
por Redacción
La primera propuesta apunta a derogar la reforma que introdujo la BUP, al considerar que el sistema resultó “menos transparente, más costoso y menos eficiente” que el modelo de boleta múltiple partidaria. En ese marco, mencionó el caso de “narco candidatos” como el escándalo de José Luis Espert, para ilustrar los riesgos de opacidad que, según su visión, se profundizan con el nuevo formato.
En segundo lugar, Galmarini propuso transferir las funciones de planificación, ejecución y control del escrutinio provisorio a la Cámara Nacional Electoral, con el objetivo de garantizar mayor independencia y transparencia en el conteo inicial de votos. Actualmente, esa tarea está en manos del Poder Ejecutivo, lo que ha generado cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos.
Finalmente, el dirigente planteó la creación de una Fiscalía de Cámara especializada en materia electoral, que permita acelerar la resolución de conflictos durante los plazos críticos del proceso. Esta figura, según explicó, sería clave para atender denuncias, impugnaciones y litigios con mayor celeridad, fortaleciendo así la institucionalidad democrática en momentos de alta tensión política.