por Fabricio Moschettoni, editor de ImpulsoBaires / Twitter @FMoschettoni
La necesidad de un plan integral de seguridad fue un reclamo constante durante décadas, pero la política local respondió casi siempre con parches o reacciones emocionales. Hace 27 años, una monografía que elaboramos junto a un especialista en seguridad integrante de nuestro equipo de trabajo -premiado entonces por el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense- ya planteaba la urgencia de articular tecnología, justicia, participación ciudadana y acción municipal. Hoy, casi tres décadas después, La Plata finalmente presenta un esquema que reúne esos elementos y suma un componente impensado en el lejano diciembre de 1998: la inteligencia artificial como eje estructural.
En ese marco, el intendente Julio Alak presentó el Plan de Seguridad 2026, una estrategia que combina una inversión récord de más de $10.500 millones con una fuerte apuesta a la videovigilancia, la modernización tecnológica y la coordinación policial y judicial. El programa incluye la renovación de la flota con 50 patrullas nuevas hacia 2025, la instalación de 1.200 cámaras en 400 puntos estratégicos, un anillo digital de lectores de patentes en 50 accesos y la ampliación de la red de fibra óptica. La gestión apunta a un modelo de monitoreo centralizado capaz de detectar desde delitos hasta emergencias urbanas, junto con una biblioteca digital que agilice el acceso judicial a imágenes y registros del COM.
Presentamos el Plan de Seguridad 2026 para #LaPlataCapital 🚔☀️ pic.twitter.com/5m7pZrjoRg
— Julio Alak (@Julio_Alak) December 12, 2025
El plan también incorpora herramientas de participación ciudadana y respuesta inmediata: botones antipánico segmentados, alarmas vecinales conectadas al COM y la expansión del programa Comercios Seguros en los principales centros comerciales. A esto se suma un Centro de Operaciones Móvil para intervenciones en territorio y seis drones con transmisión en tiempo real para zonas críticas.
La apuesta a la inteligencia artificial como columna vertebral es evidente. En el sistema de videovigilancia, la analítica inteligente permite que las 1.200 cámaras no sean solo “más cámaras”, sino dispositivos capaces de detectar movimientos sospechosos, abandono de objetos, patrones inusuales, incendios, inundaciones o matrículas. Esto optimiza el trabajo del COM mediante algoritmos que complementan, y en algunos casos reemplazan, la observación humana continua.
La IA también potenciaría el anillo digital y los lectores de patentes, que funcionan con visión artificial para identificar vehículos, cruzar bases de datos y emitir alertas. Así, podría detectar autos con pedido de secuestro, identificar patrones de circulación o colaborar con investigaciones judiciales.
La biblioteca digital para la Justicia abre la puerta a búsquedas inteligentes dentro de miles de horas de video, clasificación automática de incidentes y reconstrucción de trayectorias mediante IA forense. Y en los botones antipánico segmentados, la IA permitiría priorizar alertas, anticipar zonas de riesgo y optimizar tiempos de respuesta según patrones históricos.
Finalmente, los drones con visión omnidimensional incorporan tecnologías que ya incluyen seguimiento automático, estabilización inteligente, análisis térmico y detección de anomalías en tiempo real.
En síntesis, el anuncio municipal permite desglosar con precisión cómo la inteligencia artificial opera como una columna vertebral casi invisible, pero decisiva para dar solidez y optimizar recursos. A diferencia del proyecto de seguridad integral de hace tres décadas -basado en casetas, rondines y una dotación fija de efectivos por habitante-, el nuevo esquema supera aquel paradigma al incorporar un uso estratégico de IA que amplía capacidades, acelera respuestas y redefine la relación entre tecnología, comunidad y gestión pública.
Opositores introducen un debate polémico: armas no letales para agentes municipales
En ese contexto, el concejal del PRO, Nicolás Morzone, se involucró en el debate de la seguridad pública, y presentó un proyecto de ordenanza para que sea obligación por parte del personal de seguridad municipal portar y usar Taser para, según dijo, “defendernos de contraventores”.
Entre los cuestionamientos que se podrían hacer se destaca el límite de competencias: la seguridad pública es una atribución primaria de la Provincia, y el uso de armas, incluso no letales, forma parte del régimen provincial. Un municipio no puede ampliar por ordenanza facultades que la ley no le otorga de manera expresa. Además, el personal municipal no integra fuerzas de seguridad, por lo que dotarlo de Taser podría interpretarse como una delegación indebida de funciones policiales y generar conflictos de jerarquía normativa.
