la fecha, no hemos recibido información detallada sobre el origen y destino de los ingresos municipales, lo que impide una comprensión integral del panorama financiero del Municipio”, dijo.

En tanto, otros capítulos del informe apuntan a la falta de planificación integral para la obra, e incluso al marco de legalidad que debe tener.

Llamativas exclusiones

En tanto, en un apartado, el informe de Barbier indica: "el Anexo II del proyecto, al excluir implícitamente extensas áreas del partido sin una justificación adecuada, tales como Abasto, El Peligro, Romero, Etcheverry, Olmos, Arana y muchas otras delegaciones, pone de manifiesto una grave carencia en la planificación estratégica exigida".

"Este enfoque restrictivo no sólo revela una falta de visión integral, sino que también perpetúa desigualdades y vulnera el principio de igualdad", dice.

"Excluyendo amplias áreas sin una razón sólida, se comete una injusticia que afecta a sectores enteros de nuestra ciudad. Este método fragmentario de planificación no considera adecuadamente la interconexión y las necesidades reales de cada zona, resultando en una infraestructura desbalanceada que puede generar disparidades significativas en el acceso a servicios fundamentales. Es inconcebible que el futuro urbano de nuestra ciudad sea definido por una planificación tan limitada y excluyente", destaca.