Las prioridades platenses siguen siendo seguridad, desarrollo productivo y aeropuerto, pero la casta política mira sus privilegios

A excepción de los ediles Nicolás Morzone (PRO), Florencia De Feo (LLA) y Guillermo Bardón (LLA), el resto de los representantes del pueblo votaron un presupuesto comunal que necesitará $ 302.356 millones para dar respuesta a la creación de 25 secretarías, gastos inexplicables como $ 1000 millones en catering por parte de una secretaría, o más de $ 380 millones en boligoma y papeles por parte de otra dependencia; demás de $ 40 millones en alquiler de drones para promociones y difusión, pautas publicitarias importantes en sintonía con un año electoral, y cuestiones de esa naturaleza.

A fines de agosto de este año, Impulso Baires publicó una encuesta de DC Consultores, dirigida por Aníbal Urios, sobre 970 casos a dispositivos celulares de los vecinos platenses, en donde para el 40.6% la prioridad eran obras que garanticen más seguridad, en tanto que el 21.8% solicitaba la apertura del aeropuerto, y el 23.5% reclama un plan de desarrollo productivo. Los ítems que sostiene la política platense van con menos fuerza: 12.3% el Plan Mil Cuadras, y 1.8% el arreglo de plazas.

Consultado Urios sobre las prioridades en la agenda, sostuvo que “siguen siendo las mismas” al concluir el primer año de gestión de Julio Alak, aunque, sin embargo, la política tradicional no atiende estos requerimientos.

En virtud de lo expuesto, los platenses reclaman obras que generen trabajo. El aeropuerto significa conectividad, pero también dinamizar el mercado de inversiones directas sobre la puesta en marcha de sus operaciones, y también indirectas, con hotelería, gastronomía, áreas comerciales y de servicios.

También un plan de desarrollo productivo implica generar el diseño de una nueva matriz económica, para superar los problemas en generación de puestos de trabajo, incluyendo nuevas economías y dando respuestas fehacientes al cinturón hortícola, a las pymes para ayudarlas a exportar, y al comercio local.

En efecto, como se puede comprobar, el 40% de los platenses quieren que el gobierno local invierta en mecanismos que generen producción y empleo, y que las obras que se hagan encuentren ese camino.

También las obras de seguridad que están paralizadas son un requerimiento importante. Las garitas en plazas fueron desmanteladas y abandonadas, no se conoce si se prosiguió con la inversión en fibra óptica, falta iluminación en paseos públicos y en las calles, y no hay anuncios sobre inversión en drones para prevención de seguridad.

La gestión de Julio Alak, en tanto, insiste con tres plazas que costarán 8 millones de dólares, mientras las prioridades vecinales son otras. Pero también los bloques legislativos de la UCR, el PRO a excepción de Morzone, y el PRO-LIBERTAD, que se encolumna con el funcionario del ministerio de Seguridad de la Nación, Juan Pablo Allan, tienen una responsabilidad directa porque acompañaron con su voto la aprobación de un presupuesto que premia a la política y castiga a los vecinos.