También se advierten riesgos jurídicos y de responsabilidad civil. Sin protocolos estrictos, capacitación certificada ni supervisión externa, cualquier daño o abuso podría comprometer al Municipio. Tampoco existe evidencia concluyente de que estas armas reduzcan contravenciones, mientras que la seguridad preventiva municipal suele apoyarse en presencia territorial, iluminación, cámaras, mediación y control urbano. Organismos de derechos humanos han señalado, además, que las armas no letales pueden causar daños graves si se utilizan sin entrenamiento policial especializado.
Por otro lado, quienes respaldan la iniciativa sostienen que el Municipio cumple un rol central en la prevención y el control del espacio público, y que contar con herramientas no letales podría mejorar la capacidad operativa ante situaciones de riesgo. Argumentan que las Taser tienen un efecto disuasivo, reducen el contacto físico y permiten resolver incidentes con menor exposición para agentes y vecinos, sin invadir competencias de la Policía provincial. También señalan que la comuna interviene diariamente en conflictos vecinales, tránsito, nocturnidad, comercio y eventos masivos, donde un dispositivo no letal podría facilitar la resolución de casos con resistencia activa o riesgo para terceros.
El espejo internacional: qué hacen otros países
A nivel internacional, la experiencia comparada muestra un patrón sólido, como por ejemplo en Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la mayor parte de América Latina, las armas no letales como las Taser están reservadas exclusivamente para fuerzas policiales profesionalizadas, con protocolos estrictos, auditorías externas y formación integral. Hasta lo que se pudo indagar, ninguna de estas jurisdicciones habilita su uso por personal municipal civil. Incluso, países con mayor despliegue, como EEUU o Brasil, presentan fuertes polémicas, litigios y advertencias de organismos de derechos humanos por lesiones y muertes asociadas a su utilización. Europa se presenta más restrictiva. En términos generales, no hay evidencia que avale la incorporación de estas armas en estructuras municipales no policiales.
¿Qué ocurriría si la ordenanza se aprueba y llega a la Justicia?
En caso de que se apruebe la ordenanza, es posible que el tema llegue a la Suprema Corte de Justicia. Históricamente el organismo se manifestó en rechazo de cualquier intento municipal de asumir cuestiones provinciales en seguridad, podría anular ordenanzas de cuestiones reservadas a la Provincia. Si se tiene en cuenta la ley 13.482 (Seguridad Pública), Orgánica de las Municipalidades, y Constitución bonaerense, el Municipio no puede armar personal civil.
La Provincia también discute el tema
Si bien no hay un marco provincial que pueda contener la utilización municipal de estas armas, en la Legislatura se gestionaron proyectos que podrían acercar un marco jurídico importante si es que avanzan. En ese contexto, hay iniciativas de legisladores como Nahuel Sotelo (LLA), y otras de legisladores libertarios. También existen planteos como el del senador Marcelo Leguizamón (Hechos) aunque se refiere al personal policial. En tanto, el 2017, el exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, avanzó con dotar de estas armas al Grupo Halcón y otras unidades provinciales.
Un antecedente nacional que Morzone podría usar: el caso Mendoza
Sin embargo, el proyecto de Morzone puede tener anclaje en legislación comparada nacional. El caso de la provincia de Mendoza es clave para que pueda sostenerlo. La ley provincial 9637 habilita a los municipios a que agentes preventores puedan utilizar estas herramientas, previa capacitación. En ese contexto, el Concejo Deliberante de Mendoza autorizó el Programa Municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana, formalizando la creación de cuerpos de preventores y les otorga la posibilidad de portar pistolas Taser.
La iniciativa se aprobó en el deliberativo local a pedido del intendente Ulpiano Suárez. Contó con 10 votos a favor, y solo dos en contra, como fueron los de Gustavo Gutiérrez (CC) y Lucas Carosio (PRO), y no solo autoriza la utilización de estas armas, sino que también destaca la coordinación entre fuerzas del orden y participación ciudadana. Al respecto, el alcalde mendocino dijo: “es una formalidad necesaria para que los preventores puedan contar con estas herramientas, siempre bajo estrictos protocolos y capacitaciones”.
La opinión pública según algunos modelos de IA
En el supuesto caso de una consulta popular a los platenses con una pregunta simple: “TASER para agentes municipales: sí o no”, entre el 65% y 80% respaldaría la iniciativa. Este testeo se hizo mediante la utilización de distintos chats de inteligencia artificial, y fundamentan esa probabilidad en algunos puntos claves: La Plata está en un momento de alta sensibilidad por la inseguridad, la ciudadanía no distingue entre policía y municipio, la narrativa mediática influye, el rechazo existe, pero es minoritario y más ideológico.
