
por Redacción
El subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalijá afirmó “el gobierno de Javier Milei, a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del gobierno, ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”.
El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado por tercera ocasión en un año su apoyo a la República Argentina a través de la presentación de un amicus curiae advirtiendo en sus argumentos que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario. Este apoyo se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en noviembre de 2024 bajo la administración Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump, apoyando la defensa argentina.
En el caso de Israel cabe destacar que es la primera vez que ese gobierno se presenta como amicus curiae en una causa de esta naturaleza. En respaldo de la posición argentina, afirmó que la orden en cuestión resulta contraria a principios de inmunidad estatal del derecho consuetudinario internacional y podría dar lugar un régimen de inmunidad global totalmente impredecible.
El listado completo de presentaciones en apoyo de la República Argentina en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a la espera de la audiencia de apelación del turnover que será fijada después del 12 de diciembre, incluye a: Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (quien envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.
El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Republica Argentina a pagar 16.000 millones de dólares más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.
El gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente.