Espert podría ser expulsado de la Cámara de Diputados: ¿qué dice el artículo 66 de la Constitución?

La oposición del Frente de Todos y el bloque Coherencia presentaron un proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados para que se expulse del Parlamento al diputado José Luis Espert, quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre próximo. Lo hacen en el marco del escándalo de magnitud de denuncias por supuesto financiamiento político de sectores presuntamente ligados con el narcotráfico.

En ese sentido, la diputada del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, fue una de las que explicó la iniciativa, al decir que piden expulsar a Espert porque “su nombre figura en registros vinculados al narcotráfico y el fraude financiero. Eso constituye una inhabilidad moral sobreviniente, tal como lo establece el Artículo 66 de la Constitución Nacional”.

“Además, Espert, no sólo recurre a la violencia verbal y física contra colegas, también incumple con el deber para el que fue electo: bloquea debates en comisión, paraliza el Congreso, convalida el desfinanciamiento de las provincias y, en tres años, apenas presentó un puñado de proyectos sin relevancia ni seriedad”, indicó la legisladora platense.

Desde el bloque de @Diputados_UxP y con el apoyo del bloque "Coherencia", presentamos un proyecto de Resolución para que José Luis Espert sea expulsado de @DiputadosAR.

Su nombre figura en registros vinculados al narcotráfico y el fraude financiero. Eso constituye una… pic.twitter.com/UZ6ECxrSun

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 30, 2025

Agregó: “El Congreso no puede ser refugio de quienes aparecen ligados al crimen organizado. Defender la democracia y la ética pública exige firmeza: Espert debe ser excluido”.

En ese sentido, la iniciativa, de ser aprobada, dispone que la Cámara de Diputados resuelva “excluir de su seno al diputado José Luis Espert por inhabilitad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude, conforme a lo establecido al artículo 66 de la Constitución Nacional”.

Art. 66.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

De esa forma, la Cámara Baja deberá reunir 2/3 de las voluntades para proceder a la aplicación del texto constitucional, una situación que, por el momento, está en discusión. De todos modos, de prosperar el escándalo, es posible que, en la sesión preparatoria próxima, antes de asumir los nuevos diputados, la Cámara de Diputados pueda rechazar el diploma de Espert (Artículo 64 de la Constitución Nacional), si es que en esta elección es reelecto, cuestión prácticamente asegurada, ya que encabeza la lista.

El proceso de suspender o expulsar a un miembro del Parlamento no es simple. De hecho, no hay demasiados antecedentes de su aplicación, más allá de algunos intentos con legisladores, pero sin embargo no es frecuente que se apele a esta medida extraordinaria.

En Casa Rosada no ocultan el temor por esta situación, aunque dicen que es una "operación del kirchnerismo", y lo mismo sostiene el político liberal implicado. En principio, lo ven a Espert fuera de la presidencia de la Comisión de Presupuesto a futuro, debido a que no tendrá consenso entre el resto de las bancadas y su insistencia podría terminar con la discusión de todas las autoridades y comisiones de la Cámara Baja si es que La Libertad Avanza hace una elección insatisfactoria, tal como lo prevén la mayoría de las encuestas de opinión.

En la oposición del Frente de Todos y aliados están dispuestos a avanzar con contundencia. Los árbitros serán los legisladores que responden a bloques del “medio”, que, si bien son opositores, hay que ver si están dispuestos a avanzar con esta resolución, que dejaría a Espert fuera de la Cámara de Diputados y con serias posibilidades de no poder reingresar si es electo nuevamente.

Además, la situación para el político sería complicada, ya que una expulsión significa que también quedaría sin fueros parlamentarios, situación que en el mundo libertario no quieren escuchar ni hablar de esa cuestión.

La norma dispuesta en la Constitución Nacional vuelve al centro del debate institucional. ¿Es una herramienta excepcional para preservar la ética pública o una vía de confrontación política en tiempos de polarización? La respuesta, como siempre, dependerá de los consensos que logre construir el Congreso.