por Redacción
“La persecución del aparato judicial vuelve a privarlo de su libertad de manera arbitraria e ilegítima”, señala el documento, que vincula la ofensiva judicial con el avance de un modelo económico “explosivo” impulsado por el presidente Javier Milei. Larroque enumera consecuencias concretas: salarios y jubilaciones estancadas, inflación acumulada del 31,3%, cierre de industrias y comercios, desfinanciamiento de provincias y municipios, paralización de la obra pública y endeudamiento sistémico para sostener negociados financieros.
En una segunda pieza difundida por la misma agrupación, se profundiza la crítica al “aparato mediático, político y judicial corrupto” que, según Larroque, vulnera el Estado de derecho y condena a dirigentes opositores. “Solo la organización del pueblo puede vencer a estos poderes corruptos y mafiosos”, afirma el texto, que llama a “seguir militando para ofrecer un camino de salida a esta experiencia trágica y cruel”.
Basta de persecución al peronismo. pic.twitter.com/2DybdfhoKI
— Andrés Larroque (@larroqueandres) November 13, 2025
La firma de Larroque no solo refuerza el respaldo a De Vido, sino que busca articular una narrativa de resistencia frente a lo que considera una ofensiva sistemática contra el peronismo. El llamado a reconstruir una alternativa “federal, democrática, soberana y con justicia social” se inscribe en una tradición discursiva del kirchnerismo, pero también en una disputa abierta por el sentido de la legalidad, la representación y el modelo de país.
En la misma dirección, el titular de Radicales para la Victoria, Marcelo Montero, sostuvo que “el gobierno de Milei agita estas cuestiones para tapar su plan de saqueo, que es la verdad de la cuestión”, y dijo que “De Vido y su familia son víctimas de una persecución total y eso hay que denunciarlo con fuerza y compromiso”.
“Lo que está ocurriendo no es normal, se pisotean derechos, se buscan reabrir procesos u ocasionar persecuciones contra ex funcionarios porque en sus gestiones han estado defendiendo los interesas de las mayorías. Acá hay una decisión política clara y eso no se puede permitir en un estado de derecho”, enfatizó.