En el mismo juego, ante una consulta como “Taser” vs. “Programa de seguridad sofisticado con IA + tecnología + más policías”, la respuesta fue contundente: 75% a 80% a favor de un programa integral. Los fundamentos tienen que ver con que la gente prefiere soluciones grandes y no herramientas aisladas, la palabra “IA + tecnología” tiene muy buena recepción social, la Taser queda como algo secundario, la gente percibe que La Plata necesita un plan, no un parche.
Una buena intención que necesita contexto
La iniciativa de Morzone es interesante, sobre todo porque incorpora en el debate un tema importante, y es la utilización de tecnología para controlar contraventores cada vez más violentos, y a su vez dar una protección mayor al personal municipal. En ese contexto, y ante el vacío existente en la legislación provincial, sería interesante un respaldo legislativo bonaerense para incluir esta temática entre las facultades de los Municipios.
Experiencias como las de Mendoza podrían habilitar la posibilidad de una aplicación previsible, es decir, que le de al municipio que la implemente protección ante litigiosidad, y lo mismo ocurra con cada agente. El debate recién se inicia y promete nuevos capítulos.
Una propuesta para ordenar el debate
Cuando se reinicie el período de sesiones ordinarias y la iniciativa vuelva a comisiones, sería saludable que el Concejo convoque a organismos de derechos humanos, especialistas retirados de fuerzas de seguridad, el Colegio de la Abogacía de La Plata, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, la UCALP, la Universidad del Este y otras casas académicas. También deberían participar la Defensoría del Pueblo, la Comisión Provincial por la Memoria, gremios municipales, foros vecinales, expertos en criminología, médicos emergentólogos y especialistas en tecnología e inteligencia artificial. Un debate de esta magnitud - que involucra competencias, derechos, tecnología y seguridad pública - requiere voces calificadas, evidencia comparada y un marco técnico que evite improvisaciones y garantice decisiones responsables.
Fuerte cruce entre LLA y el PRO en el Concejo Deliberante
La última sesión del Concejo Deliberante dejó expuesta una tensión inesperada entre ex integrantes de la lista de La Libertad Avanza. El eje del conflicto fue un proyecto estratégico: transferir al Ente Municipal de Turismo (Ematur) la administración de concesiones gastronómicas, calesitas, juegos y otros espacios públicos que hasta ahora dependían de la Secretaría de Espacios Públicos.
La iniciativa enviada por el intendente Julio Alak obtuvo el respaldo de casi todos los bloques, pero desde LLA el edil Gastón Álvarez lanzó un ataque frontal contra el Ente de Turismo. Afirmó que la actividad turística “cayó al inicio de la gestión”, aunque la crisis del sector es nacional y responde, entre otros factores, al atraso cambiario. En un discurso contundente, Álvarez calificó al Ematur como “un organismo oscuro”, con “falta de transparencia” y de probable “cajas políticas”, pese a que uno de sus aliados, el diputado Juanes Osaba, presidió ese mismo organismo durante la primera parte de la gestión del exintendente Julio Garro.
A su vez, el concejal Álvarez redobló la ofensiva y apuntó directamente contra el edil del PRO, Nicolás Morzone, por acompañar la ordenanza. Incluso afirmó que trabaja por el “cierre definitivo del Ente de Turismo”, una declaración que generó preocupación en la Cámara de Turismo local, impulsora histórica de la creación del Ematur y defensora de ampliar sus facultades para fortalecer la actividad.
Morzone respondió con firmeza. Recordó que “el turismo es clave para generar empleo” y citó el caso de CABA, donde el organismo turístico funciona de manera descentralizada con buenos resultados. Aclaró que el PRO no avaló la administración del Ematur -razón por la cual votó en contra del Presupuesto y la Fiscal Impositiva-, pero sostuvo que esta ordenanza “mejora la transparencia” al permitir licitaciones y promover inversión público–privada.
El intercambio subió de tono y dejó al descubierto una fractura evidente entre La Libertad Avanza y un sector del PRO local, una alianza que ya venía mostrando fisuras y que ahora quedó expuesta en el recinto.
Las preguntas que quedan abiertas son si el ataque de Álvarez a un socio estratégico expresa una posición colectiva dentro de La Libertad Avanza en La Plata o si responde a una reacción estrictamente personal. Lo mismo ocurre con su anuncio de avanzar hacia la eliminación del Ente de Turismo: ¿es una postura compartida por todo su bloque e incluso por los legisladores provinciales, o simplemente una iniciativa individual? La sesión dejó más interrogantes que certezas, y será el propio espacio libertario el que deba aclarar si se trata de una diferencia política interna o de un cambio real en su línea de acción.
Para reflexionar
El caso anterior nos obliga a repensar la forma de elección de los concejales, como por ejemplo mediante listas abiertas o preferencial, ocasión en la que los electores deben elegir ciudadanos y no tiras completas.
