Bullrich pidió allanar periodistas, pero Stornelli lo frenó: “No se puede hurgar en las fuentes”

La solicitud había sido presentada por el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien reclamó el secuestro forense de equipos y documentación vinculada a la difusión de audios que comprometerían a funcionarios del Gobierno. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes periodísticas y la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente.

“No se puede hurgar en las fuentes de los periodistas”, sostuvo el fiscal, y agregó que la investigación continuará para determinar si existió un hecho delictivo, pero sin vulnerar garantías constitucionales.

En paralelo, la ministra Bullrich fue denunciada por abuso de autoridad por el abogado Gregorio Dalbón, quien calificó el pedido de allanamientos como un intento de “amedrentamiento, censura y restricción de la libertad de prensa”.

ADEPA rechazó la censura

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, grabados presuntamente en la Casa Rosada. La entidad consideró que se trata de una medida que “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.

“La reciente sentencia (…) es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, afirmó ADEPA en un comunicado publicado hoy, y que replican varios medios. La organización remarcó que se opone de forma sistemática a toda decisión de funcionarios públicos que impida la difusión de información, “en especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional”.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno, que denunció una presunta “operación de inteligencia ilegal” orientada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la filtración y publicación de audios obtenidos de forma clandestina. El fallo ordenó “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.