por Redacción
El freno que impuso el Parlamento Europeo al acuerdo UE–Mercosur abrió un nuevo capítulo de incertidumbre para la relación birregional. La decisión de enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo congela su avance por al menos entre 18 y 24 meses: también obliga a reabrir una discusión política que Bruselas creía encaminada, pero que vuelve a tensarse.
Para Horacio Augusto Pereira, investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones Sociales de la Universidad Austral, el movimiento europeo no debe leerse como un rechazo definitivo, aunque sí como un golpe que altera los tiempos y las expectativas. “En los hechos, el acuerdo queda virtualmente paralizado”, explica, y recuerda que los procesos judiciales en la Unión Europea suelen ser extensos porque el tribunal debe evaluar si el texto es plenamente compatible con los tratados comunitarios.
Ese análisis, advierte, puede demorar hasta dos años. Y mientras no haya un pronunciamiento, el acuerdo no puede avanzar hacia la ratificación ni la implementación. “Todo queda en suspenso: no hay margen para pasos concretos”, señala Pereira, quien subraya que el impacto no es solo técnico, sino político. Incluso si el fallo resultara favorable, el expediente volvería al Parlamento Europeo y a los Estados miembros, que deberían reabrir el debate y eventualmente revisar puntos sensibles.
En ese escenario, Pereira anticipa que sectores tradicionalmente reticentes -en especial el agro europeo- volverán a presionar para introducir ajustes o exigir garantías adicionales. “Es esperable que reaparezcan las resistencias que ya conocemos”, afirma.
El resultado es un clima renovado de incertidumbre para los exportadores y para el comercio entre ambos bloques, que ya venía marcado por avances intermitentes y retrocesos políticos. “No estamos ante un portazo, pero sí ante un retraso significativo que vuelve a poner todo en duda”, resume el especialista.
Cabe recordar que con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, los eurodiputados adoptaron una resolución que solicita un dictamen jurídico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo. Una segunda resolución, que también pedía una evaluación legal, fue en cambio rechazada con 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.