
por Redacción
Según explicó el proyecto de ordenanza presentado el viernes, “tiene como objeto la creación de un “Régimen regulatorio para la entrega directa de Beneficios Sociales” otorgados por cualquier repartición del Departamento Ejecutivo municipal, prohibiendo la participación de terceros intermediarios, representantes de organizaciones sociales y todo tipo de personas físicas o jurídicas de derecho público y privado que sean ajenas a las autoridades estatales municipales, de los procesos de entrega de los beneficios sociales”.
Morzone siguió fundamentando: “esta iniciativa tiene como fin inmediato evitar una posible discrecionalidad en las entregas y la tergiversación de sus fines legítimos. Actualmente, en muchas oportunidades los beneficios son otorgados y controlados a través de organizaciones sociales y/o políticas partidarias que se encargan de entregarlos a sus destinatarios finales, posibilitando el desvío del fin específico del beneficio otorgado, y consecuentemente vulnerando los derechos de las personas y familias destinatarias de tales beneficios. Asimismo, vemos cómo esta metodología de entrega es utilizada como meros instrumentos de presión de aquellos grupos y organizaciones”.
“Ante ello, el presente proyecto busca prescindir de la intervención de los terceros intermediarios a efectos de imposibilitar que sea utilizado como herramienta extorsiva sobre los beneficiarios, ya que a menudo se les exige como condición sine qua non para el otorgamiento del beneficio, determinados retornos económicos a las organizaciones en las que forman parte, como así también, que ejecuten actos que ponen en peligro la convivencia democrática”, puntualizó.
Luego dijo: “resulta sumamente relevante destacar que, no se busca cercenar el derecho a la asignación de beneficios sociales, sino que sea ejercido de manera tal que no vulnere los derechos de los beneficiarios por la falta de control y la injerencia de terceros intermediarios representantes de las organizaciones sociales, prohibiendo así su marco de actuación”.
“Asimismo, consideramos que los beneficios sociales y/o políticas relacionadas, tienen que tener como fin último la reinserción en el mercado laboral y no permanecer en el largo plazo, ya que cuando se prolongan indeterminadamente en el tiempo, debilitan el tejido social y achatan la pirámide de estratificación social de manera descendiente”, indicó el legislador local.
Luego dijo: “debe quedar claro que el problema surge a partir de la existencia de este tipo de intermediarios que actúan como "gestores" de beneficios sociales. Esta práctica reduce los recursos económicos destinados a familias en situación de vulnerabilidad, cuyo acceso a alimentos, medicamentos o educación ya de por sí muchas veces resulta limitado. Para ello debemos garantizar que las entregas de los beneficios otorgados por el Municipio, realmente lleguen a las manos de quienes lo necesitan. La presencia de intermediarios corrompe el vínculo entre el Estado y los ciudadanos, erosionando la confianza misma en las instituciones”.
“Los ciudadanos, ante la falta de protección institucional, optan por no denunciar por miedo a represalias, lo que consolida estructuras de poder paralelas que desafían la gobernabilidad democrática. Ante ello, se propone la creación de un canal de denuncias anónimas ante estos sucesos”, concluyó.