por Redacción
El analista añadió que : "Desde el Ejecutivo sostienen que la prohibición es injusta y que restringe la voluntad popular. La definición fue del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien confirmó que la iniciativa volverá a formar parte de la agenda oficial y cuestionó el carácter proscriptivo de la limitación actual.
El reclamo no es nuevo. Los intendentes vienen presionando desde hace años para revertir la ley, con el respaldo de amplios sectores del peronismo y del Frente Renovador.
De este tema también se habló en el cónclave de Kicillof con los jefes comunales en Villa Gesell. De cara a 2027, el tema cobra mayor urgencia: unos 82 intendentes no podrían competir por un nuevo mandato si la norma se mantiene. Sin embargo, el kicillofismo no solo enfrenta resistencias en la oposición.
Dentro del propio peronismo persisten diferencias profundas. El massismo, impulsor original de la ley de 2016, mantiene reparos, y las tensiones con el kirchnerismo suman complejidad a una negociación que hasta ahora no logró consolidar mayorías claras.
De los 82 alcaldes alcanzados por la restricción, 53 pertenecen al PJ. Entre ellos, 18 jefes comunales del conurbano, lo que representa un golpe fuerte para el armado territorial del oficialismo. La interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner refleja las tensiones sobre si avanzar o no en una reforma que permita la continuidad de estos dirigentes.
UCR: La Unión Cívica Radical tiene 17 intendentes impedidos de competir. El radicalismo, que busca consolidar su peso en la provincia, enfrenta el desafío de renovar liderazgos locales sin perder influencia en distritos clave.
PRO: El partido fundado por Mauricio Macri también tiene intendentes alcanzados por la norma, aunque en menor número. La pérdida de referentes locales complica su estrategia de cara a 2027.
La Libertad Avanza (LLA): Solo registra una baja, pero de peso. La fuerza libertaria, que creció con fuerza en 2023 y 2025, deberá reconfigurar su esquema territorial sin esa figura.
En el peronismo bonaerense existe consenso para eliminar la restricción de una sola reelección para diputados y senadores provinciales, pero las diferencias aparecen en el caso de los intendentes. Mientras Kicillof se muestra dispuesto a avanzar, Cristina Kirchner prefiere demorar la discusión, aunque coincide en la necesidad de modificar la norma.
Por su parte, intendentes peronistas y radicales ya anticiparon que presionarán en la Legislatura para reformar la ley. Sin embargo, los votos aún no están garantizados y el PRO y los libertarios no acompañan la iniciativa.
En paralelo, La Libertad Avanza comenzó a mover sus fichas para instalar otro debate: la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires.
Con una estrategia coordinada en redes sociales, referentes nacionales y provinciales del espacio libertario salieron a marcar posición.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, planteó que la boleta única permitiría terminar con prácticas que, según su visión, distorsiona la voluntad del electorado, como el uso de colectoras o la proliferación de boletas en un mismo cuarto oscuro.
El mensaje fue rápidamente replicado por Sebastián Pareja, principal armador de LLA en territorio bonaerense, quien acusó al gobierno provincial de no mostrar interés en avanzar hacia un sistema de votación más simple y transparente. Desde los bloques legislativos libertarios prometieron impulsar el debate tanto en Diputados como en el Senado provincial.
La iniciativa también fue respaldada por otros dirigentes del espacio, que presentaron la boleta única como una herramienta para ordenar el sistema electoral y fortalecer la transparencia, con la mira puesta en las elecciones de 2027.
La coincidencia temporal de ambas discusiones no es casual. En un año sin comicios, la Legislatura aparece como el ámbito natural para reabrir negociaciones que quedaron pendientes y para redefinir alianzas.
Mientras el oficialismo busca sostener su entramado territorial, la oposición libertaria intenta diferenciarse con una agenda de reformas institucionales.
Por ahora, el escenario sigue abierto. Sin consensos firmes y con internas cruzadas, el futuro de ambas iniciativas dependerá de una Legislatura que, lejos de ordenar el debate, expone las tensiones políticas que atraviesan a la provincia de Buenos Aires.
También el gobernador no baja las críticas hacia Milei. Según cifras difundidas por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 dejaron de operar 5.335 empresas en territorio provincial. El promedio es contundente: 232 cierres por mes, o lo que es lo mismo, unas ocho firmas que no logran sostenerse cada día desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El dato se completa con otro indicador preocupante: ya se acumulan siete meses consecutivos con saldo negativo en la cantidad de empresas activas".