Radicales con peluca
Tal como anticipó esta columna el domingo pasado, durante la semana se produjo el primer acercamiento entre el secretario de Modernización de la Cámara de Diputados, el radical Raúl Cadá, y dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos los diputados Juanes Osaba y Julieta Quinteros. Cadá responde al espacio del senador Maximiliano Abad, aunque en el entorno del marplatense aseguran desconocer cualquier movimiento en esa dirección.
En la interna platense, Cadá representa a un sector minoritario de la UCR: no conduce ninguno de los ocho comités, no tiene peso en la Juventud Radical y, aunque cuenta con algunos delegados en la Junta Central, está lejos de alterar la estructura que hoy lideran Pablo Nicoletti, Leandro Bazze y el concejal Gustavo Staffolani. Aun así, algunas fuentes legislativas deslizan que podría haber un acto de “los radicales con peluca” en los primeros meses del año próximo. Habrá que ver si se trata de un gesto aislado o del inicio de un reacomodamiento más profundo.
Una platense en el directorio del Banco Nación
La ex diputada Carolina Píparo fue designada como directora del Banco Nación. Es licenciada en Trabajo Social por la USAL y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral. En redes sociales surgieron cuestionamientos por la falta de formación específica en materia financiera, aunque su trayectoria académica y su experiencia en gestión pública la ubican dentro de los perfiles que suelen integrar directorios de organismos de este tipo. Su nombramiento vuelve a colocar a una figura platense en un cargo de relevancia nacional. ¡Qué importante sería que Píparo reciba a las cámaras empresarias y productivas locales para organizar líneas de créditos blandos para reactivar la región!
Desarrollo regional: Vialidad PBA y AUBASA
Vialidad Provincial y AUBASA llevarán adelante obras y proyectos que contemplan un nuevo sistema de iluminación, mantenimiento y servicios de asistencia en los 179 km de este corredor que atraviesa 12 municipios de la provincia.
🛣️ Conectamos Destinos.
— José Arteaga (@joserarteaga) December 23, 2025
Junto al ministro @gkatopodis, @ceriani_pablo, autoridades de @VialidadBA, intendentes y representantes de los municipios atravesados por la Autovía Ruta Provincial 6, avanzamos en una agenda conjunta para impulsar el proyecto de puesta en valor de este… pic.twitter.com/iY08UCqiDH
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó una reunión de trabajo junto a intendentes y autoridades de AUBASA como su presidente, el platense José Arteaga, y la Dirección de Vialidad para avanzar en obras y proyectos para la Autovía Provincial Ruta 6.
Del encuentro participó el intendente de La Plata, Julio Alak; el de Gral. Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de Luján, Leonardo Boto, de Zárate, Marcelo Matzkin; y de Exaltación de la Cruz, Luis Martín. Además, representantes de los municipios de Brandsen y Campana.
Historia mínima de La Plata
En esta ocasión, la intención es dar un marco histórico a la política nacional de la década de 1880, poniendo el foco en la proyección presidencial de Dardo Rocha y en el papel que jugó la ciudad que fundó.
En los años en que Rocha buscaba instalar su candidatura, La Plata era mucho más que una capital administrativa, constituía un experimento político en tiempo real. Mientras el país ingresaba en el ciclo del “orden conservador”, como bien lo definió Natalio Botana en su obra clásica, la ciudad recién fundada funcionaba como una vidriera de modernidad, donde el trazado geométrico, la electricidad y los edificios públicos pretendían traducir en piedra y luz un proyecto institucional. En tanto, en la ciudad que no se veía, convivían tensiones políticas y disputas internas del autonomismo y un clima nacional marcado por pactos, traiciones y fragmentaciones.
La prensa de la época fue testigo y actor. Los periódicos aplaudían la ciudad modelo, pero también la cuestionaban y dejaban entrever conflictos como jornaleros que reclamaban mejores condiciones, debates sobre el costo de una urbe que crecía más rápido que su población, y un escenario político donde Rocha debía negociar con un Partido Autonomista Nacional que no siempre lo veía como heredero natural. La Plata, en ese sentido, era tanto un símbolo de progreso como un territorio de tensiones sociales y políticas que desafiaban la narrativa oficial.
A casi un siglo y medio de aquella apuesta monumental, la figura de Rocha sigue reclamando una atención historiográfica que aún no termina de llegar. Aunque abundan los estudios sobre la ciudad que fundó, su papel en una generación que terminó de darle a la Argentina su forma de nación permanece relegado, diluido en menciones secundarias. Tal vez sea momento de mirar a esa época desde la lente de Rocha -como un panóptico benthamiano que permite observar una generación extraordinaria- y convertir esa perspectiva en un ejercicio semanal para iluminar zonas todavía oscuras.
Hasta el próximo domingo.