"Escala tensiones la reforma laboral", dijo Jorge Joury por la FM 98.9 y Pinamar TV

El analista añadió que: "También hay que tener en cuenta que sobre un total de 22.668.000 puestos de trabajo, los asalariados públicos y privados registrados suman 11.063.000, mientras que los no registrados alcanzan 5.669.000 y los trabajadores por cuenta propia llegan a casi 6 millones .De esta manera, más de 11,6 millones de personas se desempeñan fuera del empleo formal, sin acceso pleno a derechos laborales, previsionales y sociales.
Frente a estos números, el Gobierno pretende avanzar en el Congreso con el tratamiento de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, pero el escenario pinta para conflicto.
Se barajan como posible fecha, una sesión en el Senado entre el 2 y el jueves 12 de febrero, bajo la órbita de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por Patricia Bullrich, quien además conduce el interbloque de La Libertad Avanza.
El ministro del Interior, Diego Santilli, ya visitó seis provincias en lo que va de enero y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para la reforma laboral. Si bien algunos mandatarios mantuvieron el misterio como herramienta de negociación, en el Gobierno se entusiasman porque no recibió ningún rechazo rotundo de sus habituales aliados ni de los sectores dialoguistas. Al parecer, todo es conversable.
Sin bloques propios fuertes en ninguna de las dos cámaras, el oficialismo deberá apelar a acuerdos puntuales y alianzas cambiantes. El mapa legislativo que dejó la última elección obliga a negociar ley por ley y anticipa un año clave para el reordenamiento político rumbo a las presidenciales de 2027.
También hay que señalar que desde los próximos días comenzará a funcionar una comisión técnica que recogerá observaciones de sectores de la oposición dialoguista y de la CGT. En paralelo, Patricia Bullrich prevé iniciar reuniones directas con senadores para ajustar el texto y garantizar los votos necesarios. El oficialismo cuenta hoy con 21 senadores y necesita reunir 37 para alcanzar el quórum.
Además, hay que advertir que los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de izquierda resolvieron movilizarse frente al Congreso Nacional durante febrero. La fecha estipulada será el día en que el Senado trate la reforma laboral. La decisión fue adoptada en rechazo al proyecto de ley de La Libertad Avanza, al que consideran un ataque estructural a los derechos de los trabajadores formales e informales, en paralelo a un escenario de alta tensión política, sindical y parlamentaria.
Frente a  este escenario, el sindicalismo transita jornadas de alta tensión. Hay dirigentes que han ido a ver a los gobernadores para persuadirlos de apoyar la iniciativa del gobierno. La CGT, a través de su conducción, prioriza la vía de la negociación para introducir cambios en el proyecto y evitar su aprobación en los términos actuales, aunque no descarta profundizar el conflicto si el Gobierno avanza sin modificaciones sustanciales.
La central obrera aún no tiene una estrategia unificada. Es decir, cada sector elabora su propio plan .Los gremios de la industria impulsan un paro y marcha para el día que se trate en el Congreso, pero del transporte prefieren, como los triunviros, la negociación.
El dirigente sindical Jorge Sola anticipó que la central obrera intentará que el debate se postergue hasta el período ordinario, que comienza el 1 de marzo, y advirtió que una eventual sanción sin cambios derivaría en un “choque judicial”. Según sostuvo, el proyecto entra en contradicción con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la CGT actuará como “un muro de contención”, incluso con acciones gremiales si fuera necesario.
En la misma línea se afirmó que “vamos a hacer todo lo que sea necesario para frenar este embate contra el mundo del trabajo” y además se señaló  que, tal como está redactada, “la reforma no pasa”.
Otras fuentes remarcaron que la CGT está dispuesta a discutir modificaciones, pero advirtieron que no aceptarán "un retroceso en los derechos" o iniciativas que impliquen mayor precarización o recorte de conquistas históricas además de señalarse que el proyecto "no crea trabajo, sino que quita derechos", anticipando un escenario de conflicto si no hay cambios de fondo.
Mientras tanto, distintos sectores del gremialismo, en especial los vinculados a la industria, comenzaron a coordinar acciones ante la posibilidad de que el proyecto avance sin consenso. En ese marco, sindicatos industriales y organizaciones que no forman parte plena de la conducción de la CGT mantienen reuniones para evaluar escenarios y eventuales medidas de protesta. 
También hay que señalar que el telón de fondo es una situación económica compleja, con conflictos paritarios abiertos, otros sin homologar, suspensiones, cierres y un aumento de despidos en varias ramas de la industria, lo que agrega presión al debate parlamentario.
Los gremios industriales ya habían anticipado en CGT la decisión de endurecer la postura frente al Gobierno. Fue durante un encuentro en Azopardo en la previa a la movilización del pasado 18 de diciembre contra la reforma laboral. Allí, las organizaciones adheridas a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) denunciaron el «industricidio» de Javier Milei y recibieron el respaldo de la CGT. "Queremos que la agenda de la CSIRA pase a ser la agenda de la CGT", señaló Jerónimo, titular cegetista, en apoyo y adhesión al accionar del sector.
Así, la discusión de la reforma laboral no solo tensiona la relación entre el Gobierno y el sindicalismo, sino que también pone a prueba la capacidad de los gremios para articular una estrategia común frente a un tratamiento legislativo inminente que promete marcar el pulso político y social del inicio de febrero.
Mientras tanto, el  ministro de la motosierra, Federico Sturzenegger, y su par de Economía, Luis Caputo son de la idea de aprobar la ley sin modificaciones. En cambio, Karina Milei, Bullrich, el otro Caputo y Martín Menem, el titular de Diputados, son proclives a escuchar los cambios que reclaman los aliados del gobierno o los peronistas dialoguistas.
Para libertarios, en el senado no solo se necesita juntar voluntades entre los gobernadores del PJ sino también entre los radicales. De allí saldrán los votos para el quórum y la aprobación.
Ya no es un secreto cuál es la preocupación de los mandatarios provinciales. La plata que esos territorios dejarían de recibir producto de la baja del impuesto a las ganancias en las empresas y de la eliminación de otros gravámenes.
El kirchnerismo y un sector del PJ se aferran a estas y otras modificaciones porque consideran que es una reforma tributaria indirecta y también le apuntan al Fondo de Asistencia Laboral, que cambia lo que rige en materia de indemnizaciones y toma un 3 por ciento de los aportes que tiene la ANSeS.
La CGT, en tanto, ya preparó su propia estrategia. También está haciendo lobby sobre los gobernadores y prepara una ofensiva judicial para que, en caso de que se apruebe, se la declare inconstitucional. La dirigencia ve amenazado el poder y también la caja de los sindicatos.
Como ocurrió en otros gobiernos, vuelve la idea de instalar la negociación por empresa o por región y dejar a un costado los acuerdos nacionales o por rama de actividad".