Reestructuración del transporte terrestre: paso por paso, todas las reformas del Gobierno

El Gobierno Nacional avanza en una profunda reestructuración del sistema de transporte terrestre y seguridad vial en la Argentina. Por medio de un decreto presidencial se establecerá la disolución de tres organismos estatales, la transformación de uno de ellos en una nueva agencia y la reducción de otro.

En un nuevo paso hacia la desburocratización del Estado y la administración eficaz de los recursos de todos los argentinos, por decisión presidencial se disuelven la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV).

A su vez, se creará la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos, resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que se concentrará en funciones que requieren de autonomía funcional y operativa, a la vez que acumulará facultades de los organismos disueltos.

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto y pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación que limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil, para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Por último, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía absorberá funciones de los organismos disueltos, será responsable de la confección de normas y recomendaciones generales para la mejora del transporte terrestre y seguridad vial en todo el país y para la articulación de políticas públicas entre las distintas jurisdicciones. A su vez, será responsable de una de las unidades organizativas en las cuales se distribuyen las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad. La otra unidad administrativa estará en otra área dentro del Ministerio de Economía.

La decisión tomada por el Gobierno Nacional responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento del Estado, siguiendo los lineamientos propuestos por el presidente Javier Milei y por el trabajo realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Se propone realizar una gestión más eficiente, ágil y transparente, reduciendo costos operativos, eliminando duplicidades y concentrando funciones estratégicas bajo un esquema profesionalizado y controlado.

Con la disolución de estos tres organismos se eliminan cajas de la política y estructuras administrativas que, con el tiempo, fueron incrementando sus gastos para sostener personal y tareas que hoy resultan innecesarias gracias a los avances tecnológicos y a las medidas impulsadas a través de la desregulación del transporte.

Así, se busca optimizar recursos y potenciar estructuras administrativas y legales, que podrán dar continuidad a funciones que anteriormente estaban duplicadas o triplicadas y distribuidas entre varios organismos, pero ahora bajo un esquema simplificado, generando así un ahorro significativo para el Estado.

Nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte

Se creará como resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía responsable del control de la fiscalización de concesiones viales, ferroviarias y del transporte automotor de jurisdicción nacional; la aplicación de sanciones y promoción de acciones civiles o penales en caso de incumplimientos; la recepción de reclamos de usuarios y emisión de recomendaciones técnicas; y la intervención en accidentes ferroviarios.

Está orientada a perfeccionar la estructura estatal, con el objetivo de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la fiscalización de los servicios públicos de transporte. Se centrará en la verificación del cumplimiento normativo y contractual, y tendrá poder sancionatorio.

Además, recepcionará, gestionará y brindará seguimiento de quejas, reclamos y denuncias de los usuarios.

Así, se garantizará una administración más eficaz y transparente de los recursos públicos en materia de transporte y se fomentará la seguridad del sistema.

Distribución de funciones de los organismos disueltos a nuevas agencias y organismos existentes

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se reestructura y pasa a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte que se focalizará en la verificación del cumplimiento normativo y contractual, y en la investigación de los accidentes ferroviarios; el resto de las funciones de la ex CNRT pasarán a la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto y pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Las funciones inherentes de la JST a la investigación técnica de sucesos automotores serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y las relacionadas a sucesos del ámbito ferroviario estarán a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) distribuirá sus funciones entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) distribuirá sus funciones entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Gendarmería Nacional.

La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) fue creada por decreto en 1979. Actualmente carece de presupuesto propio y no cuenta con una dotación identificable, con lo cual sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y llevadas a cabo por la Subsecretaría de Transporte Automotor.

Disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

La disolución de este organismo completa un proceso que en los hechos ya se venía desarrollando. Por un lado, la transferencia de competencias a las provincias en la cual la red vial de la República Argentina pasó a ser principalmente provincial y municipal; y por otro la mutación de la modalidad de contratación de un modelo de obra pública hacia un esquema de concesiones y tercerización con el sector privado.

En este sentido, esta reestructuración propone una gestión de la infraestructura vial más eficiente y acorde a las realidades actuales, a partir de la implementación de un sistema de supervisión y auditoría independiente que garantice niveles de transparencia y control que la Dirección Nacional de Vialidad no ha logrado asegurar de forma sostenida, presentando importantes irregularidades en el manejo de los fondos públicos, visibilizado mediante la Causa Vialidad que terminó con el procesamiento y condena de la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner.

Las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía. El control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. De esta forma, se elimina la doble función de adjudicar y controlar contratos, fortaleciendo la transparencia y evitando conflictos de interés.

Finalmente, se escinde la tarea de mantenimiento en otra unidad, donde una parte de las tareas ya está tercerizada. En la actualidad, esos contratos con contratistas privados muestran mejores resultados técnicos y operativos que las áreas todavía gestionadas por la ex Dirección Nacional de Vialidad. En definitiva, se busca optimizar el mantenimiento de las rutas con mayor participación del sector privado.

El esquema actual cuenta con una dotación elevada y configuración jerárquica extensiva que dificultan la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional.

El organismo tiene una dotación total de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio, lo que evidencia su sobredimensionamiento administrativo. A su vez, presenta una desproporción entre los recursos materiales disponibles y la capacidad para operarlos.

La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, y sus funciones serán asumidas entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.