
Cuestión social
por Redacción
El decreto generó un fuerte rechazo de las centrales sindicales, especialmente la CGT, que presentó un amparo judicial argumentando que la medida limitaba arbitrariamente el derecho a huelga, imponiendo niveles mínimos de prestación que hacían inviable la protesta.
Los gremios sostienen que la norma viola el artículo 14 bis de la Constitución y diversos tratados internacionales que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.
Por ahora, la Justicia ha decidido frenar el impacto del decreto hasta que haya una resolución definitiva.