Los platenses pagamos mucho y recibimos poco

Es el mismo reclamo que la provincia de Buenos Aires le hace al Estado nacional cuando, por cada peso que aporta, recibe apenas $0,57. Pero en el caso de La Plata, es aún más grave: por cada peso que aportamos a la provincia, apenas vuelven $0,20. Esto demuestra que la falta de obras o políticas públicas no se explica solo por malas decisiones: es consecuencia directa de un sistema injusto, centralista y desigual.

Durante 2024, La Plata generó más de 349 mil millones de pesos en recaudación tributaria para la provincia. Esto equivale a casi un presupuesto y medio del total previsto por el Ejecutivo municipal para 2025. Sin embargo, solo recibió 79 mil millones por coparticipación. ¿Qué significa esa diferencia? Que con esos recursos podríamos haber asfaltado 750 kilómetros de calles, comprado 6.000 patrulleros o reconstruido 90 veces la Plaza San Martín. Sin embargo, seguimos viendo barrios sin agua, sin cloacas, con calles oscuras, con inseguridad, y con escuelas cerradas por falta de gas o con ventanas que se caen al piso.

Esta situación no es casual. La Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires fue sancionada en 1958 por un gobierno de facto y nunca fue reformada. Refleja un modelo de municipio subordinado, pensado para un país centralizado, en el que las decisiones se toman lejos de donde están los problemas. Y a pesar de que la Constitución Nacional —desde su reforma de 1994— reconoce expresamente la autonomía municipal en sus cinco dimensiones (institucional, política, administrativa, económica y financiera), la provincia de Buenos Aires sigue sin adecuar su marco legal a ese mandato. Esto no es solo una deuda institucional: es una decisión política. Y es una de las principales causas de los problemas estructurales que arrastra La Plata.

Peor aún, cuando los fondos finalmente llegan, muchos lo hacen con afectación específica: condicionados a usos definidos desde arriba, sin considerar las prioridades reales de la ciudad. Como ocurrió con los fondos destinados a la remodelación de las plazas céntricas, en compensación por la tasa de capitalidad. Eso no es autonomía: eso es tutela.

Según la séptima edición del Indicador de Integración y Desarrollo del Gran La Plata, presentada el pasado 11 de junio de 2025, más de 260.000 personas viven actualmente en asentamientos en nuestra región, de las cuales más de 30.000 son niños de hasta 9 años y otros 35.000 son adolescentes de entre 10 y 18 años. El relevamiento, realizado a lo largo de 2024 en más de 260 barrios, reveló una grave carencia de servicios esenciales: el 90% carece de red cloacal, el 80% no cuenta con gas natural y el 70% no tiene acceso seguro a la electricidad. Sin otro diseño institucional no vamos a poder revertir esta situación, y los platenses aportamos recursos suficientes para hacerlo.

A contramano de lo que ocurre en otras capitales provinciales —de Córdoba a Ushuaia— que ejercen autonomía plena y planifican su desarrollo con recursos propios, La Plata sigue atada a un régimen opaco, discrecional y profundamente injusto.

Incluso el Poder Judicial ha empezado a marcar límites. En el fallo FESIMUBO c/ Provincia de Buenos Aires (2018), la Suprema Corte bonaerense sostuvo que, aun dentro del marco legal vigente, la Provincia no puede avasallar la autonomía municipal en temas como la gestión del empleo público. Esa doctrina reconoce que los municipios no son delegaciones administrativas, sino gobiernos locales con legitimidad propia.

Más recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Intendente de Castelli c/ Provincia de Buenos Aires (2022), reafirmó que los municipios tienen derecho a ejercer autonomía plena conforme al artículo 123 de la Constitución Nacional, y que las provincias deben garantizar ese derecho con el mayor grado posible de autogobierno. Si bien la Corte entendió que el caso debía resolverse en la justicia provincial, dejó en claro que la omisión legislativa puede ser una violación constitucional. El mensaje es claro: el reclamo por autonomía no solo es legítimo, es exigible.

Frente a este escenario, desde AHORA La Plata proponemos una salida concreta: avanzar hacia la autonomía municipal funcional, administrativa y fiscal. No es solo una consigna: es una necesidad. Queremos que los recursos que generan los platenses se usen para resolver los problemas de los platenses. Que las prioridades de inversión pública las decidan los vecinos, no un burócrata de Capital Federal o de La Matanza.

Por eso vamos a dar un paso más: el 7 de septiembre impulsaremos una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere que La Plata tenga autonomía. Buscamos un mandato claro, democrático y directo para discutir en serio la reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el régimen de coparticipación provincial. No es un gesto simbólico: es construir la legitimidad ciudadana necesaria para cambiar un sistema que hoy perjudica a nuestra ciudad.

Porque La Plata no puede seguir pidiendo permiso para resolver sus propios problemas. Porque ya es hora de que la capital de la provincia tenga los recursos y las herramientas que necesita para planificar su futuro.

La Plata tiene historia, talento y fuerza. Lo que necesita es que le devuelvan lo que es suyo. Y eso, sencillamente, se llama autonomía.

*Pablo Nicoletti, presidente de la UCR de La Plata. Integrante del espacio "Ahora".